Violencia machista
La ley no se aplica correctamente para proteger a las mujeres y a la infancia de la violencia machista

Ha sido la primera vez y no será la última. El I Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional celebrado en Mérida los días 20 y 21 de mayo ha cumplido las expectativas de analizar e informar sobre el estado de la cuestión en nuestro país y generar propuestas colectivas para su prevención y erradicación. El evento, celebrado en el Palacio de Congresos de la ciudad extremeña, ha reunido a más de 24 ponentes que han abordado “estas violencias que sufren infinidad de mujeres en nuestro país” y ha logrado un éxito en audiencia: más de 750 personas han asistido presencialmente, más de mil lo han seguido en streaming y sus sesiones en vídeo ya cuentan con miles de visualizaciones.

Organizado por la Asociación feminista de profesionales especialistas en Género y Desarrollo, Mujeres Libres Mujeres en Paz, y la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista (APPF); señalan en una nota de prensa que la idea de este encuentro nació cuando las víctimas y las plataformas de apoyo se dieron cuenta de que algunos de los sistemas de protección en España repetían en sus actuaciones un mismo patrón, como la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), por el cual “las mujeres tienen aún menos probabilidades de ser creídas cuando denuncian la violencia física y sexual cometida por los padres contra ellas y sus hijos e hijas”, como señala la ONU. Estas organizaciones llegaron a la conclusión de que “la devastación y desaliento que sufren estas víctimas requiere de un apoyo permanente y continuado, y de un sistema de protección que contemple medidas reales y efectivas. Y que estas sólo serán posibles con unidad de acción para la puesta en práctica de propuestas en todos los ámbitos y en las distintas instituciones, el cumplimiento de los mecanismos e instrumentos de las leyes de protección ya aprobadas y la especialización de profesionales y las organizaciones  e instituciones implicadas”.

Los conceptos de violencia vicaria y violencia de género institucional cada vez son más conocidos, y la preocupación social en nuestra sociedad acerca de los mismos sigue aumentando. Los casos en España respecto a estas violencias son alarmantes, tanto es así que Naciones Unidas ha manifestado su “gran preocupación” en tres ocasiones diferentes en tan sólo tres meses, “El sistema judicial español no protege suficientemente a los menores de padres abusivos” han afirmado públicamente expertos de la ONU. La organización internacional reconoce que existe un sesgo discriminatorio que hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble que el de los hombres, aun teniendo pruebas de haber sufrido maltrato; y ha instado a España a “hacer más para que su legislación se aplique y a tomar medidas efectivas para evitar estos casos”.

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Abusos a la infancia

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El organismo internacional apercibe a España de nuevo por “desproteger” a la hija de Diana García, quien, tras la sentencia de divorcio, perdió la custodia de la menor en favor del padre, sobre el que recaen acusaciones de abusos sexuales contra la niña.

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La violencia vicaria existe porque las instituciones lo permiten

Muchas han sido las expertas que han participado en el Encuentrovvvi en un programa con diferentes mesas donde contemplar estas violencias desde los puntos de vista jurídico, psicosocial, sanitario y de comunicación; además de escuchar las voces de las mujeres que las sufren y las organizaciones civiles que las defienden y acompañan. Entre estas no podía faltar Sonia Vaccaro, psicóloga que lleva más de treinta años investigando estas violencias, que acuñó el término de violencia vicaria, violencia que según ella “existe porque las instituciones lo permiten”. 

“La violencia institucional se asienta sobre la misoginia que genera el patriarcado que sigue sosteniendo el concepto de pater familia”

Vaccaro defiende que “la violencia institucional se asienta sobre la misoginia que genera el patriarcado que sigue sosteniendo el concepto de pater familia”, un concepto que viene del sistema romano y que hoy en día se sigue usando en contraposición a la premisa de la falsedad de testimonio en caso de la mujer, “a la que se somete en primer lugar, siempre que denuncia, a un análisis de la veracidad del testimonio en un proceso en el que el bien tutelado es el interés del rol del pater familia y todo siempre está dirigido a favor de favorecer ese rol” asegura.

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Violencia machista

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El informe ‘Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres’ analiza 51 casos de este tipo de violencia, ejercida sobre las hijas e hijos para dañar a la madre en su grado más extremo, de entre una muestra de 400 causas de asesinatos de menores en España.

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Ese momento clave donde el caso se tuerce

En la mesa Mirada desde el ámbito jurídico, con la participación de Lorena Garrido Jiménez, Profesora de Ciencias Políticas y Derecho Público; las abogadas Altamira Gonzalo Valgañón y Carmen Simón Sánchez; y la Magistrada de Primera Instancia e Instrucción y Violencia de Género en Carlet, Valencia, Lara Esteve Mallent, se ha señalado el déficit de España en la protección judicial y la reparación del daño a menores con lagunas legislativas como, por ejemplo, “que la acreditación administrativa de víctima de violencia de género todavía no incluye a menores”.

