Gobierno de coalición
El PSOE cumple su amenaza y presenta una reforma de la ley del solo sí es sí puenteando a Igualdad

El grupo parlamentario socialista ha anunciado que presentará este lunes una iniciativa para reformar la Ley de garantía integral de la libertad sexual después de no legar a ningún acuerdo con su socio de Gobierno, Unidas Podemos. Este fin de semana, ambos grupos han apurado los tiempos para negociar una reforma, después de que el sábado 28 de enero el Gobierno asegurara en una nota oficial desde Moncloa que la norma sería reformada para “resolver a futuro los problemas detectados”. Dos días después, la portavoz del Comité Electoral PSOE, Pilar Alegría, indicaba que el PSOE presentaría una propuesta lo antes posible y que lo haría con o sin acuerdo de los socios de gobierno.

Para el Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, la clave de la reforma sería el  aumento de las condenas a los agresores sexuales en sus horquillas mínimas en base a situaciones de violencia o intimidación. Para el Ministerio de Igualdad, esta conceptualización de los delitos mediante las situaciones de violencia o agresión supone una vuelta al paradigma previo a la reforma del Código Penal, que suponía un “calvario probatorio” para las mujeres que denunciaban una agresión sexual. Igualdad mantiene la idea inicial se la reforma, esto es, que el consentimiento sea puesto en el centro.

En un acto este domingo, Irene Montero defendía que el consentimiento es una conquista de todas las feministas. “Las feministas no hemos puesto el cuerpo para cambiar un nombre, sino para que nuestro derecho a la libertad sexual este en el centro”, aseguraba para defender la ley que ha desarrollado su ministerio.

La decisión del PSOE de presentar la propuesta de reforma en solitario se ha tomado sin el conocimiento del Ministerio de Igualdad

La decisión del PSOE de presentar la propuesta de reforma en solitario se ha tomado sin el conocimiento del Ministerio de Igualdad, como han explicado fuentes de este departamento, que mostraban esta mañana su malestar con los socialistas: “Es inexplicable que teniendo opciones para el acuerdo deciden romper para presentar la misma propuesta que el PP y volver al esquema de la violencia o la intimidación”. “El consentimiento es una conquista de millones de mujeres diciendo sólo sí es sí y vamos a hacer todo lo posible para que el consentimiento siga en el centro del código penal”, aseguran desde Igualdad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió a defender la ley cuando se conocieron las primeras rebajas a mediados de noviembre. La imposición de ahora supone un giro en el PSOE y valida las tesis de los sectores conservadores, que vienen utilizando los casos de rebajas de penas para poner en cuestión la gestión del ministerio y de su ministra en el proyecto más emblemático del Ministerio de Igualdad, por lo que la presentación de esta propuesta supone no solo un golpe a Igualdad sino también al Gobierno de coalición. 

Negociaciones desde diciembre

El Ministerio de Igualdad y el de Justicia negocian desde diciembre posibles medidas para poner freno a la alarma que ha creado las rebajas de penas, así como algunas excarcelaciones, a condenados por delitos contra la integridad sexual. 

El viernes, el número de rebajas conocido ascendía a unas 400, según Europa Press, una situación que según Igualdad se produce por la mala aplicación de la ley y en contra del criterio de la Fiscalía, que entiende que no sabe revisión si la pena impuesta es posible con la ley nueva.

Igualdad mantiene que un cambio en las penas no solucionaría  el problema de fondo el goteo de revisiones de condenas a agresores sexuales

La semana pasada la delegada del gobierno contra la violencia de genero, Victoria Rosell, aseguraba que había llegado a presentar tres propuestas diferentes a sus socios, unas propuestas que tenían que ver tanto con la vigencia del derecho transitorio, con su posible ubicación en el título preliminar, como con algún retoque en las penas mínimas, que es a las que están huyendo estas sentencias que insistimos que son una minoría, explicaba Rosell la semana pasada.

El Ministerio de Igualdad decía entonces estar abierto a un hipotético cambio en el Código Penal, aunque advertía que el problema de fondo, el goteo de revisiones de condenas a agresores sexuales, no se solucionaría.