Renta básica
Ser más pobre 730 días después de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital

Semanas después de que acabara el confinamiento total en las casas, tras dos meses de anuncios, debates y controversias, el 10 de junio de 2020 el Congreso aprobaba Decreto del Ingreso Mínimo Vital. La medida, tal y como había sido anunciada en aquel momento, estaba destinada a acabar con la pobreza severa en España, llegando en pocos meses a 850.000 hogares compuestos por 2,3 millones de personas.  El pasado marzo el ministro Jose Luis Escrivá, se mostraba “orgulloso” de que la prestación hubiese llegado a casi un millón de personas, menos de la mitad de las que se habían anunciado inicialmente, con ese alcance, solo una de cada siete familias pobres, tendría acceso al IMV.

Los datos los daba ayer Roberto Borda, coordinador de la asociación Apoyo, e integrante de Rmi tu derecho. Esta plataforma, que aglutina a diversos colectivos que denuncian las deficiencias en la protección social, ha tenido en los últimos tiempos mucho trabajo señalando públicamente los límites del IMV y asesorando a personas que tuvieron esperanza en esta medida para salir de su situación de pobreza y se han visto internadas en un laberinto burocrático. Borda mapeaba las disfuncionalidades de esta prestación de la Seguridad Social en un acto convocado por RMI tu derecho, dos años después de su puesta en marcha. A pesar del calor, un centenar largo de personas se concentra en una plaza de moratalaz, en el lado de afuera de la m-30, donde se encuentra la asociación Apoyo y viven vecinas y vecinos que no han obtenido con el IMV la seguridad que se les había prometido.

“El Ingreso Mínimo Vital ha fracasado como herramienta eficaz para erradicar la pobreza y ha fracasado en dos aspectos fundamentales: por un lado en el legislativo y por otro en el día a día”

La concentración tenía lugar bajo el nombre: “Yo también soy Antonia García”, una paciente de cáncer que perdió la ayuda, y con ella el acceso gratuito a medicamentos asociado al IMV, cuando parte de la unidad familiar decidió emanciparse. La administración castigó dicha emancipación dejando a esta mujer sin tratamiento entre los meses de octubre de 2021 y abril de 2022, cuando, tras recurrir, un juez le da la razón a Antonia, que ya está cobrando el IMV y puede acceder de nuevo a las costosas medicinas. La Seguridad Social sigue pleiteando contra ella. 

La distancia entre el entusiasmo de Escrivá y la realidad  se mide en los muchos casos como el de Antonia García, los de personas en situación de pobreza que ha quedado fuera del IMV, cuando solo una de cada cuatro solicitudes han llegado a buen puerto, como señalan desde RMI Tu Derecho. En los colectivos que acompañan a estas personas pueden ver cada día denegaciones y archivos no sustentados, gente que sigue esperando durante meses, suspensiones no comunicadas que dejan a la gente sin ingresos de un día para otro.

Desconfianza y desamparo

“El Ingreso Mínimo Vital ha fracasado como herramienta eficaz para erradicar la pobreza y ha fracasado en dos aspectos fundamentales: por un lado en el legislativo y por otro en el día a día”, sentenciaba Borda, denunciando que la medida ha sembrado la “desconfianza total” entre aquellas personas a quienes tenía que ayudar, convirtiéndose en “en el dolor de cabeza de muchas de las personas que están en situación de pobreza”. 

En cuanto al plano legislativo, lamentaba, la aprobación de la ley, el 16 de diciembre de 2021 —19 meses después de que se aprobara el decreto— dejó de lado las numerosas mejoras que habían propuesto asociaciones y colectivos, para incorporar cambios que consideran problemático. Un ejemplo claro es una de las medidas estrellas incorporadas el IMV, la del complemento por menor a cargo que aporta una cantidad decreciente a medida que el niño o la niña cumple años. Una concepción de la lucha contra la pobreza infantil que entra en contradicción con las necesidades de la familia: según un estudio reciente de Save the Children a medida que los menores crecen se incrementan los recursos necesarios para su crianza, cuidado y educación.

Otra de las mejoras que los colectivos habían propuesto consistía en que las personas menores de 30 años pudieran solicitar el IMV sin necesidad de demostrar cotización previa. En la dirección contraria, mientras antes de la aprobación de la ley estos jóvenes tenían que haber cotizado 12 meses en los últimos tres años, el periodo se ha reducido a dos años, en un contexto en el que la población juvenil enfrenta grandes dificultades de inserción en el mercado laboral.

Borda enmarcaba lo que consideran “desprecio y maltrato a personas por pertenecer a un determinado colectivo” dentro de los incidentes de odio, en referencia al libro de Adela Cortina Aporofobia, el rechazo al pobre. “Para nosotros esto es lo que ha ocurrido estos 730 días: continuos incidentes de odio hacia las personas empobrecidas, donde la víctima son las personas a proteger, las familias, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de las familias empobrecidas, y donde el victimario principal es el gobierno a través del INSS y los victimarios secundarios son el resto de administraciones, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”.

