Derechos reproductivos
Claves para actualizar la ley del aborto diez años después de su aprobación

El Gobierno anunció el 7 de octubre su intención de comenzar con los trabajos de modificación de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para derogar la reforma que introdujo el PP en el año 2015, por la cual se impide a las mujeres de 16 y 17 años acceder a este procedimiento sin autorización paterna. 

Según explicó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su comparecencia a petición propia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, el ministerio que encabeza quiere “hacer todo lo posible por mejorar la salud sexual de toda la ciudadanía, garantizando el mejor acceso posible a la anticoncepción, a las formas más novedosas y efectivas de la misma, así como a una educación sexual efectiva, que se convierta de una vez por todas en la mejor herramienta para la igualdad entre hombres y mujeres”, un compromiso que enlaza con los acuerdos incluidos en el programa del Gobierno de coalición relacionados con los derechos reproductivos.

Entonces, ¿es el momento de introducir cambios en la ley del aborto que en 2010 supuso el paso de una ley de supuestos a la ley de plazos que venía reclamando el movimiento feminista?

DISCRIMINACIÓN Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Desde Women’s Link celebran la noticia de que el Gobierno pretenda derogar la reforma de 2015 y piden tomar este paso como una oportunidad para plantear otros debates que consideran necesarios con respecto a los derechos reproductivos en España.

Estefanny Molina, abogada en esta organización, llama la atención en concreto sobre diferentes formas de discriminación en el acceso a una IVE y señala en particular la discriminación que sufren las mujeres migrantes, un aspecto que ya denunciaron en 2019 ante el Defensor del Pueblo. Estos obstáculos, explicaba entonces Women’s Link, se produjeron antes y después de entrar en vigor el decreto que reinstauraba la sanidad universal, con consecuencias gravísimas para las mujeres migrantes que se encuentran en una situación en la que cada semana cuenta.

“Requisitos como la exigencia de tres meses de empadronamiento no deberían existir y están poniendo en riesgo la salud de las mujeres”, dicen desde Women's Link

“A pesar de que la ley de 2010 dice que el aborto se garantiza a todas las mujeres sin discriminación, la realidad es que las mujeres que no tienen permiso de residencia o estancia tienen que cumplir una serie de requisitos para acceder a la sanidad pública y, por tanto, al aborto gratuito... Y las barreras que ya existían se han recrudecido con el covid 19”, explica Molina, que recuerda la necesidad de actuar rápidamente ante una ley que permite interrumpir el embarazo en las primeras catorce semanas, es decir: una traba administrativa que prolongue los tiempos puede acabar dejando a la mujer abocada a una maternidad forzosa. “Requisitos como la exigencia de tres meses de empadronamiento no deberían existir y están poniendo en riesgo la salud de las mujeres”, apostilla.

Molina señala además la discrimincación geográfica, que fuerza a las mujeres a desplazarse para someterse a una IVE. “No es lo mismo abortar en Madrid que en una zona rural de Castilla y León”, resume Molina. Como señalaba recientemente el Movimiento Feminista de Salamanca en El Salto, las mujeres que quieren llevar a cabo una IVE en Castilla y León son sometidas a un peregrinaje por toda una comunidad en la que solo un hospital lleva a cabo este procedimiento, y esto se produce en otras comunidades. Women’s Link señala también el caso de Murcia, que conoce por su reciente acompañamiento a una mujer que se vio forzada a desplazarse a Madrid, o los casos de Ceuta y Melilla, donde esta prestación no existe ni en hospitales públicos ni en clínicas privadas, como detallaba el reportaje de Newtral que Molina toma como referencia para advertir de que hasta ocho provincias españolas no han practicado abortos en 30 años.

Esto lleva a Molina a señalar un tercer asunto: el de la supuesta objeción de conciencia que, de facto, se convierte muchas veces en una denegación del servicio. En ese sentido, Molina pide valorar la pertinencia de una ley específica que regule la objeción de conciencia y establecer requisitos para ejercerla, como el de comunicar por escrito la decisión y que, por tanto, esta conste de manera previa a la petición de una IVE.

ELECCIÓN DEL MÉTODO Y EDUCACIÓN SEXUAL

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI) añade otros asuntos. Como esta asociación compartió con el Ministerio de Igualdad en una reunión el pasado 9 de octubre, las mujeres deberían tener derecho no solo a elegir si interrumpen o no su gestación, sino también a decidir cuál es el método más acorde con sus circunstancias médicas y personales, si el farmacológico (mediante la toma de pastillas) o el instrumental (que necesita una intervención médica).

Pero, ¿por qué dejar esta elección en manos de las mujeres? ¿No debería tomarse con criterios estrictamente médicos? “Es lo mismo que si me preguntaras si a una mujer le tengo que hablar solo del DIU o del DIU y las pastillas: son dos técnicas diferentes”, explica Eva Rodríguez, vicepresidenta de ACAI y directora médica de la clínica Ginesur de Sevilla. 

