Racismo
Una semana perdida para los derechos de las personas migrantes

El martes 22 de septiembre a la tarde, integrantes y simpatizantes del movimiento #RegularizaciónYa se daban cita en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Asistían al último tramo de un camino que vienen recorriendo desde hace meses. La discusión finalmente en el Congreso de la Proposición No de Ley (PNL) que diseñaron junto a la coordinadora Obrim Fronteras, terminó el miércoles 23 de septiembre con el voto negativo de 278 diputados, contando con 8 abstenciones y solo 59 votos a favor de los ocho partidos que ya habían firmado la PNL. La víspera, con un gran bafle conectado a un teléfono móvil, los y las activistas escuchaban las intervenciones de los representantes de cada una de las fuerzas políticas, aplaudiendo a quienes defendían la PNL —ERC, partido que la presentó, junto a Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común— y abucheando a los partidos que recurrían a un viejo repertorio de justificaciones en contra, esgrimiendo desde argumentos xenófobos a razones de forma. 

Satisfecha con la rueda de prensa celebrada unas horas antes el mismo martes, y a la que, según relataba a El Salto, habían acudido muchos medios, Edith Espínola, una de las portavoces de #RegulaciónYa, destacaba lo que, para esta plataforma, ha convertido esta PNL, y su llegada al Congreso para su discusión, en algo histórico: el hecho de que haya surgido del propio movimiento migrante y antirracista.

“Se ha perdido una oportunidad histórica para avanzar hacia un marco de protección de nuestros derechos”, lamentaba la plataforma dos días más tarde, el 24 de septiembre, en una carta publicada en sus redes sociales. En el comunicado la plataforma señalaba lo que entienden como una priorización: “de una posición burocrática y partidista, cuando no criminalizadora a las más que evidentes cuestiones humanas y de derechos abordadas por las medidas propuestas”.

El martes, cuando aún se debatía la PNL en el Congreso, Espínola celebraba la colaboración con los partidos que se habían implicado en esta iniciativa y con los que venían conversando desde mayo: “Les dijimos: nosotras estamos muy dispuestas para hacer la PNL, pero la PNL la construimos nosotras, desde nuestra voz, desde nuestra vivencia y nuestra resistencia”. De fondo resonaban los gritos “¡fascistas! ¡fascistas!” dirigidos a la voz de la diputada de vox que emergía del bafle. Sin inmutarse, la activista antirracista proseguía: “estas 13 medidas que se están debatiendo ahora son las 13 medidas trabajadas por #RegularizaciónYa y la Plataforma Obrim Fronteras, los partidos lo que están haciendo es lo que tienen que hacer, poniendo la cara, exigiendo derechos para la ciudadanía porque nosotros, los migrantes sin papeles, también somos ciudadanos”. 

“Les dijimos: nosotras estamos muy dispuestas para hacer la PNL, pero la PNL la construimos nosotras, desde nuestra voz, desde nuestra vivencia y nuestra resistencia”

“Creemos en esta campaña, seguiremos luchando para alcanzar todos los derechos que cualquier persona merece”. Con esa convicción esperaba el también portavoz de la plataforma, Lamine Sarr, la resolución del debate. Lucía agotado y también esperanzado. “Los grupos políticos que nos han apoyado han entendido que #RegularizaciónYa era mucho más que un hashtag”.

Como una especie de advertencia de la distancia entre la agenda mayoritaria del Congreso y las demandas de la gente allí reunidas, una amplia barrera policial separaba a las personas concentradas del lugar donde se debatían sus propuestas: “No podía imaginar todo esto, qué ha pasado, no somos gente agresiva, esto no es una revolución, solo estamos pidiendo regularizar todas esas personas que están en una situación dificil, que llevan años sin ver a su familia, que tienen miedo de ir al médico, que tienen miedo de caminar en la calle. Solo eso”.

