Doñana
El activismo para proteger Doñana se reactiva ante el plan para permitir regadíos de la Junta

El pasado miércoles 12 de abril, PP y el partido de ultraderecha Vox, aprobaban el inicio de la puesta en marcha de la Ley que pretende legalizar los regadíos en el Parque Nacional y Natural de Doñana. La propuesta pretende no solo legalizar los regadíos que llevan actuando de forma ilegal durante décadas en la zona, sino también da luz verde a que las extracciones de agua puedan ampliarse. La Junta de Andalucía ha comenzado la tramitación de la medida por la vía urgente, por lo que se prevé su puesta en práctica una vez pasadas las elecciones municipales del 28 de mayo, antes de que comience el verano.

No es la primera vez que el gobierno de Juanma Moreno intenta poner en marcha esta ley, el año pasado la propuesta fue paralizada por el contexto de elecciones autonómicas y la respuesta al documento por parte de la unión europea fue las amenazas con sancionar al estado español si se llevaba a cabo esta propuesta. En junio del año 2021 el Tribunal de Justicia Europeo publicaba una sentencia en la que reconocía que se debía “proteger los valores naturales de Doñana”.

El pasado martes 18 de abril, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, se reunía con Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, para abordar este tema. Sinkevicius ha reiterado la preocupación de la CE sobre la situación de Doñana según palabras de Ribera: “El mensaje principal es que la preocupación no ha cambiado. Lo mejor que deberíamos hacer es invertir en reducir el riesgo que ya existe y no agregar nuevos riesgos a Doñana“.

“Parte de la solución está en transitar hacia alternativas laborales dignas, que bien podrían estar encaminadas a un modelo productivo que tenga en cuenta la regeneración del medio en vez de su destrucción”, comentan Jornaleras de Huelva en Lucha

A pesar del señalamiento a nivel nacional e internacional, no solo de actores de la política gubernamental, sino de expertas científicas, el gobierno de Juanma Moreno parece no titubear en su decisión: “Nadie desde un ático en el paseo de la Castellana va a venir a decirnos qué podemos y qué no podemos hacer con un mando a distancia”, insiste el presidente de Andalucía ante las críticas por su decisión. Este mismo martes, y con el objetivo de sacudirse las críticas, Moreno Bonilla convocaba al ‘Comité de Expertos frente a la sequía’ para anunciar medidas para paliar un contexto de escasez de agua. En esta convocatoria, el presidente del gobierno andaluz echaba balones fueras y exigía al gobierno central que tome medidas: “urge un compromiso mucho mayor del Gobierno de la Nación con las infraestructuras hidráulicas pendientes. Se echa en falta una sólida política de agua”, comenta Moreno Bonilla, que también ha anunciado que invertirá 40 millones de euros en ayuda a ganaderos y agrícolas. Desde la CHG recordaban que “el 87% del agua de la Cuenca del Guadalquivir se gasta en la agricultura, hay que poner coto a la expansión de nuevos regadíos“, advirtiendo de que ”no existe la posibilidad de nuevos regadíos desde 2005“.

Los regadíos ilegales son una cuestión enquistada durante décadas en el entorno del Parque Natural. Casos como el de la Finca Hato Blanco Viejo, que se encuentra en el término municipal de Aznalcazar, Sevilla, recorren toda la cartografía de Doñana. Esta finca ha sido sancionada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo debido a las extracciones ilegales de agua del Parque Natural que lleva realizando desde 1996. Desde Ecologistas en Acción Sevilla recuerdan para este caso que “las extracciones de agua ilegales de Hato Blanco Viejo han contribuido al deterioro del acuífero y a los efectos perversos de ese deterioro en los ecosistemas del Parque, especialmente preocupantes en una zona donde el acuífero se encuentra semiconfinado, bajo decenas de metros de arcillas impermeables y en contacto con aguas salobres, por lo que su recuperación es muy difícil, ya que su sobreexplotación lo saliniza de forma irreversible”. Un ejemplo paradigmático de los cientos de regadíos ilegales que diariamente se encuentran desecando el Parque Nacional.

Movilizaciones contra la ley de regadíos

Por todo ello, la Plataforma Salvemos Doñana ha retomado el trabajo que llevan años realizando para proteger el Parque Natural, como ya hicieron ante las amenazas de fracking en el suelo de Doñana por parte de la empresa Gas Natural. El colectivo ha anunciado la puesta en marcha de diversas acciones para la participación ciudadana en defensa de Doñana y en protesta contra la Ley de Regadíos del gobierno andaluz: jornadas de información y debate en los municipios afectados por el problema del exceso de regadíos y de extracción de agua, y actos de performance en la ciudad de Huelva. También llaman a toda la ciudadanía a una gran manifestación en Sevilla el próximo 14 de mayo que espera una respuesta multitudinaria a la situación de abismo a la que están llevan al parque natural. “Reclamaremos otra forma de hacer las cosas, con participación, debate y consenso, con una visión de trabajo integradora para Doñana y que la actividad económica agrícola de buenas prácticas tenga cabida con las demás actividades, para proveer de un futuro a sus habitantes sin mermar la fuente de recursos finitos que constituye este espacio natural protegido tan altamente valioso, singular y vulnerable”, insisten desde la plataforma.

Por su parte, desde el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha señalan que “el sistema productivo actual está dejando más que claro, con las consecuencias que está causando en nuestro medio natural, que no es sostenible. Toda el agua que se usa en regadíos y la contaminación de la misma, a partir del uso indiscriminado de toneladas de agroquímicos para que la fruta crezca rápido y en abundancia, no hacen más que enfermar la vida: la nuestra propia y la de nuestro entorno”. Y además añaden la necesidad de buscar nuevos modelos de producción que respeten el entorno y también a las personas que trabajan en el campo: “Parte de la solución está en transitar hacia alternativas laborales dignas, que bien podrían estar encaminadas a un modelo productivo que tenga en cuenta la regeneración del medio en vez de su destrucción, garantizando la sustentabilidad de los recursos naturales, pero, sobre todo, aprovechando la experiencia, conocimientos y saberes de la población que lleva más de una vida trabajando las tierras y conociéndola en todas sus etapas, y que sabe cómo utilizar los mismos recursos naturales que la tierra genera para ayudarla a seguir dando frutos”.