Derecho al agua
Luces y sombras de dos años de gestión pública del agua en Terrassa

En diciembre de 2019, al cumplirse el primer año de gestión pública del agua en Terrassa (Barcelona), la teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad del Ayuntamiento, Lluïsa Melgares, y el gerente de Taigua, Ramon Vazquez, presentaron los resultados de los primeros doce meses: un millón de euros de beneficio que por primera vez en siete décadas no se repartieron a gusto de los miembros de un consejo de administración privado. Pero, ¿a qué se destinó lo que se ganó en el primer año de gestión pública? Mayoritariamente, a mantenimiento, mejora y atención a averías de la red de distribución, bastante anticuada, anunciaron entonces desde la Alcaldía. ¿Pudieron decidir los ciudadanos, de alguna manera, a qué se destinaba ese dinero? La respuesta es no.

Para el Observatorio del Agua de Terrassa (OAT), el órgano participativo municipal para la gestión y gobernanza de la gestión de agua, es fundamental ahondar en los procesos de participación ciudadana y control social de la gestión del agua. Beatriz Escribano es la presidenta del Observatorio: “No tenemos margen de decisión sobre a dónde va el dinero de los beneficios de la empresa pública del agua, más allá de la parte en la que tenemos representación del consejo de Administración de Taigua”, señala.

El Ayuntamiento, por voz de la teniente de alcalde Lluïsa Melgares, asume que el papel del OAT es el de “reclamar al Ayuntamiento que se dé prisa y haga las cosas mejor, y lo hace bien”. Pero también advierte de los plazos y maneras de trabajar de la administración, que resultan ineludibles: “Nosotros trabajamos todas las propuestas que nos llegan del OAT, y sé que la administración va lenta y la ciudadanía tiene prisa; pero asumir municipalmente toda la gestión del agua en una ciudad como Terrassa es muy lento”.

Terrassa es cocapital, junto a Sabadell, de la comarca catalana del Vallès Occidental. Una zona altamente industrializada desde el siglo XIX, cuando se establecieron unas clases obreras que trabajaban en las industrias y unas clases burguesas que se dedicaban a la acumulación de capital.

Casi dos años después de gestión pública, quedan vigentes seis contratos entre MINA y el Ayuntamiento, con un par de años de vigencia

Pese a su cercanía Barcelona, tanto Terrassa como Sabadell tejieron en aquellos tiempos identidades diferenciadas a las de la capital. Hace medio siglo, en tiempos de las grandes migraciones de familias del sur de España en busca de trabajo y vidas dignas, Terrassa acogió decenas de miles de inmigrantes. Fue desde entonces cuando se configuró, junto a Sabadell, como grandes ciudades del cinturón urbano de Barcelona.

Los equilibrios entre las aristas del triángulo formado por Taigua, el Ayuntamiento y el Observatorio son difíciles. El OAT, que este año cuenta con un presupuesto de alrededor de 17.000 euros, no quisiera verse reducido, con el tiempo, a un mero órgano consultivo sin más atribuciones. Anna Crispi es la jefa de la Sección del Agua del Ayuntamiento, y resume las funciones de cada uno de los tres entes: “Las funciones del Ayuntamiento, Taigua y el OAT son diferentes y complementarias. El titular del servicio y quien toma las decisiones es el Ayuntamiento. Taigua es la gestora, quien ejecuta el servicio y asegura el abastecimiento de agua en la ciudad. El OAT tiene la función de órgano de participación donde se hacen propuestas y se fiscaliza el trabajo de las otras dos”.

Para la doctora en antropología social, Edurne Bagué, la cosa va por otro lado: “Se ha de trabajar más que las personas y la ciudadanía puedan rendir cuentas con el Ayuntamiento. Porque si el agua es un bien público, la gente ha de tener algo que decir, y eso es lo que todavía no ha entendido el Ayuntamiento. No entiende qué significa trabajar con la OAT”. Hacia 2015, la doctora Bagué conoce la Taula de l'Aigua y el proceso de remunicipalización de Terrassa, tema sobre el que versaría su tesis doctoral. La experta entiende que estas prácticas de participación real se ven, desde la administración, como invasivas: “A los políticos no les entra en la cabeza, y les genera rechazo porque lo atribuyen a un cuestionamiento de sus propias figuras políticas y sus propios roles”.

