Collado Villalba
La opacidad de la Oficina Antiocupación de Collado Villalba, a debate en el pleno municipal

“Me vi rodeada de neonazis”, explicó a eldiario.es una de las seis inquilinas del bloque del número 13 de la calle Luis Cadarso de Sevilla expulsadas a empujones el 28 de octubre por cinco miembros de Desokupa Expres que entraron en su domicilio aplicando la técnica del butrón desde un local contiguo a la vivienda. Un juez ordenó la vuelta a casa de las seis inquilinas, así como abrir una investigación penal a la empresa de desocupaciones extrajudiciales y a la inmobiliaria que les contrató (Maben Itálica SL), confirma la abogada de las inquilinas, Ana Castaño. En la última Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid), el concejal de Seguridad y responsable de la Oficina, Miguel Aisa, indicó al grupo político Unidas Collado Villalba que la adjudicataria de la gestión de la recientemente inaugurada Oficina Antiocupación de Inmuebles es Desocupaciones Técnicas, empresa cuyo administrador único es el mismo que el de Desokupa Expres: Salvador Palazón Marquina.

Desokupa Expres se constituyó el 9 de enero de 2014; Desocupaciones Técnicas lo hizo el 26 de enero de 2021. Ambas tienen su sede en Murcia.

El 15 de julio, la alcaldesa de Villalba, Mariola Vargas, y Miguel Aisa, ambos del Partido Popular, presentaron al público la Oficina Antiocupación como un “nuevo servicio municipal” destinado a personas físicas y jurídicas —empresas— que prestará “asesoramiento jurídico integral y mediación, exponiendo al afectado las diferentes acciones que pueden adoptar, quedando expresamente excluidos los servicios jurídicos que impliquen el inicio de acciones judiciales en el Juzgado”. 

La Oficina Antiocupación ofrece “asesoramiento jurídico integral y mediación”, pero no servicios jurídicos; de su sede entran y salen dos personas: una se presenta como abogada, la otra es el presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Ocupación

La adjudicación se realizó a través de un contrato menor, por lo que no aparece en ningún portal de la transparencia. Según los datos hechos públicos por el Ayuntamiento, el contrato asciende a 15.000 euros cada seis meses. Se desconocen las obligaciones de la empresa adjudicataria, así como el pliego del contrato. Simplemente, la Oficina Antiocupación ha sido presentada al público como un servicio necesario para el municipio con el objetivo de frenar o revertir, no se sabe bien cómo, la ocupación que pudiera haber en esta localidad madrileña de 63.000 habitantes.

Al llamar al teléfono de la Oficina, salta el buzón de voz. Los responsables de comunicación del Consistorio tampoco han ofrecido detalles. Vecinos de Villalba indican que dos personas suelen entrar y salir del centro: una abogada —Elisabeth— que ofrece una tarjeta de trabajo encabezada por la Organización Nacional de Afectados por la Ocupación (ONAO). Dicha organización no consta en el registro de asociaciones de Catalunya, ni en el del Ministerio del Interior; en su web consta que tiene sede en Badalona y que ofrece servicios de asesoría jurídica y acepta donaciones. La otra persona que entra y sale de la Oficina Antiocupación de Villalba es Toni Miranda, presidente de ONAO y “escritor, conferenciante, activista y blogger”, según su definición en redes sociales. Su última fotografía es con un representante de Vox en las Corts Valencianes, apoyando las estrategias del partido de ultraderecha en materia de vivienda. 

En la tarde del jueves 25 de noviembre se celebrará el pleno ordinario en el que previsiblemente se abordarán las preguntas registradas en septiembre y en octubre por el grupo Unidas por Collado Villalba. Su portavoz, Eva Morata, explica a El Salto que reiteradamente se les ha denegado información y el contrato de la licitación. Únicamente en la última Comisión de Vigilancia de la Contratación, responsables municipales informaron del nombre de la empresa adjudicataria y que la Oficina Antiocupación ha incoado 121 expedientes por usurpación a particulares entre el 15 de julio y el 15 de octubre. También indicaron que los informes de la Oficina no serán trimestrales, como en un primer momento se explicitó, sino semestrales. Morata agradece en todo momento el trabajo de investigación que está realizando la Asamblea de Vivienda, quien ha levantado la liebre sobre el centro. 

