Gobierno de coalición
La crisis del solo sí es sí infecta las heridas del Gobierno de coalición

Una palabra pronunciada el martes 7 de febrero por la ministra de Justicia, Pilar Llop, dinamitaba públicamente los precarios puentes que el PSOE y Unidas Podemos se esforzaban por mostrar en pie después de que el Grupo Socialista cumpliera su amenaza y presentara un día antes de manera unilateral una propuesta de reforma a la ley de la que el Ministerio de Igualdad ha hecho bandera: la ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual. La palabra es “herida” y formaba parte de una declaración de Llop en La Ser. En conversación con Angels Barceló, Llop sostenía que para demostrar que hay violencia o intimidación en una agresión sexual —conceptos que son el núcleo del cambio que plantea el Grupo Socialista— solo hay que mostrar una herida. Después de esto, terminaba el diálogo que mantenían los dos partidos del Gobierno para reformar la ley.

La ‘ley del solo sí es sí’, impulsada por Igualdad y elaborada junto al Ministerio de Justicia, fue aprobada de manera definitiva el 25 de agosto y entró en vigor el 7 de octubre. A mediados de noviembre empezaron a conocerse los primeros casos de rebajas de condenas por la revisión de sentencias motivada por los cambios en el Código Penal que conlleva esta ley. Magistrados de diferentes jurisdicciones firmaban cambios favorables a los condenados en aplicación del  artículo segundo del Código Penal, que consagra el efecto retroactivo de “aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”, un artículo que entronca con un principio constitucional.

El Ministerio de Igualdad, en una de sus peores semanas, mantuvo entonces que no era necesario añadir una disposición sobre cómo afectaba la ley a los condenados por los delitos que se han modificado porque ya existe un Derecho transitorio que, de hecho, estaban aplicando algunos jueces, por ejemplo en la audiencia de La Rioja. También decía que las rebajas serían unas pocas, tras haber sostenido con anterioridad que no habría ninguna, y cargaba contra los jueces, un discurso que luego irá modulando para transmitir que es una minoría quien actúa en contra del espíritu de la ley. Pedro Sánchez defendía en ese primer momento la ley como una “conquista feminista” y acallaba las voces de su partido que entonces ya pedían una revisión, entre ellas las de la ministra María Jesús Montero o la de la diputada y presidenta de la comisión de Igualdad Carmen Calvo.

En diciembre, y de forma discreta, comenzaban las conversaciones entre el Ministerio de Igualdad y el de Justicia para actuar ante el goteo de rebajas. Una discreción que acababa el sábado 28 de enero y precipitaba una intervención del PSOE a Igualdad.

Moncloa impone un cambio de criterio a Igualdad

El sábado 28 de enero, La Vanguardia asegura que la ley de libertad sexual será reformada a iniciativa del Ministerio de Igualdad, algo que sucederá “en las próximas semanas”. En ese momento se conocen ya unas 200 revisiones a la baja de penas por delitos contra la libertad sexual y, aunque el Ministerio de Igualdad mantiene que la ley está bien hecha y que se debe esperar a que se asiente, se ve forzado a ceder. El giro está motivado en una decisión del propio Sánchez, según El País, que entendería que tomando la iniciativa podría frenar la sangría política que está suponiendo el cuestionamiento a la ley.

Un día después, la ministra de Igualdad, Irene Montero, participa en un acto de Unidas Podemos en Lanzarote y advierte que defenderá que el consentimiento “siga en el corazón del Código Penal”, aunque públicamente señala a “la derecha política, judicial y mediática”, y no al PSOE, de intentar que esto no sea así. Montero compara lo que considera una reacción conservadora a la ley de un grupo minoritario de jueces con la situación que se dio tras la aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género en 2004. Entonces, se presentaron hasta 200 cuestiones de inconstitucionalidad que, en la práctica, retrasaron la aplicación de esta ley en muchos juzgados.

El lunes 30 de enero, y a pesar del evidente enfado entre las responsables de Igualdad por lo que consideran una intervención a una cartera liderada por mujeres jóvenes que han sido atacadas por ello desde el comienzo de la legislatura, el Ministerio de Igualdad contiene la respuesta y explica que se han presentado hasta tres propuestas al Ministerio de Justicia. Igualdad declina detallarlas con el pretexto de no interferir en la negociación en curso, pero sí transmite que una parte de ellas tendrían como objetivo acompañar la implantación de la norma y proteger a las víctimas mientras se asienta la ley, es decir, el cambio penal no es el núcleo. Continuando con el paralelismo que ya ha explotado Irene Montero entre la ley integral de violencia de género y la ley de libertad sexual, se apunta la idea de que existe un “modelo Zapatero” de actuar ante esta situación, ya que en 2004, tras las cuestiones de inconstitucionalidad a la ley de violencia de género, el Consejo de Ministros impulsó algunas medidas de acompañamiento.

