Energía
Ofensiva mediática para salvar 35 reservas de la biosfera de los macroproyectos energéticos

Medio millar de organizaciones reclaman al Gobierno y ante la Unesco una moratoria de macroproyectos de energías renovables en las reservas de la biosfera.
España Vaciada aerogeneradores eólica castellón
Aerogeneradores en Vilafranca del Cid, en Castellón. Álvaro Minguito
8 jul 2022 12:21

La Alianza Energía y Territorio (Aliente), que aglutina a dos centenares de plataformas contrarias al modelo actual de implantación de macroproyectos energéticos, principalmente en los territorios más despoblados, ha lanzado una campaña para frenar la instalación de centrales eléctricas renovables en las reservas de la biosfera. La organización ha reclamado por carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd), Teresa Ribera, que decrete una moratoria que proteja estos espacios naturales, de los que España cuenta con un total de 35. La misiva ha sido suscrita por un total de 447 entidades y organizaciones entre las que se encuentran ayuntamientos, colectivos ciudadanos, propietarios de negocios, gestores de reservas de la biosfera, organizaciones ecologistas y otros movimientos asociativos de todo el Estado.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) comenzó su Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) en 1971, una iniciativa que pretende establecer una base científica para mejorar la relación entre las personas y su entorno. Su principal aportación es la creación de las reservas de la biosfera, espacios reconocidos internacionalmente y catalogados como ecosistemas valiosos que tratan de “integrar la protección de los elementos naturales existentes con la protección de formas tradicionales de explotación sostenible de los recursos naturales”, según recoge el propio Ministerio.

Sin embargo, ante una serie de incidencias abiertas en cinco reservas de la biosfera gallegas —Mariñas Coruñesas e Terras do Mande; Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá; Terras do Miño; Ribeira Sacra, Serras do Oribio e Courel; y Gerês-Xurés—, el Comité Español del Programa MaB encargó a su Consejo Científico “un estudio sobre la viabilidad de las instalaciones eólicas, fotovoltaicas y termosolares, incluida la repotenciación, e infraestructuras asociadas en territorios declarados Reservas de la Biosfera en España”.

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Crisis energética 400 organizaciones se rebelan contra la implantación exprés de macroproyectos energéticos
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El hecho de que la alarma haya surgido en Galicia está motiva por la importante implantación que centrales energéticas renovables está sufriendo su territorio. Según recoge el Sindicato Labrego Galego, de los 2.227 aerogeneradores instalados en las reservas de la biosfera del Estado, 1.212 están en dicha comunidad, mientras que de los 1.236 actualmente en tramitación, 608 están proyectados en Galicia.

Estudio de impacto

En la carta Aliente remarca a la ministra —presidenta a su vez de la Red Española de Reservas de la Biosfera— “la preocupación de la Unesco ante la amenaza de las reservas” y señala “la incongruencia que supone no adoptar medidas preventivas hasta que el comité científico emita sus resultados para evitar daños innecesarios y a veces irreparables”.

Aliente apela a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para reseñar que los estudios de viabilidad deben ser anteriores a la cualquier desarrollo industrial, por lo que piden a Ribera que decrete una “moratoria científica” que paralice la tramitación de estos parques en todas las reservas de la biosfera de España hasta que el comité científico del Programa MaB publique los resultados de su trabajo.

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Para la Alianza, la masificación de macroproyectos energéticos tiene impactos desastrosos sobre la biodiversidad y agrava la despoblación y el envejecimiento del rural. Asimismo, remarcan que “el gran objetivo que persiguen las Reservas de la Biosfera es ‘ejemplificar un nuevo modelo de relación del ser humano con la Naturaleza’”, algo que el modelo actual de implantación de renovables, a su juicio, no respeta.

El pasado mayo casi 400 organizaciones de todo el Estado criticaron la acción del Gobierno con la puesta en marcha del Decreto-Ley 6-2022, una normativa que incluyó medidas para agilizar la tramitación de proyectos de energías renovables.  Las plataformas pidieron a la ministra Ribera su retirada ante la “implantación exprés” de centrales eléctricas que la nueva legislación provoca, a su juicio, y remarcó que la norma supone “el mayor golpe a los valores ambientales y de participación ciudadana que podamos recordar”.

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