“En la Comunidad de Madrid hay 2.000.900 viviendas, de las cuales, según datos de Delegación de Gobierno, 580 han sido ocupadas a particulares. ¿De verdad nos quieren hacer creer que 121, es decir, el 21% de las ocupaciones de la Comunidad, se dan en nuestro municipio?”, señala Eva Morata, de Unidas por Collado Villalba

Una persona desahuciada muere en un parque de Villalba

Pablo 'Pampa' Sainz

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Personas sin hogar

Una persona desahuciada muere en un parque de Villalba

Pablo 'Pampa' Sainz

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Llevaba seis meses viviendo en una plaza de Collado Villalba. Organizaciones exigen al ayuntamiento medidas para paliar la emergencia habitacional.

121 expedientes

“En la Comunidad de Madrid hay 2.000.900 viviendas, de las cuales, según datos de Delegación de Gobierno, 580 han sido ocupadas a particulares. ¿De verdad nos quieren hacer creer que 121, es decir, el 21% de las ocupaciones de la Comunidad, se dan en nuestro municipio?”, se pregunta Morata. Su grupo lleva años pidiendo la apertura de una Oficina de la Vivienda, “pero una para las personas que tienen problemas de acceso y para las que están en riesgo de desahucio. Hay familias que podrían pagar un alquiler social. No pueden alquilar por 800 euros, pero sí podrían asumir un alquiler de 100 o 200 euros, y están dispuestos, porque nadie quiere tener problemas en su vida”.

La nota explicativa del Ayuntamiento de Collado Villalba sobre la apertura del centro indica que concede a la Oficina Antiocupación la potestad de mantener una “relación directa con los Servicios Sociales del Ayuntamiento con el fin de analizar el perfil, tanto de las personas que han cometido la usurpación como de los afectados por la misma”. Y mantendrá también una “relación directa con la Policía Local con el fin de llevar un seguimiento de las viviendas ocupadas y trabajar de forma coordinada para una mejor prestación del servicio”.

Preguntado sobre si es lícito que un organismo externo acceda a datos personales de Servicios Sociales, el abogado Daniel Amelang indica que “no se puede consultar un expediente de Servicios Sociales sin autorización del perjudicado o sin autorización judicial”.  El letrado recuerda que el Colegio de Abogados de Madrid ya ofrece un servicio de orientación jurídica, no solo centrado en una materia como la usurpación, sino para herencias, divorcios, extranjería, etc.

La Asamblea de Vivienda de Villalba ha solicitado el cierre de la Oficina Antiocupación, la puesta en marcha de una batería de medidas para atajar los problemas de vivienda y denuncia la aporofobia que fomenta este centro

Cierre ya

La Asamblea de Vivienda de Villalba ha solicitado el cierre de la Oficina Antiocupación y la puesta en marcha de una batería de medidas para atajar los problemas de vivienda. Señalan que “no toleramos que se siga destinando dinero público a bandas violentas dedicadas a atemorizar y herir a personas vulnerables, ni que haya partidos políticos que saquen rédito electoral a costa de su estigmatización. Tampoco toleramos que se oculte información a la vecindad y se utilicen asociaciones pantalla para encubrir al verdadero benefactor de un servicio público”.

También piden recuperar el local para un servicio público cultural, ya que el Ayuntamiento ubicó la Oficina Antiocupación en la Sala de Exposiciones de El Pontón, de propiedad municipal y situada en la principal arteria de la ciudad, que llevaba años funcionando como galería de arte.

“No toleramos que se siga destinando dinero público a bandas violentas dedicadas a atemorizar y herir a personas vulnerables, ni que haya partidos políticos que saquen rédito electoral a costa de su estigmatización”, afirman desde la Asamblea de Vivienda de Villalba

“La estigmatización, persecución y violencia ejercida sobre los colectivos vulnerables a la que contribuye ideológica y económicamente esta Oficina se enmarca dentro de una política aporófobica más amplia que desde hace años practica el Ayuntamiento de Villalba. Además de los sonados premios Corazón de Piedra por ser de los municipios con menor inversión en Servicios Sociales de todo el Estado, se suma su reiterada negativa a poner en marcha un parque de vivienda municipal con edificios de su propiedad habilitados o con cesiones sociales de bancos o Sareb. Lo mismo ocurre con su negativa a la apertura de un albergue municipal para vecinos sin hogar, cuando en el curso pasado han fallecido en la calle dos vecinos sin hogar”, explica Pablo López, miembro de la Asamblea de Vivienda de Villalba. 

La abogada de las inquilinas que sufrieron la desocupación extrajudicial en Sevilla llevada a cabo por Desokupa Expres recuerda que “Mabel Itálica (la propiedad) y Desokupa Expres intentaron desalojar a las habitantes del inmueble sin seguir los cauces legales, y un Estado de Derecho como el nuestro no puede permitirse que las personas se tomen la justicia por su cuenta y riesgo”.