Según Rodríguez, en algunas comunidades la realización de la IVE de forma directa por los centros públicos se está sustentando únicamente en el método farmacológico, pese a que la mayoría de las mujeres, cuando se les da información, prefieren el método instrumental. “El farmacológico tarda más, la mayoría se hacen en casa y hay algunas mujeres que en casa no quieren bajo ningún concepto y, además, no saben si todo ha salido bien hasta tener una cita médica pasados unos días”, explica. 

Las mujeres deberían tener derecho no solo a elegir si interrumpen o no su gestación, sino también a decidir cuál es el método más acorde con sus circunstancias médicas y personales, según ACAI

Rodríguez apunta que ACAI defiende que las IVE puedan hacerse en la sanidad pública, siempre que se garantice que se realicen con seguridad y calidad. Algo difícil a día de hoy por la falta de formación. “La mayoría de las personas que trabajan con temas relacionados con la ginecología no estudian el aborto, y mucho menos en medicina general, por lo que hay mucho desconocimiento y la mayoría no lo practican con asiduidad o no lo han practicado nunca”.

Además, recuerda que ninguna administración se ha tomado muchas molestias en conseguir que pueda implementarlos en la pública: “Creemos que no es tanto por un tema de objeción de conciencia como por un tema de prestigio profesional: el aborto está estigmatizado tanto para las mujeres que recurren a él como para los profesionales, y no es lo mismo recetar una pastilla que hacer una intervención”, dice la vicepresidenta de ACAI, que cree que el aborto se normalizaría si se hiciera en la sanidad pública.

Además, ACAI señala otro aspectos que, pese a estar contemplado en la ley, no ha sido desarrollado, como es la implantación de acciones informativas y de sensibilización recogidas en el título primero y que apenas se ha abordado hasta ahora. ACAI reclama que el sistema curricular educativo incluya como asignatura troncal la educación sexual, y que el Sistema Nacional de Salud tenga la capacidad de asegurar el acceso real a los métodos anticonceptivos, unas medidas dirigidas a disminuir los embarazos no planificados y, por tanto, reducir del número de abortos y de maternidades no deseadas. 

Sobre la derogación que ha anunciado el Ministerio, Rodríguez advierte: es imprescindible. Sin embargo, esta derogación llevaría al texto tal y como fue aprobado en 2010, un texto que recoge la obligatoriedad de informar a los padres, algo que sugiere eliminar. “La mayoría de las mujeres quieren ir con sus padres, pero algunas se encuentran en situaciones en las que tener que informar afectaría a su salud”, advierte. 

PENAR EL ACOSO A LAS CLÍNICAS

La responsable de comunicación de la clínica Dator —una de las entidades que integran ACAI— Sonia Lamas Millán, añade otra necesidad también trasladada por ACAI al ministerio: la de abordar el acoso y hostigamiento que sufren las clínicas autorizadas para practicar IVE.

Como ya vienen denunciando tanto ACAI como la Plataforma Pro Derechos a través de la iniciativa #Abortosinacoso, el hostigamiento diario que sufren estas clínicas —y que solo ha parado durante las semanas del estado de alarma— hace necesarias medidas legales, justifica. Como mínimo, explica Lamas, se trataría de generar zonas seguras como las que se plantea crear Reino Unido con la propuesta de prohibir la presencia de grupos antielección en las inmediaciones de las clínicas.

Sin embargo, las organizaciones piden medidas de máximos contundentes, como es la de crear una ley específica que imponga penas al acoso a las pacientes y las trabajadoras, con una ley que siga el modelo de la LOI no 2017-347 du 20 mars 2017 francesa. Esta ley, de artículo único, tipifica como delictivas aquellas conductas que obstaculicen, impidan, restrinjan, limiten o entorpezcan el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, e impone sanciones de hasta 30.000 euros y de hasta dos años de prisión.

Desde las clínicas demandan la creación de zonas seguras como las planteadas por Reino Unido con la propuesta de prohibir la presencia de grupos antielección en las inmediaciones de las instalaciones

Lamas remarca la necesidad de revisar también el requisito del periodo de reflexión obligatorio de al menos tres días. Aunque reconoce que la inclusión de este periodo de reflexión obligatorio facilitó en su día el acuerdo que logró que la ley del aborto saliera adelante, anima a reflexionar sobre si este requisito se adapta a las necesidades de hoy. “Entendemos que la información puede estar, pero habrá mujeres que no necesiten los tres días, y habrá quien necesite más tiempo”, explica. Además, llama la atención sobre la disparidad de criterios que existen sobre la información que se facilita en esos sobres, una información que difiere en las diferentes comunidades autónomas.