Síndrome de alienación parental (SAP)
Sientan en el banquillo de la acusación a la Diputación de Bizkaia por retirar una custodia basándose en el SAP

En un auto contra el que no cabe resolución, y con un lenguaje que párrafo a párrafo saca los colores al servicio de Asuntos Sociales, el Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao ha decretado la apertura del juicio penal contra la Diputación de Bizkaia y le ha impuesto medidas cautelares por saltarse reiteradamente la jurisprudencia y retirar, “sin legitimidad”, la custodia compartida de una niña basándose en una circunstancia no reconocida médicamente, como es el llamado síndrome de alienación parental. 

Las medidas cautelares incluyen una fianza de 600.000 euros a Diputación de Bizkaia como responsable civil. En caso de que no la haya depositado, ya que el plazo era de solo un día, el auto indica que procederá a embargarle los bienes. En el juicio penal, los imputados se enfrentarán a hasta cinco años de prisión y 15 de inhabilitación por los delitos continuados de prevaricación administrativa, maltrato de una menor y dos delitos de lesiones psíquicas continuadas, tanto a la madre como a la hija.

Los acusados son el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, dos altas funcionarias —las jefas del Servicio de Recepción, Valoración y Orientación y del Servicio de Infancia— , y una trabajadora social. 

“Empiezo a ver la luz al final del túnel, pero mi hija sigue presa entre la Administración y la Justicia”

Sin cambios en la custodia

Pero lejos de rectificar, a día de hoy, Asuntos Sociales sigue sin devolver la custodia compartida a la madre y el padre de la menor, al cual le cedieron la estancia provisional en casa de los abuelos paternos. La niña ha cumplido ocho años y madre e hija llevan más de dos años y medio sin pernoctas, fines de semana y vacaciones juntas. La niña tiene ahora cinco años. La madre, Irune Costumero, indica que aunque con el auto empieza a ver “la luz al final del túnel, mi hija sigue presa entre la Administración y la Justicia”. Y la Administración sigue presionándola y rebajándole aún más los pocos derechos que le han dejado: “Desde enero, redujeron una hora y media la visita de los viernes, que ahora termina a las 19h en vez de a las 20.30h”.

El auto judicial se muestra muy contundente con los hechos y cuestiona en todo momento la manera de obrar, “con fuerza física y actitud violenta”, de Asuntos Sociales. El 3 de agosto de 2017, Diputación consideró necesario asumir la tutela de la menor y llevó a tres agentes de la Ertzaintza (dos de uniforme) y tres agentes de seguridad para arrebatar a la niña de su madre cuando les citaron en el Servicio de Infancia, “a sabiendas de que la Diputación Foral no estaba legitimada”. 

“Los acusados, sin notificación alguna al Juzgado ni al Ministerio Fiscal, decidieron de manera arbitraria, injusta y en contra de la Ley dictar una resolución administrativa para privar de la custodia de su hija a la madre, utilizando motivos inexistentes con un procedimiento ilegítimo y en contra de la jurisprudencia de los tribunales conocida por los acusados”, recoge el auto. 

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Hemeroteca Diagonal

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Como consecuencia “del arrancamiento” de la menor de la madre y la privación de la custodia, la niña “ha sufrido importantes daños, tanto físicos, psicológicos y psíquicos que afectan de forma fundamental al desarrollo de su personalidad, alterando el carácter y la conducta, propiciando una personalidad marcada por los temores, la desconfianza, la rigidez y la introversión”, concluye.

El juzgado recuerda a la Diputación que era “sabedora” de la postura “clara y unánime” respecto “a un hecho [el llamado Síndrome de Alienación Parental] científicamente demostrado como inexistente”, una postura y jurisprudencia “compartida” tanto por la Audiencia de Bizkaia como por el Consejo General del Poder Judicial desde 2008.

El auto también incluye un recordatorio de que, el pasado enero, las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron por unanimidad de todos los partidos políticos una revisión de los instrumentos del Servicio Foral de Infancia para no aplicar el llamado síndrome de alienación parental. La aprobación tuvo lugar el 22 de enero y, ante la pasividad de Asuntos Sociales, el auto está fechado el 26 de febrero.