Sanidad
La sanidad pública se echa a la calle contra su privatización y el colapso de la Atención Primaria

Jornada de movilización en el sector sanitario público con varios sistemas de salud autonómicos al borde del colapso. Este sábado 17 de octubre la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) ha convocado manifestaciones en 40 ciudades del Estado para denunciar lo que consideran “la causa actual del colapso sanitario: la privatización que desde hace años ha permitido esquilmar el dinero dedicado a sanidad para traspasarlo a bolsillos privados mientras los centros y recursos públicos han sufrido un deterioro brutal”. 

“A pesar de toda la movilización y la conciencia ciudadana que se despertó ante la catástrofe de la pandemia del coronavirus, no se ha tomado medida alguna para fortalecer la sanidad pública”, denuncia Ángeles Maestro, médica y portavoz del CAS, “y el dinero se ha destinado sistemáticamente a manos privadas”. Como ejemplos de esta situación, la portavoz destaca los fondos destinados “a los rastreadores de Madrid, que han ido a manos de Indra; en Catalunya a Telefónica; o el dinero en Andalucía que ha ido a clínicas privadas, allí sobre todo a los Hermanos Pascual para concertar las listas de espera acumuladas”.

Sobrecarga y retrasos

El CAS destaca especialmente el estado de la Atención Primaria en la totalidad de las comunidades autónomas. “El personal sanitario está a punto de estallar, hay gente que sale de la consulta con ganas de llorar y otros están renunciando a sus contratos porque la situación es dramática, tanto por la sobrecarga de trabajo como por la conciencia de no estar actuando debidamente ante las necesidades de la población”, expone Maestro.

En Catalunya, uno de los casos más graves, el Fòrum Català d’Atenció Primària, Marea Blanca Catalunya y Rebelión Primaria denunciaron esta semana la situación de “extrema emergencia” que vive la Atención Primaria en la región, donde el Govern ha presentado Plan para fortalecer y transformar la Atención Primaria, un proyecto que “se queda corto” y “no sirve”, según las tres entidades, especialmente ante la planificación de las dotaciones de personal médico previstas.

Ángeles Maestro remarca que dos de cada diez euros destinados a sanidad en España están yendo a conciertos con la privada

En la Comunidad de Madrid, epicentro de la pandemia, la situación es crítica y Amnistía Internacional denunciaba recientemente “la degradación del servicio de Atención Primaria”, un área, indican desde la ONG, “ya deteriorada como consecuencia de las políticas de austeridad que marginaron de manera especial a este servicio en la última década”. La organización alerta de que se está llegando a niveles tan preocupantes “que provocan un riesgo en el derecho al acceso la salud en la Comunidad”, con pacientes desatendidos por listas de espera de hasta dos semanas, personas con enfermedades crónicas que reciben un tratamiento menos pormenorizado del que requieren y profesionales sanitarios desbordados, con cifras de entre 45 y 100 citas diarias, sin que se cubran las bajas por enfermedad o vacaciones.

Privatización planificada

El CAS denuncia que esta situación está siendo “cuidadosamente planificada desde las consejerías para favorecer el negocio de la sanidad privada”. Uno de los puntos clave es la atención telefónica al paciente. “La gente pasa horas y horas intentando que les cojan el teléfono”, indica Maestro. Además, critican este sistema, ya que ven problemas en el diagnóstico vía teléfono: “Yo soy médica, y no se puede hacer un diagnóstico sin ver la cara al paciente, sin explorarle, sin auscultarle. Mareos que se tratan con primperan, y son el comienzo de un ictus, dolores musculares que se tratan con analgésicos y son el comienzo de un infarto…”.

Además, desde el CAS denuncian que el retraso acumulado por el confinamiento y la paralización y cierre de de centros está suponiendo un aumento de la mortalidad por cáncer. Como apunta la portavoz, “cuando se llega al diagnóstico hay metástasis irrecuperables que podían haber sido tratadas a tiempo”.

Sin datos

La falta de información publicada respecto al estado real de los sistemas sanitarios es una de las situaciones que los profesionales sanitarios ven incomprensibles. Según denuncia Maestro, “no hay datos de listas de espera desde diciembre del año pasado, que responden además a la situación de junio de 2019; no se ha vuelto a publicar nada”. Además, el problema se ceba con los áreas con rentas más bajas. Tal como indica la portavoz, “los barrios obreros están llevándose como siempre la peor situación y hay listas de espera de hasta una semana para una consulta presencial”.

Ángeles Maestro remarca que dos de cada diez euros destinados a la sanidad en España están yendo a conciertos con la privada y de que si esa situación no fuese así “no haría falta aumentar tanto el gasto sanitario”. Crítica con el Gobierno, apunta a que el decreto de estado de alarma de mayo “facultaba al ministro de Sanidad a expropiar, requisar e intervenir todo tipo de empresas y recursos para ponerlos a disposición de la sanidad pública”. Sin embargo, según denuncia, “mientras los sanitarios, que son los que más enfermos y muertes por coronavirus tienen en el mundo, estaban trabajando con bolsas de basura y gafas de bucear, no se tocó un pelo a un solo hospital privado, centros que tenían camas vacías; y estaban muriendo mil personas al día, es un escándalo”.

La portavoz añade además que en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, dictado en el Congreso el pasado 3 de julio, “en 63 apartados dedicados a la sanidad no aparece en ningún momento la palabra privatización”. El artículo 90 de la Ley General de Sanidad, “que permite a la sanidad pública concertar con la privada cuando los recursos sean insuficientes, lo que se está planificando desde las consejerías”, y la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión, “que permite la entrada de capital privado, fondos de capital de gestión, inmobiliarias, constructoras y bancos a gestionar hospitales”, son, para Maestro, las herramientas legales que permiten la privatización de los servicios públicos sanitarios.

Suspenso general

Un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) publicado este viernes denuncia que solo cuatro comunidades autónomas —Extremadura, Murcia, Asturias y el País Valencià— obtienen un aprobado en su actuación frente a la pandemia durante la primera oleada de covid-19. La investigación, que recoge las respuestas de profesionales sanitarios y expertos, concluye que las administraciones sanitarias obtienen, de media, un 3,92 —de un rango de uno a siete— con Madrid a la cola y Extremadura como la mejor valorada.

Factores como la falta de refuerzo de la Atención Primaria, la escasez de equipos de protección, la tardanza en la toma de decisiones, las deficiencias en el sistema de rastreos, al demora en la presentación de resultados y la precaria situación en las residencias al comienzo de la pandemia son comunes a todas las autonomías, según el informe.

El documento también señala buenas prácticas realizadas, como la centralización de las pruebas PCR en el sistema público asturiano, así como el refuerzo temprano de las residencias en dicha comunidad. También la rapidez en el decreto de confinamientos llevado a cabo en Castilla y León o la buena respuesta organizativa de Extremadura. 

La FADSP denuncia que la actividad normal de la Atención Primaria no se ha recuperado y continúan las demoras en la concertación de citas sanitarias.