Crisis económica
La crisis del coronavirus duplica la inestabilidad laboral grave

Siete de cada cien personas en España está en situación de privación material severa, es un porcentaje que añade 2,3 puntos a la situación previa a la llegada del covid-19. A mediados de 2020, hasta cien mil hogares entraron en situación de pobreza severa. El informe Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España publicado hoy, 18 de enero, por la Fundación Foessa (de Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) ha rebajado el triunfalismo acerca de las consecuencias de la pandemia.

Si bien el abordaje del problema del empleo ha modificado sustancialmente el rumbo tomado en la crisis económica de 2008, el problema de la calidad de los puestos de trabajo implica que un 10,8% de las personas sustentadoras principales de los hogares españoles se encuentran en situación de inestabilidad laboral grave.

Es decir, uno de cada diez “cabezas de familia”, en términos clásicos, ha tenido tres o más contratos en un año, ha trabajado en tres o más empresas o ha estado tres o más meses en paro en el año. Esa inestabilidad grave se concentra en tres sectores específicos: la limpieza, la hostelería, y las labores agrícolas, que juntas “ofrecen” cuatro de cada diez situaciones de exclusión severa.

Estas ocupaciones —limpieza, hostelería y labores agrícolas— están marcadas por los bajos salarios pero también por ser donde se concentran empleos temporales y jornadas a tiempo parcial, dos características que, combinadas, son un pasaporte a la precariedad. Así, según el informe de FOESSA, la proporción de personas en situación de exclusión severa que trabajan menos de 20 horas a la semana se ha incrementado 25 puntos porcentuales entre 2017 y 2020. El 21,8% de los hogares presentan problemas relacionados con el empleo —desempleo o calidad de esos trabajos— y un 20%, relacionados con la vivienda, si bien los dos problemas a menudo van de la mano.

El impacto de la crisis en sectores feminizados ha supuesto un freno a la reducción de las tasas de exclusión en el caso de las mujeres. Ha aumentado 6,5 puntos el porcentaje de hogares en situación de exclusión severa cuya proveedora principal es una mujer, el 28,2% frente al 24,3% a cuyo frente hay un varón.

Proyectando un retrato robot de la persona en condiciones de exclusión social severa, este tendría el rostro de una mujer joven, migrante, residente en las Islas Canarias o Catalunya, las dos comunidades autónomas con mayor porcentaje de población en exclusión social —casi un tercio—, por delante de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid.

El último eslabón de la cadena, el que forman las personas que trabajan en la economía informal, se ha visto también muy afectado como consecuencia de la pandemia, de las políticas de confinamiento y de distancia social. Hay 47.000 personas empleadas en la venta a domicilio, venta ambulante, empleadas del hogar, temporeros, recogida de cartón o chatarra o reparto de propaganda menos que en el año uno de la pandemia. Actualmente 499.000 personas trabajan informalmente, según el estudio de esta fundación dependiente de la organización religiosa Cáritas.

En 2021, el 10% de los hogares no tenían calefacción y el 9% no podían mantener una temperatura adecuada en la vivienda, explica el informe. Un 55% de los hogares en situación de exclusión ha referido que ha llevado a cabo políticas de ahorro y restricciones en lo tocante al uso de energía. El 6,5% de los hogares, asimismo, recibió avisos de corte de suministros básicos por carencia de recursos.

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Según el informe, “las políticas aplicadas desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021 han contribuido a frenar el impacto más duro de la crisis sociolaboral y constituyen un aprendizaje de cómo perfeccionar el sistema de protección social a futuro”. Pero esta valoración general del llamado —por el Gobierno— “escudo social” y la ponderación de los ERTE como mecanismo clave de protección sociolaboral contrasta con determinadas críticas por parte de Foessa, especialmente al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que beneficia a 337.000 hogares, muy lejos del objetivo marcado de 850.000. “La medida tiene una cobertura insuficiente, no alcanza a determinados colectivos vulnerables y plantea condiciones de acceso injustas y de difícil cumplimiento para algunas de las familias y personas que más lo necesitan”, explica el informe respecto al IMV.

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Otro de los aspectos criticados por el informe es el impacto del plan Me Cuida, vigente hasta febrero de 2022, que tiene el objetivo de reforzar la conciliación de las familias a través de medidas de adaptación de la jornada laboral. Un plan con una repercusión “muy limitada” entre las mujeres “y casi nula entre los hombres”.

El reparto de los cuidados en la pandemia, concluye el informe, ha recaído sobre las mujeres. En el 55% de los hogares, las tareas de atención a la infancia han sido asumidas por la madre y solo en un 5% por el padre. En un tercio de los casos, han sido ambos progenitores quien se han hecho cargo del cuidado de las criaturas en el confinamiento.

A modo de conclusión, el informe valora la respuesta desde las políticas públicas como un esfuerzo mayor que el de la crisis anterior (2008-2013), “con un proceso de refuerzo y transformación de las políticas públicas en marcha, que no siempre ha podido seguir el ritmo que las necesidades sociales requerían”. Por dos motivos: primero en el caso de la provisionalidad de las medidas —en salud, vivienda o protección social—, “que habría que ver cómo mantenerlas de manera estable para el futuro”. Y, en segundo lugar, por el hecho de que medidas como el IMV “han presentado un despliegue insuficiente que ha limitado los efectos que se pretendían”.

Por todo ello, explica Foessa, “es necesaria una revisión en profundidad del modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y la 'recuperación' de los sectores más excluidos”.