Ese mismo día, la Cadena Ser avanza las líneas de la reforma del PSOE, que pasa por recuperar las penas del anterior Código Penal. Además, desde este partido se deja claro que la propuesta se presentará lo antes posible, con o sin acuerdo de los socios de gobierno. El PSOE no busca medidas simbólicas de acompañamiento sino una respuesta rápida y contundente, visible y mediática.

El martes 31 de enero, el PSOE defiende que la propuesta en la que está trabajando el Ministerio de Justicia “no toca el artículo del consentimiento” y sí actúa contra “los efectos no deseados”. Patxi López, portavoz parlamentario de los socialistas, concreta: se van a endurecer las penas de delitos sexuales con agravamiento por violencia. También desprecia el camino que traza Igualdad al decir que propuestas como reforzar la formación de los jueces o la ampliación de competencias de los juzgados de violencia contra la mujer no son medidas de calado y que, si no se cambia el Código Penal se van a seguir produciendo rebajas. Sin embargo, el propio PSOE reconoce que las rebajas se van a seguir produciendo aunque se reforme el Código Penal, algo de lo que también advierte Igualdad. El Ministerio de Igualdad anticipa el desacuerdo y la ministra pide una “respuesta unitaria”.

Para Igualdad, diferenciar entre agresión con o sin violencia supone volver al modelo anterior, que diferenciaba entre abuso y violación, con otro nombre

A lo largo de la semana, se transmite que el Ministerio de Justicia y el de Igualdad siguen negociando pese a que las posiciones están marcadas y el acuerdo se va perfilando como imposible. Justicia quiere volver al esquema de penas del Código Penal previo a la ley del solo sí es sí, estableciendo una diferencia entre agresión sexual con violencia e intimidación o sin ella. Para Igualdad, esto es lo mismo que establecer una frontera entre abuso y violación, como ocurría antes, cambiando solo el nombre y obligando a las mujeres a justificar que opusieron resistencia. Justicia cree que no se pueden subir las penas sin recuperar un tipo penal que incluya la concurrencia de violencia e intimidación mientras Igualdad cree que se pueden agravar las penas sin modificar el tipo penal y utilizando agravantes. Hay distancia pero voluntad de acuerdo, hacen ver las partes.

Nuevo dato: el doble de rebajas 

Cuando llega el viernes 3 de febrero, y mientras PSOE y Unidas Podemos insisten en que las negociaciones continúan, los medios publican un nuevo dato de rebajas de condenas. La información recabada por medios de comunicación desde diferentes tribunales apunta a que son ya unas 400 las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales, es decir, el doble que el sábado 28, cuando Moncloa lanza el mensaje de que la ley se va a reformar y fuerza a Igualdad a dar un giro.

Tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos se reconoce que se está actuando sin datos oficiales del poder legislativo. Victoria Rossell lo explica en una entrevista en Público: “Está siendo muy difícil seguir los datos judiciales porque hay un sesgo evidente; según los últimos datos, entre un 30% o 35% de sentencias pueden haber beneficiado a penados, frente al 65% de los casos en los que no, pero esto sigue siendo información periodística”. Unos días después, Llop dice que han recabado algunas resoluciones para elaborar su propuesta pero que no tienen datos sistematizados.

Pero la cifra periodística y no oficial aumenta el nerviosismo en el grupo socialista y refuerza la idea de que tienen que actuar cuanto antes. Las partes apuran los tiempos y se conceden dos días más, hasta el domingo, para poder llegar a un acuerdo durante el fin de semana.

Con una distancia cada vez mayor entre los socios y a punto de concluir el plazo que se han dado para cerrar una propuesta, Podemos celebra el domingo 5 de febrero un acto sobre la ley del solo sí es sí convocado expresamente para poner en valor la norma. Irene Montero sigue diciendo que están cediendo, y mucho, en este asunto, pero a la vez sigue marcando como línea roja lo que el PSOE plantea como base de su reforma.

En la propuesta que maneja el PSOE, y que adelanta la Cadena Ser el domingo 5 de febrero, se recuperan las penas anteriores diferenciando entre agresiones con violencia o intimidación o sin ella.

El PSOE presenta su reforma en solitario

El lunes, el PSOE presenta de manera unilateral su propuesta de reforma en el Congreso. La propuesta pasa por aumentar las condenas y acotar las horquillas de penas “sin distinguir entre abuso y agresión”, dicen. Patxi López calca las palabras de Irene Montero, “el consentimiento no se toca”, y explica que el “concepto” sigue intacto porque “no se toca ni una coma” del apartado primero del artículo 178: “Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”.

