Armamento policial
La policía se equipa con porras extensibles de acero mientras el gobierno promueve medios “menos lesivos” en la Ley Mordaza

La Dirección General de la Policía ha ordenado distribuir porras extensibles metálicas a los agentes de las unidades antidisturbios y los destinados a seguridad ciudadana, según muestra un documento interno de esta institución cuyo contenido ha sido adelantado por diario El País.

La orden de la institución policial coincide con el proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en cuyas enmiendas se promueve el uso de medios coercitivos por parte de la policía “menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”, lo que, desde los sindicatos policiales, han interpretado como eliminar el uso de las balas de goma, que desde la transición han dejado en España un balance de al menos 24 fallecidos y 44 heridos.

Según aparece en el Boletín Oficial del Estado, en este año la División Económica y Técnica  del Cuerpo Nacional de Policía ha formalizado dos contratos por 659.500 y 999.960 euros en octubre y enero respectivamente para la compra de un total de 20.000 porras extensibles. Ambos contratos han sido otorgados a la empresa Tecnología y Desarrollo Teyde.

Según explican los pliegos técnicos de la licitación, las defensas están fabricadas de acero o aleación para que proporcione “una mayor resistencia y dureza” y en su tramo final incorpora una punta de polímero endurecido o metálica con la que la defensa alcanza una longitud de alrededor de 51 centímetros cuando está extendida y un peso igual o menor a los 610 gramos.

Este tipo de defensa, de metal a diferencia de la porra normal, fue la utilizada por un agente de la policía local en Roquetas de Mar (Almería) cuando mató a Juan Martínez en lo que se conoce como caso Roquetas. En 2005, País Vasco prohibió su uso a la Ertzaintza, permitiéndoselo solo a la policía de paisano entrenada para ello. En 2019, tras las movilizaciones por la sentencia del Procés, Interior se gastó un millón de euros en porras extensibles para garantizar “la protección de quien lo porta”, según justificó entonces el Servicio de Armamento de la Policía Nacional.