Precariedad laboral
Zumosol abandona su fábrica en Palma del Río y a 38 trabajadores a su suerte

Palma del Río es famosa por sus naranjas. Situada en la fértil Vega del Guadalquivir, este municipio de algo más de 20.000 habitantes es uno de esos “pequeños grandes” pueblos de la Andalucía rural. Cabecera de su comarca, perteneciente a esa malla interior de agrociudades que han permitido al rural andaluz resistir mejor que en otras autonomías. El cierre de una fábrica de zumos justo aquí, la que en otros tiempos fuese la más moderna de Europa, pone de manifiesto que esa malla empieza a ceder. Las naranjas de Palma del Río no tienen quién las exprima.

El pasado 4 de febrero, su plantilla de trabajadores se manifestaba en el centro de Córdoba para situar en la agenda este conflicto tras un encierro de 40 días. Reclamaban un plan de viabilidad y empleo de la fábrica que se han encargado de custodiar desde que la empresa propietaria de la marca Zumosol la abandonó. Ese encierro continúa hoy y mañana mismo cumplirá los 70 días de duración. Más de dos meses y unas navidades mediante defendiendo sus trabajos.

Maraña legal, derechos en suspenso

Una maraña legal embarra el conflicto laboral en Palma del Río. Fernando Trujillo, trabajador y delegado sindical de CCOO, reconoce lo complejo del asunto. Los 38 trabajadores afectados se encuentran actualmente en un limbo entre Zumos Palma, propietaria original de la fábrica y controlada por el conglomerado turco Toksöz y Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos, a la que los trabajadores acusan de ser una empresa fantasma. Trujillo asegura que ambas empresas no se consideran propietarias de la fábrica de exprimido y ha sido engañadas por la otra. “Están jugando un partido de tenis con nosotros”, lamenta.

Todo comenzó cuando en noviembre de 2021 Zumos Palma vende la fábrica a Central Andaluza y comunica a la plantilla su subrogación. La planta sin embargo no se reabrió y ante el escaso capital social de la nueva empresa, insuficiente para reactivar la actividad productiva, los trabajadores temieron que se encontrasen ante una empresa fantasma. Sus temores se confirmaron cuando apenas 19 días después, Central Andaluza rescinde el contrato con Zumos Palma y da de baja de la Seguridad Social a la plantilla. De un día para otro y tras un tortuoso proceso, los 38 trabajadores se encuentran en tierra de nadie. Aunque ha habido reuniones en el SERCLA, el mecanismo de mediación laboral de la Junta de Andalucía, la plantilla ya ha llevado el caso a los tribunales.

Sin embargo los problemas entre empresa y trabajadores comenzaron mucho antes. A los pocos años de adquirir la planta de Palma del Río, que compró al grupo español Pascual en 2013 bajo el compromiso de dar estabilidad laboral a la plantilla, Toksöz se la alquiló a una empresa frutícola brasileña por tres años. “Cuando terminó el contrato de arrendamiento, ellos no tenían pensamiento de explotar la fabrica, sino quedarse la marca de Zumosol. En lugar de buscar un vendedor serio, fiable, han buscado un liquidador, que viene del plástico, una empresa pantalla. No es lo que prometió la empresa. A los 19 días ese comprador dijo que se iba”, resume Trujillo.

“La administración podría haber actuado de oficio y evitar así que la empresa actuara en todo este tiempo buscando triquiñuelas legales”, lamenta Fernando Trujillo, representante de los trabajadores

En septiembre de 2020, Zumos Palma recupera el control de la fábrica e inicia un primer ERTE mientras alquila las instalaciones a otra empresa. Lo intenta de nuevo entre marzo a octubre de 2021 pero la Junta de Andalucía y el SEPE lo impugnan. Es entonces cuando Zumos Palma busca un comprador. Primero lo intenta con una empresa llamada Lagar de Quirós, comunicándole a los trabajadores que quedarían subrogados. Estos temen de que se trate de una operación fraudulenta y comienzan a investigar a la empresa. Comprueban que no media ningún contrato entre las empresas. Trujillo denuncia que llevan años intentando “enmarañarlo todo”. Es tras esta operación engañosa que llega el limbo entre Zumos Palma y Central Andaluza en el que se encuentran actualmente.