La modificación del PSOEse concreta en cambios en los apartados 3 y 4 de este mismo artículo: se añade un nuevo apartado 3 al artículo que recoge que “si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión” y hay un apartado 4 que dice que “el órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, y siempre que no medie violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no concurran las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable”.

El Ministerio de Igualdad reacciona con un breve comunicado: “Es inexplicable que teniendo opciones para el acuerdo decidan romper para presentar la misma propuesta que el PP y volver al esquema de la violencia o la intimidación”. Igualdad muestra su preocupación “por que PP y PSOE sumen sus votos para volver al esquema de la violencia o la intimidación”, ya que los populares se apresuran a mostrar que ven con buenos ojos la propuesta y hasta dicen que copia la suya.

Mientras el PSOE mantiene en público que no quiere volver al paradigma anterior, dos responsables de Justicia torpedeaban este argumentario con declaraciones incendiarias

Un día después, el martes 7 de febrero, el PSOE torpedea su argumentario con intervenciones de dos responsables de Justicia en medios. En La Ser, Pilar Llop mantiene que “ahora si se demuestra violencia o intimidación, que es muy sencillo probarlo porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, ya no hay que probar que ha habido consentimiento”, incendiando las redes de argumentos donde le recuerdan que la violación grupal de La Manada no dejó heridas físicas. Por si esto no fuera lo suficientemente provocativo, Francisco Javier Álvarez García, uno de los principales asesores penalistas de la reforma, ridiculiza la definición de consentimiento contenida en el artículo 178 al preguntarse si “besar de sorpresa en los morros a la pareja” es una agresión sexual y añade: “Si estamos con la pareja que está dormida, ¿primero la tenemos que despertar?”. 

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, dice ese día en una entrevista en directo en el canal de Twitch de El Salto que con las declaraciones de Llop al PSOE “se le han caído las caretas”. Ese mismo día se rompe el diálogo entre Justicia e Igualdad, como reconoce poco después Irene Montero.

“La ruptura no se contempla”

“Yo doy la cara y cuando hay un problema me empeño en resolverlo”. El presidente, Pedro Sánchez, responde así en el Pleno del Congreso del miércoles 8 de febrero al PP. Esta idea, la de que los máximos responsables del PSOE están tomando cartas en un asunto que ha generado una gran preocupación y que Igualdad no está sabiendo resolver, se refuerza con la intervención de la ministra de Justicia: “Asumo en primera persona lo que pueda pasar”. 

Al día siguiente Pedro Sánchez mantiene ante preguntas de periodistas que la ruptura del Gobierno de coalición “no se contempla”, tal y como han mantenido dirigentes de ambos partidos toda la semana. El episodio de estos días sería una discrepancia más entre otras que ha habido entre los socios. Rodríguez Pam sostiene, además, que estas tensiones han sido productivas en algunas ocasiones: “Sin tensión no hubiéramos sido capaces de sacar los mayores avances de este Gobierno de coalición, que han sido gracias a que Unidas Podemos ha presionado”. Aunque no especifica, una de las mayores tensiones en la legislatura ha sido sobre la ley trans, que se resolvió de manera favorable a Igualdad al conseguir sacar una ley cuyo eje es la autodeterminación de género.

Aunque ha habido otros momentos de tensión, por ejemplo en torno a la ley trans, esta vez el daño para Igualdad es profundo, ya que lo que cuestionan el presidente del Gobierno y el PSOE es la ley más emblemática del ministerio

Sin embargo, la imagen de quiebra es inevitable y el daño para el Ministerio de Igualdad es profundo, ya que lo que cuestionan el presidente del Gobierno y el PSOE es la ley más emblemática del Ministerio de Igualdad, la que se ha redactado respondiendo al movimiento feminista y tenía que haber servido para dar un respiro a una cartera sometida a un escrutinio constante y a la fabricación en cadena de noticias falsas. La intervención del PSOE a Igualdad abona el campo del insulto y la violencia política contra a Irene Montero porque viene a reforzar las tesis de quienes la promueven. 

Pero, como señalaba este sábado Pablo Elorduy en su columna semanal, quien se mueve sale de la foto, y Podemos no puede arriesgarse a salir y menos en solitario. Con todo el mundo quieto a pesar del incendio, y a pocas semanas del 8M, Irene Montero sigue manteniendo públicamente que es posible una negociación, ya en el Congreso. 

Mientras, Podemos publicaba este viernes un vídeo donde da protagonismo a las movilizaciones feministas y defiende lo que considera un avance que ahora se quiere cercenar. En el vídeo se señala a dos culpables: Pilar Llop y los jueces.