Infancia libre
Jaime Montero, abogado de una de las madres de Infancia Libre: “Los juzgados se apoyan el uno en el otro para no investigar”

Jaime Montero asumió en septiembre de 2019 la defensa de Patricia González, una de las madres de Infancia Libre, asociación contra la que la Policía elaboró un informe donde sostenía que constituía una trama organizada para denunciar en falso, una tesis descartada por la Fiscalía tras valorar este informe. Una de las primeras actuaciones que llevó a cabo la nueva representación fue pedir reabrir la causa por abusos. La magistrada competente consideró entonces que se habían aportado nuevos elementos y dejó sin efecto el sobreseimiento provisional de la causa en diciembre de 2019, pero la denuncia de González contra su exmarido se volvió a archivar a finales de febrero

Patricia González se enfrenta a un juicio por sustracción de menores por huir con su hija en octubre de 2017 y ocultarse con ella hasta su detención el 11 de mayo de 2019. Actuó así tras no tener respuesta de la justicia tras escuchar a su hija relatar cómo su padre había abusado de ella. “Si, como hace Fiscalía, separas los presuntos abusos de la reacción posterior de Patricia, desnaturalizas su actuación”, explica Montero. 

¿Cuándo y por qué asumes el caso de Patricia?
Lo asumo, junto con otra compañera, primero brevemente en julio, y luego oficialmente es en septiembre. Cuando nosotros entramos, lo primero que hacemos es ir al juzgado 5, que es el que conoce la sustracción de menores, y presentarle un escrito inicial en el que le contamos qué es lo que ha ocurrido, porque creíamos que era importante contextualizar, aunque el juzgado nos dice que es al juez a quien tenemos que darle explicaciones.

¿Qué hacía falta contextualizar?
Todo, porque si separas, como está haciendo Fiscalía a a hora de acusar, los presuntos abusos de la reacción posterior de Patricia, desnaturalizas su actuación. No tiene sentido, como transmitieron algunos medios de comunicación, dar por bueno que la causa de la actuación de Patricia esté en que es una mujer malísima que solo piensa en destrozarle la vida a un señor. La realidad es que existe una denuncia por presunto abusos que está indisolublemente unida a la actuación posterior de Patricia. 

Para mí, hay dos pecados originales que determinan lo que ha ocurrido. Uno de ellos es que, ante la duda, el juzgado de instrucción sobre si han ocurrido o no los abusos, decide archivar en aplicación del principio in dubio pro reo. Sin embargo, estas dudas se debían haber trasladado al juzgado de familia y entender que, ante la duda, es posible que exista una situación de riesgo. No es lo mismo que en un procedimiento penal, donde ante la duda se archiva, que un procedimiento de familia, donde el principio imperante no es la presunción de inocencia sino el interés del menor. No tiene sentido es que se archive y se dé por hecho que no hayan existido los abusos, porque el archivo lo que dice es que no se han podido probar, pero el riesgo hay que valorarlo.

Es un horror porque los juzgados se apoyan el uno en el otro para no investigar, y esto refuerza la tesis de que no hubo abusos

Se da una circunstancia muy perniciosa, que es que los diferentes juzgados se apoyan unos en otros para mantener el archivo y no investigar. El juzgado 54 de instrucción, sobre el nuevo archivo, se basa en que los informes psicosociales del juzgado de familia dice que los informes son válidos para mantener la custodia, y el juzgado de familia no investiga los abusos porque el 54 archivó, y una de las razones que utiliza para archivar es que el juzgado de familia no ha tomado ninguna medida. Pero es que el juzgado de familia lo que dice es que le toca investigar a ellos y, si no, no hay abusos. Es un horror porque se apoyan el uno en el otro para no investigar, y esto refuerza la tesis de que no hubo abusos.

Patricia puso una denuncia y, como no se hace nada, pone una orden de protección. Se oye a la niña por parte del juez, y este es el segundo pecado que se comete: en lugar de hacer un informe sobre la credibilidad del testimonio de la menor, que es lo que se suele hacer, y lo que se recomienda en estos casos, el juez decide escucharla él directamente, en lugar de ser la clínica médico forense se los juzgados de Plaza de Castilla. Entonces, en diciembre de 2014, directamente la oye el juez en lugar de los psicólogos. El juez no tiene ni idea, primero de peritar y luego de evaluar el testimonio. Y se archiva porque dicen que la menor no contextualiza temporalmente de un modo adecuado. Como no es especialista, no sabe que los menores no contextualizan temporalmente de modo adecuado, porque tenía seis años.

En el caso de Patricia, la pareja lleva tres años divorciada, con un divorcio de mutuo acuerdo nada conflictivo: no existe un conflicto previo, el conflicto es este

El caso es que se deniega la orden de protección y esto va al 54, que archiva. Lo que ocurre es que esto ha estado archivado desde el principio y la lucha de Patricia ha sido por levantar ese archivo, porque esto significa que no se ha investigado. Un ejemplo: ninguno de los cuatro médicos a los que la niña ha relatado abusos ha sido escuchado en un juzgado.