¿Qué significa para la administración trabajar con activistas y viceversa? Este debate, siempre presente en los movimientos sociales, ha calado también en el OAT, que ha superado una crisis este mismo mes de mayo cuando su anterior presidente, Juan Martínez, presentó su dimisión mediante una carta aludiendo motivos personales.

En Catalunya, un 80% de la población recibe el agua por parte de empresas privadas o de operadoras mixtas, es decir empresas participadas por otras empresas privadas

Esta dimisión resulta un punto de inflexión en todo el movimiento de remunicipalizción del agua en Terrassa. Un movimiento que empezó a gestarse a partir del pistoletazo que supusieron las movilizaciones ciudadanas del 15M, en 2011, para los movimientos sociales; que empezó a tomar forma allá por 2013, de la mano del proyecto político Procés Constituent que lideraron Arcadi Oliveres y Teresa Forcades en Catalunya; y que se organizó para 2014, cuando el movimiento por la remunicipalización del agua en Terrassa estableció contactos con la plataforma Aigua és Vida.

“La riqueza de la Taula de l'Aigua es que asume el discurso que el agua no es una mercancía y lo llena de contenido —explica la antropóloga Edurne Bagué—. Fue clave en todo aquel proceso de creación de una conciencia pública sobre el tema del agua el hecho que el grupo de trabajo del proyecto fuera transversal, y que la gente que podía tener reticencias sobre el proceso estuviera presente desde el comienzo, aprendiendo a medida que se iban generando los debates”, concluye.

DESEMBARCO EN LAS INSTITUCIONES Y EFECTO REBOTE

Como pasa en todo movimiento social que consigue un éxito, tiempo después el sistema se reorganiza y se produce un efecto rebote. MINA se queda sin la gestión, pero puede ir trampeando unos años gracias a los contratos pendientes y el saneamiento y las alcantarillas. El Ayuntamiento ha visto cómo de repente ha de tratar estos temas con el OAT, gente muy diferente al empresariado de MINA, pero es capaz de imponer sus tiempos, sus plazos y sus métodos.

El movimiento social del agua celebró su primer gran éxito con la remunicipalización, pero entre las dificultades de tratar con la administración y la gestión interna del propio movimiento, que a veces recela de estar en la administración, “el empuje se acaba”, tal y como explica el vicepresidente del OAT, Francisco Rodríguez: “El movimiento por el agua pública se encuentra en un momento de impasse. Justo cuando concluíamos las negociaciones con el Equipo de Gobierno, hubo elecciones en 2015, y el Gobierno cambió —explica Rodríguez—, eso ralentizó mucho las cosas, y se tuvo que empezar de cero con el nuevo consistorio”.

En retrospectiva, haciendo balance y más allá de los debates internos y las dificultades por ahondar en el control social de la gestión del agua, desde el OAT hacen énfasis en todo el trabajo realizado desde diciembre de 2018, cuando el servicio pasó a manos públicas: “Hemos logrado permeabilidad entre los grupos de trabajo del Observatorio, grupos de investigación universitarios, con el Ayuntamiento y Taigua, con una plataforma de comunicación muy intensa, que nos aporta mucho conocimiento, clave para elaborar futuros proyectos y políticas”, resume la presidenta del OAT, Beatriz Escribano.

“El punto focal es Agbar —resume la portavoz de Aigua és Vida, Miriam Planas—, este monopolio se ha construido durante décadas en nuestro país, con una concesión para la gestión del agua que data de la época franquista”

Casi dos años después de gestión pública, quedan vigentes seis contratos entre MINA y el Ayuntamiento, con un par de años de vigencia. Son contratos por servicios como el de informática, alquiler de locales o compra de agua de pozos, todo fruto del acuerdo al que se llegó en 2018, al final de la cuarta prórroga que se concedió a MINA después de diciembre de 2016: “Estos contratos responden a la intención de llegar a un acuerdo que sirviese para pacificar y para acelerar el proceso para que la ciudadanía de Terrassa tuviese un agua pública”, justifica la teniente de alcaldía Lluïsa Melgares.

