Racismo
La muerte de dos temporeros en una fábrica abandonada de València reaviva el movimiento por una política migratoria digna

La falta de viviendas dignas para temporeros es un mal estructural, racista y endémico de la ciudad de València, tal y como recuerda el movimiento antirracista de València. Los empresarios del campo se benefician todos los años de la mano de obra barata de las y los sin papeles, en condiciones de semiesclavitud, con el beneplácito de las administraciones. Un ejemplo puntual de esta situación, fue cuando en plena pandemia, mientras el Estado mandó a la sociedad a confinarse, permitió que los y las temporeras siguieran trabajando en condiciones por debajo de la línea de los derechos humanos para asegurar el suministro de alimentos. 

La reciente muerte de Abraham I. de 52 años afectado por cáncer hepático y de Richard A. de 43 años, en principio por causas naturales, ambos de nacionalidad ghanesa, además de conmocionar a los colectivos que les acompañaban, ha vuelto a hacer sonar las alarmas de la falta de plazas y de centros de acogida dignos, en especial en temporada de invierno. Richard no padecía ninguna enfermedad, estaba implicado en las actividades del barrio y ayudaba a sus compañeros para que obtuvieran su documentación. “Carlos, ¿dónde puedo informarme si han perdido el registro de dos años de empadronamiento de Moha?”, me preguntó en perfectas condiciones hace unos días. Si la autopsia no confirma lo contrario, Richard habrá muerto por las pésimas condiciones de la exfábrica donde residía, orillado por la Ley de Extranjería y el racismo, a pesar de tener el apoyo desinteresado de varias personas.

Richard habrá muerto por las pésimas condiciones de la exfábrica donde residía, orillado por la Ley de Extranjería y el racismo, a pesar de tener el apoyo desinteresado de varias personas

La situación no es de hoy, se trata de un mal endémico, parte del racismo estructural imperante en la ciudad de València y en Europa. Corría el año de 2007. Una centena de migrantes temporeros de la naranja, personas africanas, marroquíes, rumanas, indias y de otras tantas nacionalidades malvivían durmiendo al raso, debajo del puente de Ademúz, en pleno centro de València. El Partido Popular de Rita Barberá en el poder aprobó la construcción de una red de 12 centros de acogida con dinero público, en el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo, PAVACE, entre 2001 y 2006, con un presupuesto anual de más de 11 millones de euros. No se construyó ninguno, y lo que ofreció no cumplía con condiciones dignas por lo que los inmigrantes no los utilizaron. Por si fuera poco, se hizo público que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia utilizó una subvención de 2,4 millones de euros del Ministerio de Trabajo, destinada a asuntos de inmigración, para pagar parte de los 4,2 millones que el consistorio debía abonar a la empresa ACM como primer abono del canon —valorado en 105 millones— de la edición de 2009 de la Copa de América.

El desenlace fue un vergonzoso desalojo forzoso. Los migrantes fueron expulsados de manera sorpresiva, rápida y por la fuerza, a mangerazos, causando la pérdida de pasaportes y documentos. Algunos fueron detenidos, encerrados en el Centro de Internamiento para Extranjeros, CIE, y posteriormente deportados. La lucha por un centro de acogida digno fue el comienzo de un movimiento de solidaridad de largo aliento protagonizado por la sociedad civil valenciana para con las y los sin papeles. Con el paso de los años, las complicidades fueron fortaleciéndose y poco a poco la lucha migrante, racializada y antirracista comenzó a independizarse para crear un nuevo sujeto político. No obstante, la lucha por techos dignos para trabajadoras y trabajadores ha sido una demanda permanente a la cual tampoco la administración de izquierdas ha dado una respuesta satisfactoria.