Poco después, se oían entre las decenas de personas presentes palabras de decepción hacia la portavoz del PSOE quien planteaba que la Unión Euroea no permitía avanzar en la regularización tal como estaba propuesta en la PNL. La intervención de este partido bajaba los ánimos. Un día después, ya era oficial, el PSOE planteaba enmiendas junto al Partido Popular, Ciudadanos, PNV y Vox. Los promotores de la PNL ya habían anunciado que no aceptarían enmiendas al documento presentado. 

Agradecemos a las fuerzas políticas que apoyaron la #PNLRegularizacionYa.

El @PSOE ha perdido la oportunidad histórica de frenar el discurso del odio de la derecha.
El ordenamiento jurídico coloca los tratados internacionales de DDHH por encima de los pactos. #RegularizacionYa pic.twitter.com/0j85KXWR4K

— #RegularizacionYa Cuenta Oficial (@RegularizacionY) September 23, 2020

El Proceso

El rechazo de la PNL no salda lo que se ha convertido para sus protagonistas en un proceso muy potente: En abril de 2020, en los peores rigores de la pandemia, el movimiento #RegularizaciónYa, y la coordinadora Obrim Fronteras, confluían en la elaboración de un proyecto que llevara por primera vez, de la mano de las personas migrantes, la cuestión de la regularización al Congreso. En aquel momento el debate estaba en agenda, en Portugal e Italia se concretaban medidas de regularización que, si bien limitadas, supondrían la regularización de miles de personas. 

En España, mientras por un lado se señalaba la desprotección de la población en situación irregular en una situación sanitaria y económica sin precendetes, por otro se insistía en que lo trabajos esenciales son realizados mayoritariamente por migrantes. Sin embargo, abierto este marco, no se estaba haciendo ningún avance en términos de regularización. Las personas migrantes  aprovecharon la densidad que habían adquirido las redes antirracistas en las primeras semanas del confinamiento, en medio de un momento disruptivo en el que, por ejemplo, por primera vez, se habían vacíado los CIE, para pedir algo que ya otros ejecutivos habían hecho en el pasado, la última vez, hace quince años. Una regularización extraordinaria, esta vez sin condiciones, que dotase de papeles y por tanto de derechos a las 600.000 personas que se calcula residen en la irregularidad en el país. 

Hubo más propuestas y más rechazos. “Desde #RegularizaciónYa supimos leer esos espacios que se abrían, y uno de ellos era el del Ingreso Mínimo Vital”, Julissa Jáuregui recordaba el martes —mientras en el Congreso se seguía debatiendo— que las personas migrantes son uno de los colectivos que iban a salir peor parados de la crisis: “En este sentido lo que presentamos fue un documento para explicar por qué las personas en situación irregular no podían quedarse fuera de este IMV”. Y proseguía: “No dejar a nadie atrás, es clave en la agenda 2030, para la que tenemos una Vicepresidencia, ese nadie debe incluír a las personas migrantes”.  Por ello la exclusión de este colectivo para Jáuregui supone un fracaso, un error que aumentaría las desigualdades. 

El debate

En opinión de  Jáuregui es importante recalcar, como ya hiciera Espínola, quizás porque es el mayor legado de un proceso que por ahora no se va a materializar en políticas o normativas, el  hecho de que sea la iniciativa migrante la que haya puesto estas cuestiones sobre la mesa. A esta activista le parecía que el debate se estaba centrando demasiado en el juego partidario, incidiendo algunos portavoces en las habituales tensiones entre formaciones, y atacando a Esquerra Republicana, que se limitó a registrar la PNL para su discusión, y cuyo portavoz, Gabriel Rufián fue el encargado de defender la propuesta. 

“Por algunas intervenciones parece que es una iniciativa de Esquerra cuando en realidad son los mismos colectivos migrantes y antirracistas que venimos trabajando desde marzo”

“Le están diciendo a Rufián: ‘lo que usted ha presentado’ y no, esto es importante destacarlo, este es un trabajo que venimos haciendo desde las bases”.   Jáuregui manifestó que esta desposesión de la agencia de las personas migrantes tiene que ver con un imaginario que las ve como vulnerables. La activista antirracista quiere dejar claro que ellas lo que están es vulnerabilizadas: “hay todo un aparato jurídico, económico que crea esa vulnerabilidad de las personas migrantes, pero es también una estrategia. Nos ponen en ese papel porque si somos personas vulnerables no hay capacidad de trabajo en red, responde a los estereotipos sobre las personas migrantes, no vernos capaces de hacer este tipo de trabajo”.

