América Latina
Guatemala: cerco a la corrupción política

Guatemala vive tiempos de indignación permanente. La sociedad civil ha encontrado en el trabajo de investigación y denuncia del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) un respaldo importante en su lucha contra la corrupción. La severa crisis institucional actual se produce apenas dos años después de que la presión social forzara la renuncia del presidente anterior, el militar Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

“Hemos visto que si las instituciones hacen su trabajo, avanzamos a pasos agigantados”, afirma a 'El Salto' Gabriel Wer,uno de los fundadores del colectivo Justicia Ya, Gabriel Wer. Nacido con el hashtag #RenunciaYa, este movimiento clave en las movilizaciones sociales fue determinante para la caída de Pérez Molina y de Baldetti acusados de formar parte de una red de corrupción aduanera.

“Surgimos en 2015 junto a otros movimientos urbanos como respuesta ciudadana movilizada, tratando de articularnos con organizaciones históricas, indígenas, campesinas, estudiantiles de otras áreas del país”, recuerda Wer, que centra en el paro general del pasado 20 de septiembre el punto de mayor indignación.

“De los veintidós departamentos que hay en el país, en veintiuno hubo manifestaciones masivas”, explica el joven militante que, aunque optimista, admite que “aún no es una articulación suficiente para lograr algo mucho más fuerte”. “Vemos que estamos acercándonos a tocar fibras que no se habían tocado, lo notamos por los políticos que están saliendo ahora y antes no lo hacían. Hay una sensación de que están acorralados, sus movimientos van en esa línea. Pero no, no hemos llegado a ese punto de quiebre de que no hay vuelta atrás. Falta muy poco”, continúa.

Para Marta Godínez, de la Alianza Política del Sector de Mujeres, la crisis es “sistémica”, en especial en el sistema de partidos políticos. “Ha salido a la luz cómo los poderes fácticos vinculados han desarrollado una estrategia de cooptación de los diferentes órganos de decisión políticos –parlamento, ministerios, alcaldías–. El Estado como botín de negocio, se institucionaliza la corrupción y el saqueo, el clientelismo”, analiza.

Cuando las instituciones de control funcionan

El trabajo de Iván Velásquez, jefe de la CICIG, organismo dependiente de Naciones Unidas, está siendo un auténtico acicate contra la corrupción y un dolor de cabeza permanente para el presidente Jimmy Morales y el entramado político que lo protege. También el de la titular del Ministerio Público, la fiscal general Thelma Aldana.

A finales de agosto la CICIG solicitó el antejuicio –suspensión del aforamiento– de Morales para permitir la investigación penal sobre su posible vinculación en un caso de financiación ilícita en la campaña electoral 2015 de su partido, el FCN Nación. El presidente respondió declarando a Velásquez “persona non grata” y decretando su expulsión inmediata del país. Estos dos hechos han desatado una crisis que ha derivado en movilizaciones, la renuncia de tres ministros, la condena internacional, y que el Tribunal de Constitucionalidad paralizara la salida del comisionado por ser una medida adoptada al margen de la legalidad.

En días posteriores, Morales recibió el respaldo de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), pero, como aclara Godínez, “de los más de doscientos cuarenta alcaldes que lo han respaldado, ciento treinta nueve están vinculados a delitos de corrupción, con señalamientos de defraudación fiscal, negocios ilícitos, desfalcos y desvío de fondos”.

El analista e investigador Héctor Rosada, quien en 1993 fue el representante del Gobierno en las negociaciones de paz entre guerrilla y ejército, subraya que la CICIG es una de las “hijas predilectas” de los acuerdos de paz y nació porque “era necesario un mecanismo –inédito hasta entonces– que permitiera fortalecer el sistema de administración de la Justicia penal, en especial del Ministerio Público”.

También destaca el desempeño de Aldana y su antecesora en el cargo, Claudia Paz y Paz, “dos mujeres al frente del Ministerio que empezaron a darle vida al organismo creando una fiscalía de combate al crimen organizado y otra especializada en Derechos Humanos y graves violaciones producidas en el conflicto armado interno”.

La mayor conflictividad se produciría a mediados de septiembre, cuando el Congreso de diputados no solo se negó a desaforar a Morales, sino que, con carácter de “emergencia nacional”, decretó modificaciones en el Código Penal. Morales quedaba blindado ante futuras investigaciones y se reducían las penas de prisión para los delitos de corrupción o directamente se sustituían por el pago de multas.

La respuesta de la sociedad civil fue inmediata ante lo que se llamó “El Pacto de los corruptos”. El viernes 15 de septiembre, día de la Fiesta Nacional, la ciudadanía rodeó el Congreso y mantuvo encerrados a los legisladores durante más de siete horas exigiendo su renuncia inmediata. A pesar de que ya habían pedido perdón tras suspender los cuestionados decretos, hasta cerca de la medianoche no pudieron salir en cochesblindados policiales.

¿Cómo continuar la lucha?

Tras días de tensa calma, desde el gobierno y los medios de comunicación afines se intenta reforzar un mensaje: es necesario restablecer la estabilidad institucional. La visita de Morales a la ONU para reunirse con su secretario general Antonio Guterres y la presentación de credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos cierran filas en ese sentido. “La gente lo percibió como un mensaje de la comunidad internacional de 'bueno, ya pasó la crisis, tratemos de reconstruir a partir de aquí'. Pero la mayoría vemos inaceptable que siga en el puesto”, reafirma Wer.

A principios de 2018 debe renovarse el puesto de fiscal general y preocupa que hasta el momento todas las iniciativas tendentes a transparentar la elección han sido bloqueadas en el Congreso. “Cualquier cosa pueda pasar, porque no hay garantías. Y si perdemos la fiscalía sería un golpe muy duro para los movimientos anticorrupción”, sentencia.

Octubre ha comenzado con más agitación. La CICIG y el Ministerio Público han solicitado el desaforamiento del alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, figura controvertida que cumple su quinto mandato y aún guarda cierto respeto porque en su cargo como presidente, en 1996, firmó los Acuerdos de Paz con la guerrilla. Se le acusa también de financiación ilegal de su campaña, entre otros delitos.

Los movimientos son conscientes de que es una figura “querida”. “Tiene apoyo de los militares, de grandes empresarios y de sectores poderosos. Nunca pensamos que pudiera ser alcanzado por la Justicia, porque cualquier proceso que se ha intentado contra él las Cortes lo han desestimado”, informan desde Justicia Ya.

Mientras, los colectivos movilizados estudian la posibilidad de ir a un paro general de tres días a finales de octubre y la plataforma ha pedido el antejuicio de los diputados que aprobaron los decretos de impunidad. En tanto, continúan los escraches a esos legisladores: la gente cuelga mantas con sus caras pidiendo la renuncia o, en el caso de legisladores –que son catedráticos–, los estudiantes se niegan a recibir sus clases y piden que se les rescinda el contrato.

“El desafío ahora es cómo seguir presionando para lograr nuestras exigencias. El problema es que subir un poco el volumen a esa presión puede desembocar muy fácilmente en violencia, tenemos que encontrar el equilibrio perfecto”, anticipa Wer.

La paciencia de la gente se acaba y nadie puede asegurar que Jimmy Morales finalmente no tenga que dimitir o termine detenido, como su antecesor. En todo caso, lo importante es que la sociedad civil acompaña y sostiene desde la calle el trabajo de los órganos de garantías.