El Partido Popular de Rita Barberá en el poder aprobó la construcción de una red de 12 centros de acogida con dinero público, en el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo, PAVACE, entre 2001 y 2006, con un presupuesto anual de más de 11 millones de euros. No se construyó ninguno

Para Ana Isabel Martínez, presidenta de València és Refugi, una ONG independiente especializada en el apoyo a sin papeles sin techo, la situación es una vergüenza “en los albergues y espacios derivados por el CAI (Centro de Ayuda al Inmigrante), gestionados por el Ayuntamiento, siempre han hecho falta el doble de plazas, además los espacios ofertados no cumplen con las necesidades de las y los trabajadores”. Para acceder a cualquier albergue o piso de las entidades sociales como Cáritas o Casa Caridad, en València hay que solicitar plaza en el CAI. Es común ver trabajadoras acampando en la puerta y una vez cansados de la espera, deciden buscar espacios abandonados donde establecerse. “En la actualidad, debido a que con el alcalde Joan Ribó, en su segunda legislatura, la concejalía de migraciones fue absorbida por Bienestar, ni siquiera tenemos unas políticas migratorias de acogida en esta ciudad”, sentencia Martínez.

Para la activista son necesarios albergues de baja exigencia “que se adapten a los horarios de trabajo. Por ejemplo, muchos de ellos cierran sus puertas a las 8 de la mañana y no las vuelven a abrir hasta las 8 o 9 de la noche, en temporada de frío, eso es insufrible”. Es por esta razón que muchas y muchos temporeros deciden asentarse en solares o fábricas abandonadas. Muchas de las personas que no tienen acceso a techo, son solicitantes de asilo; un perfil, señala Martínez, que recibe asistencia de programas estatales, pero que son personas que pueden “estar hasta dos años sin acceder a plaza”. Por tanto, València és Refugi exige que durante esos años se haga cargo el Ayuntamiento “pero se lavan las manos y directamente se les deniega la plaza a solicitantes de asilo y extutelados, argumentando que no es de su competencia”. Ante esta situación, Martínez reclama que los migrantes “no son competencias, que son seres humanos, con sufrimientos añadidos por el proceso migratorio y que los trabajadores en ningún caso están cualificados para abordar las problemáticas, comenzando por las barrera del idioma”.

A la carencia de espacios de acogida, hay que añadir la carencia de documentación. La mayoría de jornaleros han venido a trabajar cuatro o cinco meses, pero para alquilar una casa se exige vida laboral y contrato, además de que la estancia exigida para las viviendas suele ser de todo el año. Si no tienen papeles, no puedes hacer un alquiler a su nombre. Muchas veces al llamar por teléfono solo por el acento no se alquilan pisos, aún contando con papeles y nómina. En ocasiones, en la entrevista personal, cuando la dueña o dueño se encuentra con una persona racializada, les dicen directamente que el piso ya se alquiló. Hay migrantes que consiguen alquilar con papeles de otro compañero. Otras personas alquilan una cama en una habitación compartida, pero cientos de trabajadores en València no encuentran ninguna solución y tienen que vivir en asentamientos que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad.

Por si fuera poco, con la Ley de Extranjería, punta del iceberg del racismo estructural en el Estado Español, las personas indocumentadas, que no han cometido ningún delito, están sujetadas a la criminalización permanente. Han de esconderse para no encontrarse con una redada racista, como las realizadas de vez en cuando por el Ayuntamiento de València, o aquellas que organiza la Policía Nacional para llenar cupos de vuelos de deportación en aviones comerciales o privados, con permiso para golpear y sedar a los migrantes, bajo regulación del terrible protocolo de deportaciones. Previo a su expulsión, pueden ser internadas en un CIE, como el de la calle Zapadores. Se trata de espacios oscuros, peores que cárceles, en condiciones por debajo de los derechos humanos, que ya se saldan con 14 muertos vinculados al internamiento en el Estado Español, cuatro de ellos en el CIE de València, Marouane Abouobaida en 2019, Mohamed Abagui en 2010, y otros dos en 2009 y 2008 que no han sido identificados, debido a la opacidad reinante.

El movimiento antirracista de la ciudad recalca: una política migratoria digna en València, con enfoque de derechos y que asegure instalaciones dignas para las temporeras y temporeros, es lo mínimo que se podría esperar de un gobierno local  progresista; así como una regularización extraordinaria y sin condiciones de un gobierno estatal que se autodenomina de izquierdas. Y en eso van a insistir los colectivos el próximo domingo 27 a las 12:00h frente al Centro de Ayuda al Inmigrante (CAI).