Decía Járegui, horas antes de saber el resultado de la votación, que ya se ha dado un paso adelante solo con el debate en el Congreso. Lamentaba que desde el PSOE, “hayamos oído que sí, pero que mejor esperar a hablar de otras custiones como la ley de extranjería, o que ellos abordan el tema desde un marco de derechos. Pero justamente lo que estamos aportando es eso:  una propuesta que está en el ámbito de los derechos humanos y la justicia social”.

En la carta hecha pública por el movimiento, ayer 24 de septiembre, insistían en la idea de que la normativa comunitaria no impide la regularización que es competencia de cada estado, y que en España “el artículo 127 de la ley de extranjería permite las regularizaciones extraordinarias ante circunstancias expecionales como una emergencia sanitaria”.

REABREN LOS CIE 

Las condiciones que en su momento generaron cierta sensibilidad entre algunos sectores de la sociedad respecto a cómo las personas migrantes viven el control sobre sus movimientos, han cambiado desde la desescalada. “La gente olvida muy rápido”, constataba Sarr, en alusión a lo que supuso el estado de alarma, “cuando todo el mundo sintió por unas semanas lo que nosotros sentimos siempre en el espacio púbico, que no nos pertenece, que en cualquier momento nos pueden detener y mandar a un CIE”.

“Con los confinamiento selectivos la gente se está dando cuenta que el gobierno es clasista y que hay personas de primera y personas de segunda, esto es lo que nosotras sentimos como personas migrantes”

Por su parte Edith Espínola consideraba que los polémicos confinamientos selectivos actuales, que inciden, según sus palabras en “segregación” sí pueden suponer un cambio, “creo que mucha gente va a entender lo que supone ser discrimado, tener miedo por estar en un sitio en el que se supone no tienes derecho a estar”, manifestaba la activista. “Con esto la gente se está dando cuenta que el gobierno es clasista y que hay personas de primera y personas de segunda, esto es lo que nosotras sentimos como personas migrantes”.

De segunda, sin papeles que permitan alquilar a un piso, acceder a un trabajo, o sacarse la tarjeta mensual del metro, entre muchas cosas, enumeraba Espínola: “Yo no puedo transitar libremente en la calle porque la policía hace paradas por perfil racial constantemente y ahora mucho más con la segregación, las personas se están dando cuenta que en el mismo metro te preguntan dónde estás yendo y tienes que mostrar papeles para explicar por qué te vas a otro barrio”.

El miedo por no tener papeles que mostrar ante un control policial se ve agudizado por la amenaza de ser encerrado en los CIE. “No han sido cerrados definitivamente, solo de manera circunstancial. No podemos aún aportar pruebas, pero sabemos que han estado refaccionando centros de internamiento. Y lo sentimos en la calle, porque constantemente la policía te está pidiendo la documentación”, afirmaba Espínola.

Mientras Espínola manifestaba su sospecha, Europa Press difundía un Oficio del  Ministerio del Interior en el que se comunicaba la inminente reapertura de los Centros de Internación de Extranjeros, confirmando los temores de los colectivos migrantes:  Según comunicaba la agencia de noticas, la orden tenía fecha de 23 de septiembre, en ella la Secretaría General de Extranjería y Fronteras trasladaba a las Unidades de Coordinación Operativas Territoriales la reactivación de los Centros de Internamiento tanto de la península como de las Islas Canarias. El oficio apunta a que se están por retomar las repatriaciones de migrantes.