También es interesante que, en este caso concreto, la pareja lleva tres años divorciada. Es decir, que esto no se da en un procedimiento de crisis donde pueda sospecharse que se pretenda obtener una ventaja secundaria por parte de la madre, sino que llevan tres años divorciados, con un divorcio de mutuo acuerdo nada conflictivo. El régimen de visitas acordado se cumple sin incidencias hasta este momento. No existe un conflicto previo, el conflicto es este. No existe ninguna causa que justifique o explique racionalmente el inventarse algo que no existe y esto también es clave, porque se han intentado acusar por denuncia falsa, lo cual no ha sido admitido.

Desde que asumes su defensa, ¿qué actuaciones habéis llevado a cabo y qué ha ocurrido con respecto al caso?
Lo primero que hicimos fue personarnos en el 53 para intentar contextualizar lo ocurrido. Además, nos personamos en el 54 y vimos que había un informe del psiquiatra Antonio Escudero que se incorporó a las actuaciones sin que se hubiera hecho ninguna valoración de él. Tampoco se había incorporado el de Narcisa Palomino, donde la niña relata no los abusos que había relatado a Escudero, sino otros diferentes que se habrían dado con posterioridad al archivo: fue esta la razón por la que conseguimos la reapertura.

Se acuerda tomar declaración a la menor en diciembre. Nosotros lo primero que decimos es que esta niña lleva nueve meses viviendo con el padre, y la madre tiene medidas cautelares, por lo que no puede ver a su hija. No queremos medidas contra el padre, pero pedimos que la niña fuese el día antes de declarar con la abuela y que de algún modo hubiera un espacio antes de la declaración. El juzgado dice que no y argumenta que esto solo determinaría diferentes sesgo de una misma influencia. O sea, equipara a la abuela materna con el padre, que de concretarse los abusos se estaría enfrentando a 15 años de prisión. 

El presunto abusador lleva de la mano a declarar a su hija, que es la abusada, y el juez lo permite, lo que indica que se parte del supuesto de que no ha existido los abusos

Entonces pedimos que Servicios Sociales la acompañen ese día y haga un seguimiento en los días anteriores para asegurarnos de que no está sometida a una presión inhumana. No se admitió. Hicimos un tercer intento, que fue intentar que en la clínica médico forense se hiciera una exploración psicológica a la menor con carácter previo para determinar si estaba en situación de ser explorada libremente. Tampoco se admitió. Estamos hablando de una investigación en la que el presunto abusador lleva de la mano a declarar a su hija, que es la abusada, y el juez lo permite, lo que indica que se parte del supuesto de que no ha existido los abusos.

En estas condiciones llega la menor a declarar…
Sí, él la lleva de la mano y se van de la mano. La menor declara que se lo ha inventado. Cuando le preguntan por qué, dice que no sabe, contesta como una autómata. ¿Por qué se lo inventó? ¿Por qué se lo contó a cuatro médicos diferentes en varios momentos diferentes a lo largo de tres años? ¿De dónde saca una niña unas experiencias que no deberían estar a su alcance para poder contarlas? No sabemos. Después de esto, se archiva en febrero y hemos recurrido en apelación, aportando un informe de credibilidad del testimonio de abusos de la menor. La causa se ha paralizado por el coronavirus, de modo que nuestro recurso por el archivo de los abusos está pendiente de admisión y traslado a las partes.

Hemos hablado del procedimiento por presuntos abusos sexuales, archivado en febrero de este año. Mientras tanto, ¿se ha concretado la acusación contra Patricia González?
Pese que el auto de continuación de procedimiento abreviado está recurrido, y estamos a expensas de que nos diga la sala si lo estima o no, ya sabemos que la acusación que hace la Fiscalía es por sustracción de menores y solo contra Patricia. La acusación particular quería también acusar a la madre y a la pareja de Patricia, pero el juez no lo ha admitido. La acusación particular acusaba de sustracción de menores, desobediencia a la autoridad judicial y denuncia falsa, pero solo se reapertura por sustracción de menores y desobediencia. 

¿Desobediencia a qué?
A los mandatos de a autoridad judicial.

¿Qué mandatos?
Buena pregunta. Hay una resolución judicial pero no hay un mandato derivado de esta resolución, y la desobediencia es de un mandato concreto, no de una resolución judicial. La sustracción de menores es un delito que se prevé para aquellos que quebrantan al régimen de custodia de un menor, En este caso la custodia la tenía y la sigue teniendo Patricia, por lo que no tuvo que haber quebranto, vamos a ver qué dice la Audiencia Provincial. El delito está previsto para progenitores no custodios, por lo que si la custodia la tiene atribuida patricia es más que dudoso que sea perseguible por ello.

¿En qué situación deja a Patricia el testimonio de su hija en el procedimiento por sustracción de menores? 
El testimonio tira por tierra el relato de la acusación, que lo que mantiene es que Patricia se inventó esto. Aquí hay dos debates: uno es si se ha cometido el delito o no. Y el otro es si, en el caso de que se haya cometido, existe o no causa de justificación. A la vista de por qué se ha abierto el juicio, hemos pedido que se retiren la medidas cautaleres, porque Patricia no puede ver a su hija ni siquiera en un Punto de Encuentro. Estas medidas se han reactivado recientemente, por lo que se han llevado los recursos de apelación a las Audiencia Provincial, que es la que tiene que resolver. No está previsto como pena que se le prohíba ver a su hija, por lo que no tiene sentido como medida cautelar.