Presupuestos Generales del Estado
La reforma fiscal “no puede esperar más”, dice Unidas Podemos

La crisis es inevitable y profunda, la población “no ve objetivos políticos claros en la acción del Gobierno” y la única forma de salir del atolladero es conseguir unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la altura de las circunstancias. Y todo esto solo es posible a través de un aumento del gasto social a cargo de una reforma fiscal que “no puede esperar más”, según la secretaria general de Unidas Podemos (UP), Ione Belarra, en una declaración en el Secretariado del partido en la mañana de este 4 de julio. 

“No nos parece decente que tras dos gravísimas crisis económicas las grandes empresas y fortunas de nuestro país no hayan aportado ni un solo euro extra a hacer frente a la difícil situación”, apuntó Belarra, para quien la única forma de “equilibrar la balanza fiscal” es haciendo que “los que más tienen paguen lo que les corresponde”. Para ello, continúa la secretaria general de UP, el impuesto extraordinario a las empresas energéticas debe ser de “aplicación inmediata” y las grandes empresas deberían pagar “al menos el mismo porcentaje de impuestos que las pequeñas”, es decir, un impuesto mínimo del 15% sobre todos sus beneficios. Para evitar la aparición de “paraísos fiscales interiores como Madrid”, señala Belarra, que hacen “competencia desleal a otros territorios”, UP considera urgente implementar un impuesto estatal a las grandes fortunas. 

“No nos parece decente que tras dos gravísimas crisis económicas las grandes empresas y fortunas de nuestro país no hayan aportado ni un solo euro extra a hacer frente a la difícil situación”, apuntó Belarra

En el momento de comenzar a negociar los presupuestos generales de 2023, la situación es muy diferente que en los años previos. Un contexto marcado por las “consecuencias políticas, económicas y sociales de la invasión rusa”, condicionado por una “altísima inflación y la devaluación del poder adquisitivo de la ciudadanía”. Para la formación morada, en la negociación de los próximos presupuestos se juega el futuro del Gobierno de coalición: “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para negociar que los próximos presupuestos incluyan medidas verdaderamente contundentes, eficaces y valientes para proteger el poder adquisitivo y las condiciones de vida de la gente de nuestro país”, señaló.

También hubo momentos para la autocrítica en su declaración: “El contexto también es diferente en términos de percepción ciudadana de cuál es el horizonte de la acción política del Gobierno de coalición. Tenemos que ser conscientes de cómo nos ve la gente”. Según Belarra, en este momento de la legislatura “no se perciben unos objetivos políticos claros en la acción del Gobierno de coalición”, una sensación que cree que es “compartida por muchísima gente progresista” en España.

De ahí la importancia de las próximas cuentas del Estado: “Pensamos que los próximos presupuestos tienen que ser el hito que permita al Gobierno reorientar el rumbo y recuperar el ritmo. Deben ser unos presupuestos que devuelvan un horizonte político nítido al Gobierno; tienen que ser la prueba del algodón”. 

Para evitar la aparición de “paraísos fiscales interiores como Madrid”, señala Belarra, que hacen “competencia desleal a otros territorios”, UP considera urgente implementar un impuesto estatal a las grandes fortunas

Y en esos presupuestos de 2023, “los servicios públicos deben ser los grandes beneficiados”, con un fondo de 10.000 millones de euros para invertir en sanidad y educación pública. Entre las principales reivindicaciones de Unidas Podemos para los siguientes PGE figuran medidas para blindar el poder adquisitivo y frenar la inflación. Al igual que se hizo con las mascarillas y con el tope del gas, indicó, propondrán un precio máximo para los combustibles, sufragado gracias al impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas. Además, UP presionará para subir una vez más el salario mínimo interprofesional y aumentar en un 15% el IPREM, el índice que regula una gran cantidad de ayudas y prestaciones sociales.

Además, el socio principal del Gobierno apostará por profundizar la agenda feminista y de cuidados del Gobierno, ampliando los permisos de paternidad y maternidad a seis meses e incluyendo una “renta de crianza” de 100 euros al mes por cada niño, así como un permiso retribuido de siete días al año por cuidados. El aumento del gasto social de todas estas propuestas sería financiado por una mayor carga impositiva a las grandes empresas y grandes fortunas del Estado español.