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Especulación urbanística
La PAH denuncia por fraude a una sociedad católica implicada en desahucios en Guadalajara
Según la denuncia presentada a la Justicia, la Sociedad de San Vicente de Paúl ocultó información para recibir más dinero en subvenciones del Ayuntamiento de Guadalajara. La organización está implicada en varios desahucios de familias sin recursos en el barrio de Alamín, en Guadalajara.
Cientos de personas hicieron noche para evitar el desahucio de Diego Catriel, vecino del barrio del Alamín en Guadalajara. Foto: PAH Guadalajara
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara ha presentado una denuncia a las fiscalías de Guadalajara, Castilla-La Mancha y Anticorrupción en la que acusa de delito de fraude a la Sociedad de San Vicente de Paúl, un grupo vinculado con la iglesia implicado en múltiples desahucios en el barrio del Alamín, en Guadalajara.
La denuncia se basa en que esta organización católica ocultó que tenía otros cofinanciadores, una omisión que le ha permitido aumentar el dinero percibido en ayudas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.
Según la PAH, esta sociedad católica ocultó información al Ayuntamiento y “llegó a falsificar” un certificado donde se manifestaba que carecía de otras fuentes de financiaciónEl escrito presentado por la PAH documenta cómo la Sociedad ocultó esta información al Ayuntamiento y “llegó a falsificar” un certificado donde se manifestaba que carecía de otras fuentes de financiación, un hecho que desde la PAH niegan: según la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el proyecto también recibe subvenciones de la Diputación Provincial.
Cuatro activistas han denunciado ante @fiscal_es a la Sociedad de San Vicente de Paul en España por un delito de fraude de subvenciones al @GuadalajaraAyto en la gestión de ayudas de emergencia social que alcanzaría, por ahora, los 41.000 euros. Te lo explicamos. 👇 pic.twitter.com/psXNt4U76C
— PAH Guadalajara (@PAH_Guadalajara) February 12, 2020
La Sociedad de San Vicente de Paúl, dedicada a la gestión de los “dispositivos de apoyo a familias en situación de crisis” por encargo del Ayuntamiento, recibió desde 2010 más de 160.000 euros, según cifras de PAH Guadalajara. “Abrazar al mundo en una red de caridad”, es el lema de esta organización internacional que dice en su web ayudar a 30 millones de personas en 155 países diferentes.
Entre las funciones de esta sociedad eclesiástica se encuentra el “pago de alquileres o recibos hipotecarios de vivienda en aquellos casos en que, por su incapacidad de pago, estén en riesgo de abandono o pérdida del hogar”.
Desde noviembre, cientos de activistas han conseguido frenar el desahucio de Diego Catriel Herchhoren en tres ocasiones y el 12 de marzo habrá un cuarto intentoNo fue el caso de una familia con un bebé de 17 días que fue desalojada el 4 de diciembre de 2019, con la participación de simpatizantes de la Sociedad de San Vicente de Paúl y la Fundación Red Madre, que arrojaron sus pertenencias a la calle.
[Vídeo] @RedMadreFunda y @SSVPE han desalojado ilegalmente a una familia con un bebé de 17 días. Esta es la mafia que administra el barrio de Operación Alamín de Guadalajara. Hoy lo hemos denunciado en rueda de prensa.
— PAH Guadalajara (@PAH_Guadalajara) December 11, 2019
Abrimos hilo 👇#RedMadreDesahucia#AlaminNoSeVende pic.twitter.com/dMwWGKXIz5
Desde finales del año pasado, el conflicto entre esta organización católica y los vecinos de las 96 viviendas para personas de bajos recursos del barrio del Alamín no ha cesado. Desde noviembre, cientos de activistas han conseguido frenar el desahucio de Diego Catriel Herchhoren en tres ocasiones y el 12 de marzo habrá un cuarto intento.
Catriel sostiene que el piso le pertenece dado que allí vivió su abuela, “a quien tendrían que haber cedido la titularidad una vez que terminó de abonar su coste en diferentes mensualidades”. La sociedad católica niega que tenga que ceder las viviendas y reivindica su derecho a desalojar a las familias que no paguen, aunque reciban subvenciones precisamente para evitar esa situación, unas subvenciones que, según la PAH, han sido obtenidas de forma ilegal. La titularidad de la vivienda de Diego Catriel se dirime actualmente en el Tribunal Supremo.
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