Derecho a la vivienda
12 militantes a juicio por reclamar viviendas dignas: “No es un hecho aislado”

Decenas de personas han acudido este jueves 21 de diciembre a la Ciutat de la Justicia de Barcelona para apoyar a los militantes de los sindicatos de Ciutat Vella, en el centro de la ciudad, vinculados al Sindicat d’Habitatge del Raval y del Casc Antic. Son acusados ante el juzgado de instrucción número 27 por la División de Información de Mossos d’Esquadra de diferentes delitos, incluyendo violación de domicilio jurídico, hurto, coacciones y daños. Dicha denuncia se produce tras realizar una acción el pasado mayo en la sede de la inmobiliaria Solvia, vinculada al fondo de inversión Cerberus, una de las empresas con más pisos en todo el Estado.  

Las mencionadas formaciones denuncian que en la acción no hubo presencia policial en ningún momento, y los imputados -se sospecha que no todos han sido notificados y podrían ser más- habrían sido identificados a posteriori por grabaciones facilitadas por la filial. Esto, según reclaman, no se trata de un hecho aislado, sino que formaría parte de una intensificación de las operaciones represivas contra los movimientos sociales.

Las mencionadas formaciones denuncian que en la acción no hubo presencia policial en ningún momento, y los imputados habrían sido identificados a posteriori por grabaciones facilitadas

El aumento generalizado de la persecución a militantes 

“Con este juicio nos envían un mensaje muy claro: el de qué es lo que nos espera a la clase trabajadora cuando nos organizamos. No podemos entenderlo como un hecho aislado, forma parte de un giro autoritario del Estado que siempre ha estado presente, pero que se refuerza a medida que el capitalismo se sume en una crisis más profunda”. Así daba inicio la rueda de prensa convocada la mañana de este jueves en las puertas de la Ciutat de la Justicia, donde los sindicatos de vivienda han querido recalcar una tendencia generalizada y extendida a medida que los efectos de la crisis son más patentes en la sociedad. 

La acción realizada en la sede de la inmobiliaria en el barrio de Sant Andreu, en la que se acusa a más de una decena de personas, tuvo lugar dentro de los muchos actos de protesta convocados por las formaciones vecinales en el último año, que les ha llevado a parar hasta el 87% de desahucios convocados desde el pasado septiembre.

Fa un temps vam fer una acció contra Cerberus i malgrat les bones paraules va quedar en res. Es van tancar en banda.

El dilluns vam fer una altra acció en les oficines de @solvia_es, que gestiona cases de Cerberus, i ens han convocat per a una reunió urgent demà. pic.twitter.com/eb2nKuMBcw

— Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) May 10, 2023

“Fue una acción más, como las hemos hecho centenares de veces, de ocupar una oficina de un fondo buitre para forzar una negociación y parar desahucios de familias del sindicato. Algo que ya vimos con la modificación del delito de desórdenes públicos, que se va a perseguir con más dureza. La acción duró poco y se produjo sin incidentes destacables, y la policía ni se presentó”, indica Max, portavoz de ambos sindicatos en la convocatoria. “Las imputaciones se producen a posteriori a raíz de una investigación de la brigada de información de los Mossos d’Esquadra, que ha hecho identificaciones con archivos, ha revisado teléfonos, ha escaneado nuestras redes sociales, ha hecho ruedas de identificación, etcétera. Y para comunicarlas, Mossos lleva semanas acosando a los imputados y a sus familias y amigos para localizarles y notificarles... vamos, una locura de gasto público y un gesto inequívoco de la lógica represiva del Estado en cuanto a la defensa de los intereses del capital se refiere”, añade. 

Desde 2019, el Movimiento por la Vivienda ha abordado más de 60 detenciones y multas que superan en su totalidad los 300.000 euros

De acuerdo con los militantes, esta causa y otras denunciadas por otros sindicatos en Barcelona y otras partes del Estado, forman parte de una misma tendencia que responde a la agudización de los efectos de la crisis, aún más visibles tras la pandemia. Desde 2019, el Movimiento por la Vivienda, a pesar de ser un agente social clave capaz de parar hasta el 90% de desahucios en puerta, ha abordado más de 60 detenciones y multas que superan en su totalidad los 300.000 euros, según los datos provistos por la Comisión Jurídica del Moviment per l'Habitatge. Solo en la última semana se ha detenido a 3 activistas de vivienda en Salt (Girona) y 4 en el barrio de La Teixonera (Barcelona), acumulando casi 40 denuncias por resistencia civil.

De acuerdo con la Comisión Jurídica, desde el mencionado año, señalan una ofensiva represiva por parte diferentes actores del Estado: a nivel judicial, legislativo, nivel policial y mediático. “Los ficheros policiales, el hecho que nos identifican y graban sistemáticamente en los desahucios, la presencia de antidisturbios en 1 de cada 2 desahucios cuando antes era 1 de cada 10, son algunos ejemplos de esto. Entendemos que esta represión se enmarca en un fenómeno más amplio a nivel mundial, una tendencia autoritaria ante el creciente descontento y las dificultades del sistema de garantizar el, entre comillas, bienestar. Lo hemos visto también contra los movimientos de solidaridad con Palestina, la represión que están sufriendo, o contra la población migrante y/o racializada y en general contra el conjunto de la clase trabajadora, sobre todo cuando se organiza y ofrece resistencia”, indican a El Salto.

Estos hechos suceden de forma paralela a una crisis multidimensional cada vez más agudizada por el aumento del precio del alquiler (un 64% en la última década, en el caso de Barcelona), en un territorio que este 2023 continuará siendo donde más se desahucia de todo el Estado, con más del 28% de lanzamientos registrados sobre el peso nacional, según los datos del CGPJ. 

“El capitalismo está en una crisis cada vez más profunda y emprende una ofensiva contra la clase trabajadora a gran escala, lo que implica que el Estado ha de disciplinarnos por todos los medios posibles para contener el descontento social y sobre todo para no permitir que aparezca ninguna amenaza al orden burgués y se garantice que las lógicas de acumulación siguen su curso. Esta es la raíz tras el aumento del autoritarismo”, señalan desde los sindicatos de Ciutat Vella.