Editorial
Tenemos un problema

Lo vivido en la esfera política desde el 4 de mayo se parece a la clásica escena de película de catástrofes espaciales. Algo falla en el módulo, que se encuentra en deriva descendente acercándose peligrosamente a la atmósfera terrestre. Hay posiblidades —pocas— de reaccionar, pero cada medida que toma la tripulación empeora sus perspectivas de supervivencia. Girando sobre su propio eje a toda velocidad, cada rectificación del rumbo los enfila hacia su propia muerte.

Todo lo que rodeó el lanzamiento de la nueva factura de la luz, el pasado 1 de junio, es un buen ejemplo de esto: hasta el pájaro dodo parece tener más sentido de autoconservación que este Gobierno. En primer lugar, porque el nuevo recibo llega en medio de una espiral alcista de los derechos de emisión y, por lo tanto, del gas y de toda la energía. El actual sistema de fijación de precios se encarga de que sea así: paga con el precio más caro a todas las energías, aunque no contaminen, aunque hayan amortizado desde hace décadas su inversión. Ni siquiera poniendo todos los electrodomésticos de madrugada un hogar podría ahorrar: el precio valle, el más barato de todos, es notablemente mayor que el precio medio del kilovatio hora de 2020. Resulta imposible —en buena parte por la mala elección del momento— no culpar al Gobierno de un incremento de casi el 74% en el precio de la electricidad y de un sistema que perjudica sobre todo a las familias más vulnerables.

La incapacidad de abordar las raíces de los problemas se traslada con parecidos tintes a la crisis de vivienda que vive España desde 2008

El segundo error mortal del Gobierno: presentar el mismo día del nuevo recibo uno de los más avanzados y atrevidos intentos de reforma del sistema eléctrico: un proyecto de ley que recortaría en 1.000 millones los “beneficios caídos del cielo” de las nucleares y las hidroeléctricas, que reciben compensación por unas emisiones de gases contaminantes que no realizan. El problema: la nueva factura se aplica desde el 1 de junio y a ese proyecto, que podría reducir en un 5% la tarifa del consumidor, le quedan largos meses de tramitación. La nueva tarifa enterró por completo una iniciativa necesaria para acabar con una parte importante de estos windfall profits y permitió a la oposición atacar al PSOE y a Unidas Podemos (UP) en un terreno en el que antes parecían no tener rival parlamentario, en la defensa de las familias y los hogares más vulnerables. La irrisoria propuesta de UP de bajar el horario valle a las 22h, que ni siquiera Competencia aceptó estudiar, o la insuficiente decisión de rebajar de forma temporal el IVA, son intentos desesperados e insuficienters para arreglar esta metida de pata histórica.

La incapacidad de abordar las raíces de los problemas —en el caso de la luz, el sistema de fijación de precios hecho a medida de las eléctricas— se traslada con parecidos tintes a la crisis de vivienda que vive España desde 2008, acentuada con la crisis social que dejó la pandemia. Fue necesario el despliegue de los sindicatos de inquilinos y la presión de algunos socios de Gobierno para que el Gobierno se abstenga de impugnar la única ley de alquileres, la catalana, que ha conseguido hasta ahora contener el aumento del precio de los alquileres. Decidió no impugnarla, pero la recurrió ante el Constitucional, como ya había hecho el PP en enero. De fondo, el intento del PSOE de descafeinar una Ley de Vivienda que tendría que estar en el Congreso desde febrero. La propuesta del PSOE de introducir la congelación de los precios durante tres años no parece tener en cuenta lo que ocurre fuera, donde en menos de una semana dos personas —una en Barcelona y otra en Fuerteventura— se quitaron la vida cuando iban a ser desahuciadas por no poder pagar los precios que el Gobierno quiere congelar.

El mayor peligro no es que este cohete a la deriva se convierta en una estrella fugaz al entrar en atmósfera. El mayor peligro es que a nadie le importe.