“Hablando con fuentes municipales —recuerda el viepresidente, Francisco Rodríguez, desde el OAT— nos explicaban que, a veces, cuando alguien pedía demasiada información a MINA, el presidente Marià Galí llamaba directamente al alcalde para preguntar qué pasaba, que si él no llevaba bien las cosas del agua. Y allí acababan las preguntas”.

Ciertamente, todos los testimonios preguntados para este artículo coinciden en señalar la gran tensión que se vivió durante todo el proceso de remunicipalización. El alcalde, Jordi Ballart, dejó su partido (el PSC) y la alcaldía en noviembre del 2017 aludiendo motivos personales: “No fue únicamente por este motivo, pero sí principalmente —también se le atribuye la dimisión a desacuerdos con su partido por la aplicación del artículo 155, que supuso la intervención de la autonomía catalana—; la decisión de municipalizar el agua provoca una presión muy importante por parte de los lobbies, no solamente de MINA”, señala la teniente de alcaldía, Lluïsa Melgares. Ballart denunció amenazas, y la investigación policial se encuentra actualmente en curso. Posteriormente, el alcalde fundó un nuevo partido, Tot per Terrassa, con el cual ganó las elecciones, y la alcaldía, en mayo del 2019.

Como dice Edurne Bagué, “privatizar se hace en un día, pero devolverlo a lo público cuesta mucho tiempo”

No se puede saber quién es culpable de esas presiones hasta que la justicia no se pronuncie, pero es fácil nombrar las empresas que forman el lobbie del que habla la teniente de alcaldía Melgares. En Catalunya, un 80% de la población recibe el agua por parte de empresas privadas o de operadoras mixtas, es decir empresas participadas por otras empresas privadas. De estos, un 70% de la población recibe agua por parte de la empresa Agbar, filial de la multinacional Suez, que declara unos ingresos anuales de más de 15.000 millones de euros. En el resto del mundo, el 90% de la ciudadanía recibe agua pública. En España, el 50%; y en Europa, el 80%. Agbar, a su vez, era la máxima accionista de MINA en Terrassa. “El punto focal es Agbar —resume la portavoz de Aigua és Vida, Miriam Planas—, este monopolio se ha construido durante décadas en nuestro país, con una concesión para la gestión del agua que data de la época franquista. Esto se ha perpetuado en el tiempo, llegando hasta la situación de hoy en día”.

¿HAY ENCAJE?

¿Puede encajar una propuesta articulada y plural como el OAT en la administración pública? Ahora mismo, con leyes que limitan la participación y las costumbres políticas actuales, es difícil. Para Miriam Planas, el movimiento de remunicipalización en Terrassa “aún debe crecer, afianzarse y fortalecer y dependerá su éxito en el tiempo de si la ciudadanía se reapropia de esta gestión de manera efectiva”.

Según asegura Hug Lucchetti en su trabajo de final de máster sobre el proceso de remunicipalización de agua en Terrassa, “hay que avanzar en propuestas que incorporen cambios en los reglamentos de participación para incluir la perspectiva de la coproducción y cogestión de servicios y políticas públicas, así como construir nuevos relatos que ayuden a cambiar la actual cultura política recelosa ante estos tipos de innovaciones”. Al tiempo.

Como dice Edurne Bagué, “privatizar se hace en un día, pero devolverlo a lo público cuesta mucho tiempo”. A niveles prácticos, Miriam Planas recuerda que en los próximos años decenas de ciudades en Catalunya verán finalizadas sus concesiones con empresas privadas por la gestión del agua. Si en esas ciudades llegan a la fecha en que finaliza el contrato con el nivel de trabajo y red conseguido por entonces en Terrassa, quizás puedan emprender un proceso de remunicipalización y hacer frente también a los problemas, discrepancias e impedimentos que conlleva no dejar en manos de la empresa privada el control y beneficio de la gestión de un bien y un derecho básico como es el servicio de agua.