Las otras Antonia García

En el acto de ayer, junto a Borda se sentaba Manuel, una de las personas a quienes el IMV ha dejado más pobre de lo que era dos años atrás, arrastrando su existencia a un bucle burocrático: para la seguridad social él y su mujer. Reme, no están casados a pesar de llevar 40 años juntos, por lo que se les denegó la solicitud conjunta del IMV, mientras que para la trabajadora social asignada, ellos dos forman un matrimonio, lo que ha impedido a Manuel tramitar una solicitud individual, pues necesita un certificado de los servicios sociales. Así, la ausencia de acuerdo entre ambas administraciones les impide cobrar la ayuda. Por el camino, a Manuel le suspendieron la renta mínima autonómica por el principio de subsidiareidad: no había completado la presentación del IMV, faltaba el certificado que la trabajadora social se niega a darle.  “Hay mucha gente perjudicada por la mala administración que hay, la vida está subiendo, hay muchos pobres más y lo estamos pasando mal, no llegamos a fin de mes, esa es la verdad y la situación nuestra es grave, necesitamos ayuda”. Ahora Manuel y su familia cuentan con la mitad de ingresos que tenían antes: solo perciben la pensión no contributiva de Reme. 

Desde a RMItuderecho denuncian también que cuando el INSS hace requerimientos a las personas solicitantes, muchas veces archiva los expedientes a pesar de que estas personas hayan respondido o enviado la documentación demandada en plazo. “Tenemos en el Defensor del Pueblo quejas donde se ve el requerimiento, contestación y a los dos meses archivo”, explicaba Borda, antes de señalar lo que consideran otro incidente de odio hacia las personas empobrecidas: la suspensión del IMV sin ser comunicada, siendo comunes los casos de beneficiarias que se enteran de pronto de que su prestación ha sido dada de baja sin que se les de antes la oportunidad de conocer las razones y contestar o reclamar.

Toda esta causística se vio reflejada en el manifiesto que hablaba de tantas otras Antonias García: “ mi madre tiene 90 años, me la traje a casa para cuidarla y me han quitado el IMV. Dicen que somos una nueva unidad de convivencia y no tenemos seis meses de antigüedad. Me exigen que devuelva el dinero de los meses en que me lo siguieron pagando, estando ya mi madre en casa, a pesar de haber avisado que se venía a vivir conmigo por su edad”, denuncia una vecina de Tetuán. “Después de meses peleando, conseguí el reconocimiento del derecho del Ingreso Mínimo Vital. El pasado día 25 fui al banco, como cada mes a retirar el dinero de la prestación, no estaba. La Seguridad Social ha dado de baja mi prestación sin ningún aviso, sin posibilidad de defender mi derecho y el de mis hijos”, es el testimonio de una vecina de Moratalaz.

Los casos reales que aparecen en el manifiesto, leído al cierre de la convocatoria, dan fe de lo que califican como: “una espiral de violencia administrativa que nos pierde cada día más y más en el laberinto que habéis creado, entre las tres Administraciones del Estado, para alcanzar un derecho básico”.  El documento, pide al ministro que se reuna con las personas afectadas: “ Le podemos explicar, ya que somos las víctimas de esta mala política, como transformarla para que cumpla su objetivo: erradicar la pobreza, y deje de ser lo que hoy es, generadora de nuevas pobrezas”, concluyen.

“El maltrato institucional, la desorganización competencial y la mala regulación jurídica han convertido el IMV en una bomba de relojería en contra de la gente”

Concienciación y desánimo

Juan Carlos es un abogado que apoya a los colectivos de RMItuderecho en el asesoramiento y acompañamiento de las pesonas que deciden recurrir a la vía judicial para reclamar su derecho a IMV. El letrado, curtido en la presentación de infinitos recursos como última baza de las personas que sufren los límites de esta prestación, resume las falencias de esta medida: “El maltrato institucional, la desorganización competencial y la mala regulación jurídica han convertido el IMV en una bomba de relojería en contra de la gente”. Así, según el jurista, la falta de coordinación con otras medidas de protección social con la que se concibió el IMV, el complejo embrollo burocrático creado entre las administraciones, y la lentitud de las garantías jurídicas, dibujan un escenario de total inseguridad jurídica para las personas empobrecidas que recurren a esta ayuda. 

Esta situación, apunta, podría ser corregida simplificando la gestión, algo que pasaría por dejar de lado la premisa de que el solicitante va a mentir, y en segundo lugar, dando cauce de urgencia a la vía judicial, para que después de haber agotado la vía administrativa, cuando las familias ya están al límite, no tengan que afrontar largos procesos en los tribunales.

Dos años de lucha por conseguir lo que se había presentado como un derecho social, han concienciado a las propias personas empobrecidas de que reivindicar el IMV es legítimo frente a la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la administración. “Aquí ha habido un montón de gente hoy, nunca habíamos conseguido en una reivindicación por la renta mínima, o por el IMV que hubiera tantas personas. Se ha transmitido que esto es un derecho y que está siendo pisoteado”. Pero también, los dos años de travesía en el desierto para muchas familias se han traducido en desánimo y frustración.

Como muestra de esa concienciación, que las personas recurran a la justicia es, para Borda, prueba de que están dispuestas a luchar por sus derechos. Sin embargo, el hecho de que la seguridad social, en lugar de reflexionar cuando los jueces dan la razón a los y las ciudadanas, siga pleiteando contra ellos, alimenta el desánimo. Los colectivos agrupados en torno a RMItuderecho consideran que los anuncios de mejores puntuales son parches para una ley que solo puede funcionar si se escucha a las personas empobrecidas y se adecua la legislación a sus situaciones reales de vida. Algo difícil cuando, explica Borda, “la pobreza estructural, la pobreza del día a día, está totalmente invisibilizada y la gente no es consciente de que existe ”, una invisibilidad que, temen, ponga en peligro la continuidad del sistema de protección en un futuro, pues si no hay pobreza, para qué implementar políticas sociales para erradicarla.