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Uber y Lyft gastan 181 millones de dólares para impulsar un referéndum en el que se juegan su supervivencia

Uber, Lyft y otras empresas de la economía de plataformas han establecido un nuevo récord al gastar 181,4 millones de dólares en la campaña a favor de una propuesta legislativa referendaria (ballot initiative). La Proposición 22, pretende evitar que la ley Californiana AB 5 aprobada en septiembre de 2019 reconozca la laboralidad de conductores y repartidores de empresas que trabajan con apps y los considere como empleados con contrato y no como contratistas independientes (o trabajadores autónomos).

El 18 de septiembre el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, firmó la AB 5 sin exenciones para los conductores y empleadores que interactúan con aplicaciones digitales. En respuesta a la aprobación de la AB 5, Tony West, el director legal de la empresa de viajes compartidos Uber Technologies, declaró: “Los conductores no serán reclasificados automáticamente como empleados [...] Continuaremos respondiendo a las acusaciones de clasificación errónea en el arbitraje y en los tribunales según sea necesario, tal como lo hacemos ahora”.

¿Quién hay detrás de las campañas a favor de la Propuesta 22?

Inmediatamente después, en octubre de 2019, las empresas de plataforma dedicadas al transporte basado en apps presentaron una iniciativa legislativa referendaria que tendrá lugar en paralelo al voto a las elecciones a la presidencia de los EE UU del día 3 de noviembre de 2020. Brandon Castillo, portavoz de la campaña, declaró en ese momento: “Vamos a gastar lo que sea necesario para ganar”. Hasta el 4 de septiembre de 2020, la campaña Sí a la Proposición 22 recibió 181,4 millones de dólares, que es la mayor cantidad de fondos que jamás haya recibido una campaña de iniciativa legislativa en California. Lyft, Uber y DoorDash contribuyeron cada uno con aproximadamente 48 millones de dólares, InstaCart proporcionó aproximadamente 28 millones y Postmates contribuyó con aproximadamente 10 millones. La campaña de oposición No a la Prop 22 recibió 4,8 millones de dólares. La Hermandad Internacional de Camioneros y SEIU-UHW West (sindicatos laborales) proporcionaron aproximadamente el 52 por ciento de los fondos totales de la campaña.

¿Qué significaría la aprobación de la Propuesta 22?

La aprobación de la Propuesta 22 consideraría a los conductores basados en aplicaciones como contratistas independientes y no como empleados o agentes. Por lo tanto, la medida de la iniciativa legislativa anularía el Proyecto de Ley de la Asamblea 5 (AB 5), sobre la cuestión de si los conductores basados en aplicaciones son empleados o contratistas independientes, lo que significaría que las leyes laborales estatales relacionadas con el empleo no cubrirían a los conductores basados ​​en aplicaciones. 

En relación a esto, la AB 5, que recientemente pasó a ser ley, reemplaza el criterio del derecho común por el criterio ABC para determinar si un trabajador es un empleado o un contratista independiente en California. A partir del 1º de enero de 2020, las entidades empleadoras deberán clasificar a sus trabajadores como empleados a menos de que estos cumplan con todas las condiciones del criterio ABC:

• La persona está libre del control y la dirección de la entidad contratante en relación con el desempeño del trabajo, tanto del contrato para la realización del trabajo como en la práctica.
• La persona realiza un trabajo que está fuera del curso habitual de los negocios de la entidad contratante.
• La persona se dedica habitualmente a un oficio, ocupación o negocio establecido independientemente de que sea de la misma naturaleza del trabajo realizado.

En cambio, la aprobación de la Proposición 22 definiría a los conductores basados en aplicaciones como trabajadores que brindan servicios de entrega de pedidos a través de una aplicación o plataforma colaborativa en línea de una empresa o usan un vehículo personal para proporcionar servicios de transporte precontratado con compensación a través de una aplicación o plataforma en línea de la empresa, sin tener en cuenta si estos están bajo el control y dirección de la plataforma, si esta plataforma es su único empleador o si el trabajador está establecido como contratista más allá de la actividad que realiza para la plataforma. 

La AB 5, que entró en vigor en enero del 2020, incluyó exenciones para numerosas categorías de trabajo, pero no para los conductores y repartidores. El pasado 10 de agosto de 2020, el Tribunal Superior de San Francisco dictaminó que Uber y Lyft violaron la AB5 y clasificaron erróneamente a sus trabajadores. El fiscal general Xavier Becerra respondió: “La corte ha intervenido y acordado: Uber y Lyft deben poner fin a la clasificación errónea ilegal de sus conductores mientras continúa nuestro litigio”. Tanto Uber como Lyft declararon de forma amenazante que, a menos que se pospusiera el fallo del tribunal, sus empresas podrían suspender las operaciones basadas en aplicaciones dentro de California. Seguidamente, el 20 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de California suspendió la entrada en vigor del fallo del juez del Tribunal Superior Schulman. 

Uber y Lyft han reconocido en público que la reclasificación de sus conductores como empleados acabaría con su modelo de negocio

Las compañías sostienen que la Proposición 22 daría a los conductores derechos y salario mínimo que no reciben como contratistas independientes. Sin embargo, el Centro Laboral de la Universidad de California Berkeley ha estimado que el salario mínimo incorporado en la medida llegaría efectivamente a solo 5,64 dólares la hora teniendo en cuenta las diferentes disposiciones de la iniciativa. La verdad es que los principales beneficiarios de la campaña son Uber, Lyft y las otras compañías de la economía de plataformas. Uber y Lyft han reconocido en público que la reclasificación de sus conductores como empleados acabaría con su modelo de negocio. Uber ha perdido $15,7 mil millones y Lyft $4,2 mil millones en los últimos tres años, y ambos dicen que nunca podrían ser rentables si tienen que reclasificar a los conductores como empleados. 

Es por esto que estas empresas han dejado claro que están dispuestas a invertir decenas de millones para ganar esta votación de importancia histórica para la economía de plataformas, aunque sea a costa de dejar claro su falta de escrúpulos y de moral. Su supervivencia está en juego y depende de negar a miles de trabajadores derechos laborales básicos, incluyendo un salario digno, acceso al desempleo y cobertura social de los trabajadores, y el derecho a sindicalizarse. A pesar de que la batalla es sumamente desigual, los representantes de los conductores y repartidores que forman la oposición a la Proposición 22 confían en que pueden ganar. 

El día 3 de noviembre se decidirá el futuro del sector del transporte y reparto basado en aplicaciones digitales. Sabremos si el dinero ha vencido a la democracia una vez más, o si por el contrario se establece definitivamente la obligación a estas empresas de reconocer los derechos laborales de los trabajadores. Esto sucedería además en la misma tierra natal de estas empresas, donde esta industria es más potente a nivel político y económico, cosa que podría sentar un precedente que se extienda a nivel global. Todos nos jugamos mucho en esta votación. Si pueden muéstrenles su apoyo y solidaridad a los compañeros y compañeras de la campaña en contra de la Proposición 22 #NoOnProp22. Lo necesitarán.

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