Lorena Garrido ha puntualizado que la violencia vicaria no es un concepto nuevo, sino que “le estamos poniendo nombre y visibilizando como lo que es: parte de una violencia estructural y por ello que se necesitan soluciones integrales, transversales e interseccionales”. Ha destacado la situación vulnerable de las mujeres inmigrantes que “también sufren este tipo de violencias y que en la mayoría de situaciones se intenta aplicar las leyes de extranjería en vez de aplicar la ley de violencia contra la mujer”.

“Cataluña es la única que contempla en su legislación el concepto de violencia institucional y explicita que el Síndrome de Alienación Parental forma parte de este tipo de violencia”

Altamira ha destacado la escasa legislación autonómica en esta materia, sólo las Comunidades Autónomas de Cataluña y Galicia incluyen la violencia vicaria en leyes autonómicas. “Cataluña es la única que contempla en su legislación el concepto de violencia institucional y explicita que el Síndrome de Alienación Parental forma parte de este tipo de violencia”, asegura. Defiende que es violencia institucional el hecho de no creer en los relatos de los niños, niñas y mujeres cuando denuncian abusos sexuales o violencia, “ese descreimiento es la consecuencia de un estereotipo y un prejuicio, es violencia institucional cuestionar los testimonios, recortar las instituciones de violencia de género, imponer multas disuasorias a las madres, esos informes que recogen que el padre es la figura correcta y es la madre quien dificulta las relaciones mencionando al SAP”.

La jueza Esteve ha insistido en la necesidad de poner al niño y la niña en el centro de su trabajo. “Hay veces que no hay personal especializado en atención psicológica a la infancia en casos de violencia en los que hay menores; hay que establecer sistemas de protección hacia las madres, pero también sobre los niños y niñas y debe ser de manera individualizada”, ha asegurado.

También ha abordado dos clases más de violencias: la económica y la asistencial, la primera reconocida por el Tribunal Supremo, “que somete a una doble victimización, la de los niños que no reciben los recursos por parte del progenitor y la de la madre que tiene que realizar un doble esfuerzo para compensar la pérdida económica”. La asistencial le parece preocupante porque “no se suele percibir judicialmente”; esta se produce cuando un progenitor incumple el régimen y/o los horarios de las visitas o fechas vacacionales, no se comunica o responde al teléfono cuando está al cargo del menor o envía a una persona desconocida a recoger o devolver al menor, “situaciones donde se crea inestabilidad emocional, confusión, falta de confianza en el niño o niña y ansiedad, pérdida de forma organizativa y perjuicio psicológico para la madre”, afirma.

Para Carmen Simón, el problema jurídico de estas violencias radica en el primer estadio de las denuncias, “siempre hay un punto donde el caso se tuerce, puede ser porque se ha asesorado mal a la mujer a la hora de poner la denuncia por parte de policías, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, quien sea, y en ese momento, todo se va al garete”.

También alude a la falta de formación específica en infancia por parte de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de primera instancia en casos de violencia vicaria o violencia contra menores; sus informes a menudo llevan a un juez a archivar el caso, lo que considera el principio de la pesadilla de la mujer que denuncia, “es cuando el maltratador lo utiliza para resarcirse contra la mujer y se querella contra ella por denuncia falsa, por sustracción, por desobediencia, o cualquier otro delito que se les ocurre”. Para Simón, tiene que haber juzgados especializados en menores, “los niños no mienten y las madres tampoco, jamás”.

El encuentro también ha apuntado a la violencia de segundo orden en la que los maltratadores castigan y desacreditan a las personas que acompañan a las mujeres que denuncian: profesionales, amistades, familiares, etc.

El quid de la cuestión

En la mesa Las voces de las mujeres en diálogo con representantes de instituciones públicas y organismos internacionales ha participado Reem Alsalem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; en su primera visita a España. Reem ha tratado sobre la interpretación discriminatoria de la judicatura de nuestro país de la legislación nacional, uno de los puntos centrales de la reivindicación del Cedaw, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer del organismo internacional, al Gobierno español.

Para Reem, “hay casos en los que la judicatura española tiene prejuicios que influyen en la manera en la que perciben las acusaciones de violencia de género o violencia vicaria contra la madre” y ha recordado que “el CEDAW establece la obligación del Estado de asegurarse de que todos los procedimientos que tengan que ver con violencia de género sean objetivos e imparciales y no afectados por los estereotipos”. Para que esto no sea así, recomienda “aplicar formaciones mandatorias no solo para los jueces, también para todos los trabajadores y trabajadoras del procedimiento judicial de violencia de género: abogacía, magistratura, atención psicológica”.

“En España los testimonios de padres presuntos abusadores tienen más credibilidad que los de las madres que denuncian los abusos”

Sara Plaza Casares

Violencia machista

Reem Alsalem, relatora de la ONU “En España los testimonios de padres presuntos abusadores tienen más credibilidad que los de las madres que denuncian los abusos”

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Naciones Unidas acaba de llamar la atención de España por no proteger de manera adecuada a los niños y niñas víctimas de abusos sexuales. Reem Alsalem es la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres que encabeza este dictamen y afirma que han recibido más de 30 casos con el mismo patrón.

