Represión
Organizaciones sociales se movilizarán en València contra la insuficiente reforma de la Ley Mordaza

El próximo domingo 13 de febrero, organizaciones sociales y de derechos humanos de varias ciudades del Estado español convocadas por la plataforma No somos delito se movilizarán contra lo que consideran una reforma insuficiente de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. En la ciudad de València está convocada una concentración en la Plaza de la Cridà, frente a las Torres de Serrano, a las 12 horas por un conjunto de organizaciones, entre las que se encuentran Entrebarris, Per l’horta, Greenpeace, Amnistía Internacional, CSOA l’horta, PAH Valencia, XR Valencia, Unió de Periodistes, Intersindical Valenciana y CVONG. Las organizadoras quieren plantar cara y mostrar su rechazo a una reforma que, según consideran, “no se modifica lo suficiente y que seguirá siendo un peligro para el derecho a la protesta”. 

El objetivo de las convocantes es incidir ante la Comisión del Congreso de los Diputados que se reunirá el próximo 15 de febrero para debatir los puntos de acuerdo entre el PSOE y Podemos con el resto de fuerzas políticas respecto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley que ha sido cuestionada incluso por Maina Kiai, relator especial de la ONU sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y asociación en 2015, quien señaló que la Ley Mordaza “vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica al penalizar una amplía gama de actos y conductas esenciales para ejercer este derecho fundamental, limitando marcadamente su uso”. Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, afirma que este proyecto de reforma “mantiene el poder casi omnímodo de intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad en manifestaciones y reuniones públicas para, sin mecanismos de control, limitar injustificadamente la libertad de expresión, de información y de protesta pacífica”.

Según señalan en un informe las entidades sociales que convocan a la movilización del próximo domingo, las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior muestran cómo, desde la aprobación de la reforma de la ley en 2015 y hasta diciembre 2019, se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos, el 36.6 —resistencia, desobediencia o negativa a identificarse— y el 37.4 —faltas de respeto a la autoridad—. 

De 2015 a 2019 en el País Valencià se han impuesto una media de 3.657 sanciones al año por la Ley Mordaza, que implican una recaudación de 1.431.900 euros al año

De 2015 a 2019 en el País Valencià se han impuesto una media de 3.657 sanciones al año por la Ley Mordaza, exceptuando los años 2020 —por el estado de alarma— y 2015 —año en que entró en vigor, en el mes de junio—. Estas sanciones implican una recaudación de 1.431.900 euros al año. Hay “una media de mil sanciones anuales por el 36.6 y 1.616 por el 37.4, lo que significa un 27,3% y un 44,2% del total de sanciones por seguridad ciudadana, respectivamente”, señalan las organizaciones convocantes.

En términos monetarios, a causa del artículo 36.6 se han recaudado anualmente 618.140 euros, el 43,2% del total de las recaudaciones y 301.700 euros, un 21,1%, por el artículo 37.4. Esto implica que el 71,5% de las sanciones y el 64,3% del dinero recaudado están asociados tan solo a dos artículos. Además, a causa del artículo 36.3, referente a causar desórdenes en espacios públicos, se han impuesto 457 sanciones anuales, es decir el 12,5%, por una cantidad de 282.500 euros, que corresponde al 19,7%. Si se añade el artículo 36.3, el total aumentaría hasta el 84% del número de sanciones y también de su cantidad total recaudada. Otro de los artículos más polémicos, que castiga el “uso inadecuado de imágenes sobre las fuerzas de seguridad”, correspondiente al artículo 36.23, han supuesto en el País Valencià 3, 2, 4, y 6 sanciones en 2015, 2016, 2017, y 2019, respectivamente. Las organizaciones sociales remarcan que las actuaciones policiales “deben poder ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general”.

Entre los casos de sanciones emblemáticas en el País Valencià se encuentran las que enfrentaron en 2019 tres activistas antifascistas que colgaron una pancarta en el Miguelete mientras pasaba una procesión, la interpuesta a una persona por decir que a la bicicleta de la Policía Local le faltaba la última “l”, las 20 sanciones a las feministas en el marco de las dos concentraciones del 8M en 2018 y 2019, las dos sanciones a dos activistas de Acció Ecologista Agró, en julio de 2017, por desplegar una carta de grandes dimensiones en el hotel Sidi Saler para pedir su demolición y recuperar el espacio dentro del Parque Natural de la Albufera o la que sufrió un vecino de Benimaclet en el marco de la manifestación del 12 de octubre por decirle a la policía que “dejara estar a los chicos” ante un posible abuso policía. Otro caso es de un activista de Estrela Roja, a quien, en marzo de 2019, le embargaron 700 euros de su cuenta por dos multas por “negarse a identificarse” y por “desobediencia a la autoridad”. En este caso, el juez se negó a revisar las cámaras alegando que con la palabra del policía era suficiente. 

En solo seis meses los colectivos en defensa a la vivienda en Valencia Construyendo Malilla, Sindicado del barrio del Cabanyal y PAH València han recibido 27 sanciones en cinco desahucios que acumulan una cuantía de 6.000 euros

En 2021, solo en seis meses, del 30 de abril al 5 de octubre, los colectivos en defensa a la vivienda en Valencia Construyendo Malilla, Sindicado del barrio del Cabanyal y PAH València recibieron 27 sanciones en cinco desahucios que acumulan una cuantía de 6.000 euros. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2015 y 2020 se han ejecutado 47.649 desahucios en el País Valencià. Por otro lado, según las entidades sociales, el pacto de gobierno para la reforma de la Ley Mordaza plantea mover el contenido de esta relativo a las devoluciones en caliente a la Ley de Extranjería. “Este cambio, seguirá manteniendo la aparente cobertura legal de las devoluciones en caliente, vulnerando los convenios ratificados en materia de asilo”.

También han presentado en el informe el caso documentado por El Salto de la concentración de la formación ultra España 2000 en diciembre de 2020. Debido a la Ley Mordaza se otorgó valor probatorio a los agentes de la policía, que sancionaron a una mujer por denunciar la concentración neofascista. Antes de la entrada en vigor de esta ley, un caso como este lo hubiera juzgado un juez, pero ahora, es la misma Delegación de Gobierno, de la que depende la propia policía, la que juzga y condena o absuelve. Es por esta razón que “decidieron archivar las sanciones, pero sin dar mayores explicaciones, ni tomar medidas para que esto no pueda volver a pasar”, señaló Paco Simón de la organización València Acoge.

Otras limitaciones de la reforma criticada por estas organizaciones son que sigue otorgando “amplios poderes discrecionales a las fuerzas y cuerpos de seguridad”, sin establecer mecanismos de control y rendición de cuentas a las fuerzas policiacas y “dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias”. Tampoco se prohíbe el uso de pelotas de goma ni se compromete en hacer públicos los protocolos de uso de la fuerza. “No podemos dejar que se apruebe una reforma blanqueada de la Ley Mordaza que siga siendo un peligro para el pleno ejercicio de derechos tan básicos como el de reunión, expresión o información”, afirma Blanca de la Cruz, portavoz de las organizaciones sociales que convocan este domingo 13 de febrero la protesta contra la insuficiente reforma de la Ley Mordaza en la ciudad de València. La activista considera necesario “ahora más que nunca, que salgamos el día 13 a la calle para mostrarle al gobierno el rechazo a esta reforma insuficiente, que seguirá permitiendo la represión y criminalización de la protesta pacífica y que no incorporará mecanismos suficientes para investigar de manera debida el uso excesivo de la fuerza o las actuaciones arbitrarias de la policía”.