Abusos a la infancia
Catalunya pone en marcha el modelo de atención integral a los abusos contra la infancia que otras comunidades estudian implantar

La Unitat Integrada d’Atenció als Infants i Adolescents Víctimes d’Abusos Sexuals, en la que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya lleva trabajando desde 2017, iba a abrir a principios de abril, pero la crisis sanitaria ha obligado a retrasar la apertura hasta que la situación lo permita. Desde diciembre, la unidad tiene ya siete profesionales contratados, que trabajan en unas dependencias que ya existen y donde se han podido retomar las pequeñas obras que quedaban pendientes para terminar de adecuar las diferentes salas.

Ester Cabanes, directora de la DGAIA, explica que los profesionales de la unidad que se proyectó en 2017 están contratados desde diciembre de 2019 y llevan dos años recibiendo formación específica. El equipo seguirá formándose en los próximos meses —lo ha hecho de manera telemática durante las semanas de confinamiento— para saber cómo actuar ante un caso de abusos sexuales contra la infancia. “Nos enfrentamos a lo peor que le puede pasar a un niño en su infancia y no se trata solo de establecer unos pasos a seguir desde el punto de vista técnico, sino también de estar preparados a nivel personal para poder devolver a ese niño una sensación se seguridad”, dice Cabanes.

La unidad de Tarragona será la primera Barnahus (casa de los niños, en islandés) del Estado español, un modelo de atención a los abusos contra la infancia promovido por Save the Children y que es habitual en los países nórdicos. El Barnahus es un modelo de atención integral donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo, en unas dependencias lejos de comisarías y hospitales, y que permitan crear un entorno amigable para los niños. Se necesita, además, un circuito cerrado de televisión, que es clave: grabar el testimonio del niño permite crear una prueba preconstituida que evita que, como ocurre ahora y recoge Save The Children en su informe Bajo el mismo techo, tenga que declarar una media de cuatro veces en diferentes lugares y ante diferentes personas.

“Para tener un mejor relato y, por tanto, un mejor proceso judicial, no podemos atender al niño en un juzgado”, dice Emilie Rivas, responsable de Políticas de Infancia Save The Children

Una vez puesta en marcha, el funcionamiento de este servicio, que atenderá los casos del ámbito de Camp de Tarragona, será sometido a evaluaciones mensuales. Pasado un año, la evaluación permitirá valorar si, como espera la DGAIA, el modelo puede llevarse a los otros siete territorios catalanes de las cuatro provincias.

Emilie Rivas, responsable de Políticas de Infancia Save The Children, defiende que se trata de un modelo “basado en la evidencia”. “Lo que está pasando ahora es que todos los profesionales reciben todos los casos, y es imposible que todo el mundo esté formado en todo”, defiende Rivas. Por eso, para el proyecto de Tarragona se escogió a un juez, un fiscal, un policía de la unidad del menor, una pediatra, una psicóloga, una trabajadora social y una entrevistadora forense que se han especializado y ahora serán los profesionales de referencia.

A Rivas le parece inaudito que, como ocurre ahora, un menor que denuncia abusos sexuales tenga que declarar repetidas veces en diferentes momentos, incluso en una situación que resulta tensa para niños y adultos, como es ante un juez. “Está demostrado que si el niño está tranquilo y relajado hará mejor relato”, mantiene. Este relato es clave para un proceso judicial donde lo habitual es que el testimonio del niño o niña sea la única prueba: “Para tener un mejor relato y, por tanto, un mejor proceso judicial, no podemos atender al niño en un juzgado, es imposible desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del interés superior del niño”.

Rivas explica que en Islandia, donde las casas de niños funcionan desde 1998, el número de casos de victimización sexual infantil en los cuales el agresor ha sido acusado se ha triplicado. A día de hoy, en España siete de cada diez casos acaban sin sentencia. Según Rivas, implantar este modelo no requiere una gran inversión, aunque sí mucha coordinación y voluntad para poner a trabajar juntos a varios departamentos.

Noemí Pereda dirige el Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona y es coautora del informe Bajo el mismo techo. Para Pereda, la clave es que “en el modelo Barnahus no es el niño o niña el que se adapta a los profesionales y al sistema policial, judicial, de evaluación y de denuncia, sino que es este sistema y sus profesionales los que se adaptan a las necesidades del menor, es decir, a su interés superior”.

