Educación
Vuelta al cole sin cole en la frontera sur

“Hoy abren sus puertas muchas aulas en nuestro país. Con prudencia y determinación, gracias al trabajo de estos meses”, anunciaba la ministra de educación, Isabel Celaá, el pasado lunes. Inauguraba así una vuelta al cole marcada por la incertidumbre que dejó la pandemia y tras medio año sin juegos en el patio. “No podemos perder a una generación que necesita ir a la escuela para tener un desarrollo formativo y emocional normal. Tenemos un compromiso social con ellos.”, añadía la ministra desde su perfil de Twitter. 140 caracteres que bien podrían contener la respuesta, de forma breve y concisa, a una interrogante que brota, una año más, en los rincones de la frontera sur: ¿dónde está ese compromiso con las generaciones de niños y niñas que vuelven a quedar fuera del sistema educativo en Ceuta y en Melilla?

Muchas aulas abren sus puertas esta semana, pero en ellas también se han impuesto fronteras que impiden entrar. En el trasfondo, burbujea latente la fobia a la marroquinización de estos dos bastiones españoles en el mapa de África. También las políticas de control fronterizo y migratorio, a la vez que la burorrepresión, se entretejen alzando barreras a la infancia en este trozo de la Europa contemporánea. En paralelo, la realidad de estos niños se mantiene cargada de imaginación y ganas de andar camino a las aulas, aunque este año sea con mascarilla y manteniendo las distancias de seguridad. 

Bajo el título “los niños que tienen sueños en una ciudad llamada Melilla”, uno de esos pequeños ha escrito una carta con la que pide al Ministerio que acepte su escolarización, para que, de una vez por todas, el final del verano traiga consigo el inicio de las clases.  “¡Ministra, las niñas están en lucha!”, reclama una niña aún más pequeña que repite sin parar uno de los lemas más escuchados en las manifestaciones respaldadas por colectivos como Prodein, que lleva años luchando por la escolarización en la ciudad. “Voy a llamar a todos mis amigas para que vengan a gritar con nosotras hasta que os hartéis de todo nuestro ruido y nos dejéis estudiar ya”, añade otra de las niñas, que sí ha conseguido escolarizarse este año, pero que sigue sin entender por qué sus amigos y vecinas del barrio siguen sin poder pisar la escuela en Melilla. 

En Ceuta, la misma realidad y las mismas vulneraciones se suceden como gotas que van colmando un mismo vaso llamado discriminación. “Estamos ante un hecho de racismo institucional que se perpetúa”, reclama Nines Cejudo, activista de la Red Solidaria de Acogida en un vídeo emitido por Prodein, y añade: “El grado de injusticia clama los límites humanos”. Según la ONG Save The Children, este es un claro ejemplo de vulneración de los derechos de la infancia, donde se anteponen, por encima del Interés Superior del Niño, cuestiones que “poco o nada tienen que ver con la infancia”, entendida como un grupo de personas sujeto de derechos. “No podemos permitir que el Estado deje sin colegio a centenares de niños y niñas cada año”, expresa Jennifer Zuppiroli, portavoz de Save The Children en asuntos migratorios. 

PAPEL Y LÁPIZ

Como se viene documentando desde hace ya varios años, con el inicio del curso escolar, la dirección de los centros educativos en Ceuta y Melilla publica una lista donde figuran los nombres de los niños y niñas no admitidas a la escolarización. Con este anuncio, los peques, y sus familias, reciben la noticia de que se quedarán, como mínimo, otro curso más sin pisar el colegio. La razón que alegan los centros, y también el Ministerio de Educación, es que sus padres y madres no han aportado la documentación suficiente para certificar su domicilio en la ciudad, a pesar de que toda la legislación vigente y los tratados internacionales en materia de infancia indican expresamente la obligatoriedad de la educación, con independencia del lugar de procedencia, la situación administrativa o cualquier otra circunstancia. 

“Ninguna ley dice que es necesario el padrón para estar escolarizado. A nivel administrativo, te piden un padrón porque tienen que poner una dirección, pero toda la legislación vigente dice que cualquier menor tiene derecho y debe acceder a la educación”, explica Laia Costa, activista jurídica en el proyecto Frontera Sur, un trabajo conjunto entre la No Name Kitchen y Solidary Wheels. “Un requisito puramente administrativo está impidiendo la realización de un derecho”, señala. 

Tras presentar más de 100.000 firmas ante el Ministerio de Educación durante dos años seguidos, la campaña por la escolarización en la frontera sur continúa con la estrategia  de iniciar procesos judiciales para llegar, caso por caso, a los tribunales. Una campaña que ha recibido resolución favorable del Defensor del Pueblo, en varias ocasiones, en las que advierte que a la administración de su responsabilidad para facilitar el empadronamiento de estas personas y garantizar el acceso a la educación de estos niños.  

“Si usted no escolariza a un niño, de origen melillense, marroquí o de donde sea, alegando que no tiene permiso de residencia o que no puede estar empadronado en Melilla, está vulnerando el derecho a la educación y, también, el derecho a la igualdad, porque ese niño es igual, ante la ley, a cualquier otro niño nacido en territorio español”, argumenta José Luis Rodríguez Candela, miembro de la Asociación de Abogados Extranjeristas, un colectivo que para el curso 20-21 ya ha presentado recursos administrativos junto a 68 familias. Este mismo año, la judicialización de los casos llegaba incluso al Comité de Derechos del Niño de la ONU, que dio la razón a una de las familias demandantes y ordenó al Estado español su escolarización en un centro educativo melillense. 

SIN PATIO Y MIRANDO A LA PARED 

“Por lo menos intentamos que aprendan a leer y escribir”, expone Carlos Lorente, miembro de Digmun; una asociación que trabaja en Ceuta con mujeres, niños y niñas desde hace más de 15 años. Ofrecen cursos de alfabetización y de transición hacia la escolarización, aunque reconoce que “hay niños que han estado con nosotros durante tres años y no hemos conseguido escolarizarlos”. Son niños y niñas a los que una vez cumplen los 14 años, la asociación “les pierde la pista” porque ya no puede ofrecerles ninguna formación, y se quedan fuera de todo sistema educativo. “No les permiten acceder al empadronamiento ni a la tarjeta sanitaria, tampoco a la búsqueda de empleo ni a ningún trámite que les permita escolarizarse”, señala Lorente. 

El hecho de estar vetado en las aulas no solo lleva consigo problemas académicos en cuanto a contenidos y planes de estudio. También implica consecuencias graves en el desarrollo de los niños, de su socialización y de sus capacidades. “El daño que está sufriendo la infancia que no está escolarizada es incalculable”, expresa Zuppiroli. “Sabemos que hay unas cadenas de exclusión y de pobreza, que se perpetúan cuando la educación no puede aportar su valor de inclusión y de igualdad de oportunidades”, añade. 

Lo advertía también Philip Alston, relator de la ONU, que en su informe de este año volvió a dejar constancia de la vinculación “estrecha” entre la educación y la pobreza, y de los efectos de la discriminación y la segregación de los niños y niñas en edad escolar. “En España existen problemas reales con el coste y la calidad de la educación, así como con la segregación por estado socioeconómico y étnico”, afirmaba el relator, que perfectamente podría aludir a la frontera sur como ejemplo de esta afirmación. “Hay pocas excusas que se puedan poner, simplemente se trata de buscar la manera”, concluye Zuppiroli, porque “cuando hay voluntad, hay muchas casuísticas que se podrían poner en marcha para garantizar que efectivamente ningún niño y ninguna niña se quede sin vuelta al cole”.