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La relatora de Naciones Unidas ha celebrado este encuentro en el que “se puede pensar colectivamente sobre otros pasos para que el poder judicial español se conciencie sobre el tema” y ha reflexionado sobre la necesidad de contemplar de forma conjunta la violencia contra las mujeres y los niños y niñas, y no como hechos aislados, “las madres protectoras defienden derechos humanos”. En este sentido también ha pedido que “Toca organizarnos para crear jurisprudencia en este tema y necesitamos información de vuestra parte, de las organizaciones civiles. Hay que establecer vínculos entre nosotras; lo que pasa aquí en España, lo están viendo las madres de Brasil y las madres de otras partes del mundo, hay que crear una red internacional”.

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Vicky Rosell, ha coincidido con Reem en la necesidad de una colaboración internacional para avanzar y evitar este tipo de violencias, y por su parte ha señalado la dificultad de que “una de las patas esenciales en el fallo del sistema sea el poder judicial”. Rosell entiende que quedan muchas cosas por hacer y abordar pero aconseja a las abogadas y madres que no las hagan en primera persona “porque es arriesgado; si alguien cree que debe reaccionar ante determinados incumplimientos,  creo que debe ser a través de una reforma articulada y colectiva, y no poner en riesgo a quienes más vulnerables están en ese momento, que son las propias víctimas y sus hijas e hijos”. La magistrada defiende que, “el problema no es tan sólo legislativo sino de aplicación, la no aplicación de las leyes tiene este patrón discriminatorio de la judicatura”.

Teresa Peramato Martín, Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, ha sido muy clara sobre su posición sobre lo que denomina  “El falso Síndrome de Alienación Parental'' , que considera una forma de maltrato, control y dominación hacia la mujer y una forma de maltrato infantil. Peramato afirma que el SAP no está prohibido explícitamente por la Ley pero, “Los poderes públicos tenemos la obligación de trabajar en medidas para que no prosperen los informes psicosociales que defienden la aplicación de estos u otros criterios pseudo-científicos;  y los jueces, cuando los reciben, no deberían tenerlos en cuenta porque se apartan de los estándares oficiales internacionales”. Para la Fiscal, la protección hacia la mujer y la infancia debe ser global y holística; y esto se consigue con la formación de las personas profesionales de la materia.

El papel de los medios de comunicación

La periodista especializada en género, cooperación al desarrollo y Derechos Humanos, Marisa Kohan, ha puesto de manifiesto en el encuentro la dejación de funciones en la información con perspectiva de género que están realizando los  medios de comunicación, ”el verdadero periodismo es el que molesta, el periodismo tiene que abrir el debate; no se puede hacer periodismo sin perspectiva de género y no se puede hacer periodismo con perspectiva de género sin formación: hay que ir a las fuentes y especialistas”.  Para Kohan, los medios no hacen un seguimiento del tema ni de los casos; señala que habitualmente no se dedica el tiempo suficiente para llegar a ese momento en el que el proceso se tuerce y analizarlo, “hacemos con las víctimas lo mismo que cuando llegan ante el juez, que les dice que vayan al grano. No es habitual sentarse un largo tiempo con una persona para poder entender el caso, no sabemos desde dónde está hablando”. 

Marisa reivindica formación reglada especializada en género en las facultades de comunicación y no voluntaria; y presenta el caso del tratamiento comunicativo de la asociación Infancia Libre como “ejemplo de estudio en las facultades de periodismo sobre cómo no se debe hacer el periodismo”.

El Encuentrovvvi ha sido patrocinado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida, Calala Fondos de Mujeres, Volando Vengo, el Instituto de la Mujer de Extremadura y las diputaciones de Badajoz y Cáceres; y en él han participado distintos cargos públicos de la Comunidad extremeña: Isabel Gil Rosiña, Consejera de Igualdad y Cooperación de la Junta de Extremadura, Cristina Valadés Rodríguez, Diputada de Juventud, Igualdad y RUHC, de la Diputación Provincial de Badajoz, Amelia Molero Fragoso, Diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención a la Ciudadanía, de la Diputación Provincial de Cáceres, Ana Aragoneses Lillo, Concejala del Ayuntamiento de Mérida y Carmen Núñez Cumplido, Directora General de Servicios Sociales Infancia y Familias de la Junta de Extremadura.

Esta ha sido la primera vez que plataformas de apoyo a las víctimas, profesionales e instituciones autonómicas, estatales, europeas e internacionales implicadas en la protección de víctimas de violencias de género, incluida la infancia, se han unido y trabajado de forma conjunta. Este diálogo feminista quiere servir de plataforma para generar una Hoja de Ruta que reciba el consenso y respaldo de la mayoría de las actoras y actores implicados, marcando así las líneas prioritarias que hagan posible, en nuestro país, una auténtica justicia para las víctimas.