Así, el niño o niña se desplaza a un centro en el que se encuentran todos los profesionales necesarios para llevar a cabo su evaluación, ya sea ésta física, psicológica o social. Allí, explica, se recoge su declaración cumpliendo con todos los requisitos legales para que pueda ser considerada válida en un futuro juicio a tiempo que se asesora a sus padres o cuidadores principales y se establece un tratamiento. “En los primeros momentos en los que el niño o niña ha explicado lo sucedido, las posibilidades de obtener suficientes pruebas como para completar un informe que sirva en un futuro juicio son mucho mayores, y esto no es una suposición: hay múltiples estudios llevados a cabo en los países europeos que han aplicado el modelo Barnahus que demuestran que, haciendo uso de este modelo, el número de condenas se incrementa de forma significativa”, explica.

Para esta experta, aplicar el modelo en otras comunidades “no solo es posible, sino recomendable por parte de instituciones europeas”.

OTRAS COMUNIDADES

De hecho, otras comunidades autónomas se han interesado por el modelo, entre ellas, de manera informal, Andalucía y el País Vasco. Otras dos, además, han adoptado compromisos para avanzar en esa dirección. La Comunitat Valenciana es una de ellas. Allí, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la que depende Infancia, confirma estar en fase de estudio de implantación, ya que es un compromiso de esta legislativa. La crisis ocasionada por el coronavirus ha ralentizado unos planes que la Conselleria dice tener intención de reactivar.

También la Comunidad de Madrid estaba trabajando en recabar información sobre su implantación, confirma la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que el 26 de febrero participó en una Jornada sobre Modelos de Atención a la Infancia Víctima de Violencia Sexual en el ámbito social y judicial organizada por la administración autonómica. La Consejería asegura que la Comunidad quiere implantar este modelo creando una casa de los niños para tratar de minimizar los efectos traumáticos de la violencia sexual. El proceso, dicen, quedó en suspenso debido a la crisis sanitaria del covid-19, “pero desde luego la intención es seguir avanzando en su implantación”.

El modelo Barnahus tiene el visto bueno de las asociaciones que conocen de primera mano los abusos contra la infancia. Alexandra Membrive, presidenta del El Mundo de los ASI —asociación con sede en Barcelona integrada por personas adultas supervivientes de abusos— cree que este modelo permite atajar lo que considera un problema gravísimo en la actualidad: no existe formación especializada en abusos a la infancia. “La formación específica debería ser parte de currículos de cualquier formación para profesiones que van a estar cerca de víctimas o supervivientes de abuso sexual a la infancia, pero esto no es así… ¿Cómo van a poder detectar o dar soporte a un caso si no están formados?”, lamenta Membrive.

La psicóloga experta en abusos Margarita García Marqués cree que el modelo Barnahus mejoraría el sistema actual, siempre y cuando cumpla dos premisas: especialización e inmediatez

Para Membrive, el modelo Barnahus vendría a solventar las carencias de un sistema adultocentrista que hoy no es capaz de proporcionar la seguridad necesaria seguridad necesaria a la infancia y adolescencia para que se sientan acompañados de manera ética durante todo el proceso cuando relatan abusos sexuales. “Con el sistema Barnahus, en el momento en que la víctima está relatando lo que le pasa todo el engranaje se pone en funcionamiento”, explica. “Nuestro sistema revictimiza por norma a las niñas, niños y adolescentes, para empezar porque no es clara con los tiempos y si una víctima que relata un abuso tiene que esperar varios meses, como está ocurriendo, es posible que se retracte”. Membrive recuerda, además, que España no está cumpliendo con el Convenio de Lanzarote y la normativa europea entorno al abuso sexual infantil, pese a haberse comprometido a hacerlo antes de 2013, asegura.

Margarita García Marqués, psicóloga experta en Abusos Sexuales y fundadora de la Asociación para la Prevención del Abuso Sexual Infantil (ASPASI), también cree que el modelo mejoraría el sistema actual, siempre y cuando cumpla dos premisas: especialización e inmediatez. Sobre la primera, coincide con Membrive e insiste en la necesidad de contar con profesionales formados en abusos sexuales contra la infancia.

Sobre la segunda, advierte de que en la actualidad las esperas de meses hacen difícil recoger unos testimonios que en ocasiones son de niños muy pequeños, niños para los que “un mes es como un año, hay que acogerlos cuando hacen la denuncia o, como mucho, una semanas más tarde”: “Hoy en día les mandan al CIASI, donde hay una espera muy larga y donde hasta aquí llegan quejas por entender que no les han atendido de la mejor manera”, continúa.

“Lo único que pido es que sea gente que sepa atender a los niños, que sepan cómo abordarles con preguntas abiertas y no directivas, de forma lúdica y por medio de juegos... Hay que cuidar cómo hacerlo”, explica.