Laboral
La Fiscalía pide hasta 75.000 euros a los controladores por la huelga de 2010

El entonces ministro de Fomento, el socialista José Blanco, lo llamó “huelga salvaje” y “chantaje”. El 3 de diciembre, Aena anunció el cierre del espacio aéreo español después del abandono masivo de los controladores de sus puestos de trabajo.

La disputa por la cantidad de horas trabajadas y la entrada en vigor de una nueva regulación, así como la demanda de “unas condiciones laborales estables, y un convenio como cualquier trabajador”, según la versión del sindicato USCA, provocaron la mayor crisis aeronáutica de la última década y un juicio que aún coletea.

Este 10 de enero, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha hecho público un escrito donde pide multas de entre 60.000 y 75.000 euros para un grupo de 133 controladores aéreos a quienes imputa un delito de “abandono del servicio público”. La Fiscalía justifica su petición en la “condición de funcionarios públicos” de los controladores y el “esencial” servicio que prestan a la comunidad en sector “como es el transporte aéreo”.

Solo César Cabo, el que fuera el portavoz del colectivo en aquellas fechas, se ha negado a negociar con la Fiscalía. Los trece controladores que no han pactado se enfrentan a una multa de 60.000 euros 

De los 133 controladores acusados, 119 han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para una reducción de multas, según confirmó Europa Press. Siete representantes sindicales de la antigua junta directiva de USCA, el sindicato al que pertenecían todos los controladores, se enfrentan a una multa de 75.000 euros. Seis de ellos han pactado un acuerdo que se dará a conocer en la vista oral del juicio que comienza este 15 de enero y se alargará hasta el 18 de marzo.

Solo César Cabo, el que fuera el portavoz del colectivo en aquellas fechas, se ha negado a negociar con la Fiscalía. Los trece controladores que no han pactado se enfrentan a una multa de 60.000 euros.

El escrito de la acusación recuerda que “a consecuencia del abandono colectivo” de los acusados de sus puestos de trabajo se produjo el cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte, algo que llevó a la cancelación de 443 vuelos programados para el 3 de diciembre de 2010 y otros 909 programados para el 4 de diciembre.

Según la Fiscalía madrileña la huelga de los controladores fue “una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal”. Para justificar esta afirmación, la Fiscalía alega que el 3 de diciembre un grupo de 59 controladores de forma casi simultánea presentó ante el responsable de la sala un documento “escrito de su puño y letra” en el que cada uno “a su manera” alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo, algo que obliga a la dirección de Aena a sus sustitución inmediata. Esta situación, que se repitió el 4 de diciembre, llevó a dar por cerrado buena parte del espacio aéreo español ambos días.

En la vista oral del juicio, que se inicia el próximo miércoles, la Fiscalía reclamará que los controladores indemnicen de forma conjunta y solidaria a los pasajeros perjudicados en concepto de vuelos cancelados y de otros gastos derivados que aún no hayan sido resarcidos, una compensación de la que pide que se haga cargo subsidiariamente el ente público Enaire.

En octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Palma condenó a 73 controladores a multas de hasta 31.500 euros, después de que se declaran culpables del delito de abandono de servicio por estos mismos hechos.