Pensiones
Escrivá cede y mantiene los 25 años de cotización para las pensiones

El Gobierno presentó el viernes a los llamados agentes sociales su acuerdo sobre la segunda pata de la reforma de las pensiones. La propuesta, que ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea y cuyo contenido literal todavía no se ha hecho público, mantiene el actual periodo de cálculo de la pensión en 25 años, con la posibilidad de que el o la trabajadora elija extender el cálculo hasta los 27 años (en un periodo de 29) si este le resulta más beneficioso. Por encima de todo, incluye una subida gradual en las cotizaciones máximas (las que se aplican sobre los salarios más altos) y una subida más acentuada de lo previsto en todas las cotizaciones sociales.

Acuerdo impensable hace unos años, ha escrito El Mundo, por las fuertes presiones de la Comisión Europea (y de los promotores de planes privados) para controlar el gasto en pensiones. No obstante, la propuesta llega cuando el anterior aumento en el periodo de cálculo de 15 a 25 años se ha empezado a aplicar plenamente recién en 2022. La reforma de 2011 añadió 10 años al cálculo, de los 15 a los actuales 25 que se han ido alcanzando paulatinamente en la última década. Una rebaja en el poder adquisitivo de la pensión media que se calculó en el 5%, y que habrán empezado a notar plenamente los jubilados desde el año pasado.  

La propuesta llega cuando el anterior aumento en el periodo de cálculo de 15 a 25 años se ha empezado a aplicar plenamente recién en 2022

Las negociaciones en el seno del Gobierno de coalición se habían prolongado más allá del límite de diciembre de 2022 marcado por la Comisión Europea precisamente por esta cuestión. Unidas Podemos no aceptaba la propuesta inicial del ministro (aumentar el periodo de cálculo hasta los 30 años) que tanto para UP como para el movimiento en defensa de las pensiones públicas suponía un nuevo recorte añadido a los sufridos tras las tres ampliaciones anteriores (en 1985, 1997 y 2011). Finalmente este aspecto queda modificado a voluntad del trabajador o trabajadora, que podrá elegir si su pensión se calcula con los últimos 25 años cotizados o con los 27 años más favorables en un periodo de 29 años. 

Tras la reunión, CC OO y UGT saludaron  la propuesta del Gobierno, a la espera del estudio de algunos detalles. En declaraciones a El Salto, Ramón Franquesa, de la Coordinadora de Pensionistas, se mostraba cauteloso y a la espera de conocer la letra exacta del acuerdo, cuyo contenido han solicitado sin obtener respuesta por parte del Gobierno. En caso de no haber letra pequeña, aclara Franquesa, “que mantengan el periodo de cálculo actual es una victoria del movimiento por las pensiones”, si bien aclara que no es en sí mismo un avance. CEOE, CEPYME y ATA han expresado su “rechazo frontal” a la reforma por su carácter “populista” y su “voluntad recaudatoria”. 

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Para mejorar la financiación del sistema, el Gobierno ha acordado, como ya era conocido, el destope de la base de cotización máxima. Según cálculos del Gobierno, unos 30.000 millones de euros en salarios no cotizan a la Seguridad Social por este tope en la base de cotización máxima, que está fijada en 2023 en 4.495 euros mensuales de salario bruto. A partir de 2025 y hasta 2050, esta base de cotización se actualizará según el IPC más el 1,2%.

Del lado de los ingresos, el Gobierno plantea además una cuota de solidaridad para los salarios más altos. Como el destope, se empezará a aplicar desde 2025 (con una cuota del 1%) y está previsto que alcance el 6% en 2045. Este es, precisamente, el aspecto central criticado por las patronales CEOE y CEPYME, junto con el aumento en un 0,5% de las cotizaciones empresariales (y de un 0,1% por parte de los trabajadores) como parte del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ya aprobado en la reforma de 2021 y empezado a aplicar en enero de este año. Este último mecanismo irá aplicando también una subida gradual, no prevista hasta ahora, por la que subirá hasta el 1,2% en 2050 (el reparto entre la parte que pagan los empresarios y la parte que pagan los trabajadores no ha trascendido).

El compromiso incluye un calendario para que la pensión mínima no baje del 60% de la renta mediana de aquí a 2026, y que para el año 2027 la pensión no contributiva no baje del 75% del umbral de pobreza (que según Eurostat representó en 2021 9.535 euros anuales para un hogar formado por una persona). Además, en cuanto a la brecha de género de las pensiones, el Gobierno prevé cubrir los vacíos de cotización con un 100% de la cuota de la base mínima los primeros cuatro años. A partir del quinto año no cotizado, esta cuota bajará al 50%. Estos son los aspectos que CC OO y UGT cuya aplicación concreta quieren estudiar más a fondo. “Nuestro objetivo es que no haya pensionistas pobres”, han asegurado. 

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Pero la anunciada ayer es solo la segunda pata de la reforma de las pensiones, necesaria para acceder a una nueva ronda de financiación de los fondos Next Generation. Con anterioridad se ha acordado el mantenimiento de la revalorización de las pensiones según el IPC, la modificación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el acuerdo para la promoción de los planes de pensiones de empresa y la sustitución del Factor de Sostenibilidad de las pensiones, de la era Rajoy, por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Estos dos últimos aspectos han sido criticados especialmente por el movimiento por las pensiones públicas; el primero, por desviar recursos de la Seguridad social a los planes privados, y el segundo, por incluir en su articulado la posibilidad de futuros recortes en caso de que la Seguridad Social se quede sin fondos.

Las partes relacionadas con la financiación de las futuras pensiones han sido criticadas desde distintos ámbitos por no llegar a cubrir el déficit que se espera tras la entrada inminente en la jubilación de la generación del baby boom (en España, los nacidos entre 1960 y mediados de los 70). El think tank liberal Fedea, algunos de cuyos miembros asesoraron al Gobierno de Rajoy en el diseño del Factor de Sostenibilidad, ya alertó de que ni el destope de las pensiones máximas, ni el MEI, llegarán a cubrir las futuras necesidades de financiación del sistema.

La Coordinadora de Pensionistas, por su parte, definió como cláusula trampa la posibilidad, incluida en el MEI, de que futuras administraciones decidan recortar las prestaciones, subir las cotizaciones o tomar cualquier otra medida en caso de quiebra del Fondo de Reserva. Este mecanismo ha comenzado a aplicarse en enero de este año, que era la fecha de entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad de Rajoy, que vinculaba el cálculo de la pensión inicial con la esperanza de vida en la edad de jubilación.