Esta decisión del Ministerio de Trabajo, encaja con el Nuevo Pacto de Migraciones de la Unión Europea, aprobado el mismo miércoles 23. El acuerdo, que se esperaba diese respuesta a las demandas de los países que más migración reciben por su ubicación en la frontera Sur, apostando por mecanismos de solidaridad en la reubicación de solicitantes de asilo, acaba mostrándose más bien como una apuesta por la expulsión. Influido por la negativa de los países del Este a recibir migrantes, permite a los estados elegir si acogen o financian las deportaciones, extremo que ha sido contundentemente criticado. “Con este plan, la Unión Europea se ha convertido efectivamente en la mayor “agencia de viajes de retorno” para migrantes y refugiados de todo el Mediterráneo”, denunciaba ayer la red EuroMed Rights.  

esa permanente deshumanización

Espínola teme que avanzada la pandemia, entre la falta de trabajo y el colapso de los trámites de extranjería, para los que el gobierno dio una moratoria que en principio concluiría en diciembre, en los próximos meses la población en situación irregular aumente, por condición sobrevenida. “Si no consigo un trabajo, ¿cómo voy a renovar mis documentos?, me voy a quedar de nuevo en la irregularidad después de tantos años con papeles?”, se pregunta. “Nos damos cuenta ahora de que hay muchísima policía para estar controlando lo que hace el ciudadano, pero no pueden poner a esa misma policía a trabajar en las citas de extranjería. Para reprimir sí, pero para facilitar la burocracia no”.

Descartado por ahora el horizonte de una regularización masiva, las personas migrantes siguen suponiendo un recurso del imaginario colectivo disponible para obviar debates, distraer la atención, o señalar chivos expiatorios. Muy recientemente Isabel Díaz Ayuso retomaba la cuestión “Menores no Acompañados” para listarla entre los principales problemas de Madrid y como factor por el que no dedicar más recursos a la pandemia. En la PNL debatida el martes y descartada el miércoles, se abordaba su situación.

“Cuando llegan aquí los menores y no hay nadie que les oriente, que les ayude, todo es muy difícil. Son situaciones en las que es difícil sobrevivir”, argumenta Sarr. Por ello en la PNL se apuntaba a “darles derechos para que esas personas ,cuando salgan de esos centros tengan la residencia y puedan trabajar. Porque si un menor sale de los centros necesita pagar el alquiler, vivir”. ¿Cómo podrían actuar cuándo nada de esto se da?, se pregunta Sarr: “va a estar en la calle todo el día, a dormir en la calle. Hasta un adulto no puede aguantar esta situación tan terrible, por eso propusimos que todos los ex tutelados tengan residencia, para que puedan vivir como todos”.

En la misma línea de deshumanización, desde el movimiento apuntan a la situación en el CETI de Melilla. “1300 personas siguen hacinadas, sabemos que hay 57 casos positivos, y no estamos hablando solo de hombres también de mujeres y niños que están residiendo sin ningún tpo de contención para no contagiarse. Todos hacinados en un lugar, en una misma celda en condiciones deplorables”. Desde #RegularizaciónYa piden su traslado urgente a la península para evitar el contagio. “Pedimos la regularización porque queremos que todas esas personas que están sin papeles tengan la certeza de que tienen acceso a la sanidad, que este no dejamos a nadie atrás incluya a todas las personas que necesitamos la misma protección ante la pandemia”, zanja.

“En la sociedad hay una falta de empatía, hay tantas desigualdades que nos atraviesan como población que ya todos los problemas son tan grandes que nos deshumanizamos”.

Para Espínola que no se hable de la situación en el CETI, tiene que ver con la naturalización de estas realidades. “En la sociedad hay una falta de empatía, hay tantas desigualdades que nos atraviesan como población que ya toods los problemas son tan grandes que nos deshumanizamos. Es muy triste saber que a veces la sociedad se vuelca más con gatitos o perritos, pero con tu vecino inmigrante que está sin papeles y está sufriendo no te importa igual. Pero nosotras seguimos aquí, trabajando”. Espínola recuerda que, de hecho, la regularización aportaría un importante ingreso a las arcas del estado: “Queremos estar dentro de la legalidad, tener derechos, ser parte de la sociedad, por eso decimos, no es caridad, queremos justicia social”.