Trujillo explica que, mientras tanto, las situaciones que viven los 38 trabajadores son muy diversas, en función de la circunstancia familiar, pero se pregunta “¿qué casa tira adelante con 600 euros al mes? Tiramos de préstamos familiares, de quién pueda cada uno”. Hasta la prestación por desempleo la han tenido que pelear, pues la oficina del SEPE de Córdoba se la negaba al no estar despedidos como tal. “Nos echamos las manos a la cabeza”, recuerda Trujillo y explica que reclamaron a la Inspección de Trabajo que acudiese a la fábrica y comprobase que efectivamente en la fábrica no había nadie trabajando. “La administración podría haber actuado de oficio y evitar así que la empresa actuara en todo este tiempo buscando triquiñuelas legales”, lamenta el sindicalista. Pronostica que mientras se resuelve el proceso judicial, esta buscará el modo esquivar la sentencia“cuando digan que nos tienen que indemnizar diran que no tienen patrimonio o cualquiera de esas”.

El economista Manuel Delgado Cabeza explica que es una dinámica habitual en la economía andaluza. “Nosotros llevamos siglos produciendo la materia prima, y la elaboración se hace en otro sitio. Es nuestra condición, que es de economía extractiva".

Precisamente, en noviembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a los trabajadores y calificó de injustificada la segunda medida de ERTE, obligando a la empresa a indemnizarlos por daños y perjuicios y al abono de las nóminas no percibidas desde abril de 2021. A este fallo se agarra la plantilla para reclamar 9 nóminas impagadas. Zumos Palma, sin embargo, ha recurrido la sentencia al Tribunal Supremo.

Sindicatos y abogados laboralistas vienen denunciando que los retrasos en los juzgados de lo social acaban provocando la indefensión de los colectivos denunciantes y la suspensión de facto de sus derecho. Esta deriva judicial que se está produciendo “vulnera lo que está previsto en la Ley reguladora de la jurisdicción social, que establece unos plazos muy concretos que, en teoría, deben de ser de días, semanas o, a más tardar, de meses, pero en ningún supuesto de varios años”, explicaba hace unos meses a El Salto Andalucía el abogado de Autonomía Sur Luis Ocaña, que lamenta que “eso hace que la justicia pierda el sentido”.

Protestas por la lentitud judicial en materia social en Andalucía

Paco Aguaza

Justicia

Justicia laboral Protestas por la lentitud judicial en materia social en Andalucía

Paco Aguaza

Reclaman la resolución “justa y rápida” de las causas relacionadas con el ámbito laboral, en concentraciones frente a sedes judiciales de diez localidades andaluzas. “Si la justicia es lenta, no es justicia”, advierten.

Cerrar una fábrica de zumos en la 1ª productora de naranjas

Andalucía rivaliza con el País Valencià en la producción de cítricos. Según datos del portal Statista, en 2020 la autonomía del sur produjo 1.666.000 toneladas de naranja, frente a las 1.471.000 de la comunidad del este. Además, el consumo de zumo de naranjas, uno de los productos exprimidos en la fábrica de Palma del Río, aumentó un 12% en 2018, según datos de la patronal del sector. ¿Cómo es posible que la principal autonomía productora de naranjas del Estado no produzca también zumos? El economista Manuel Delgado Cabeza explica que es una dinámica habitual en la economía andaluza. “Nosotros llevamos siglos produciendo la materia prima, y la elaboración se hace en otro sitio. Eso es algo típico y clásico de las economías como la andaluza. Primaria, periférica y subalterna”, comenta.

“Zumosol no tiene nada que ver con Andalucía pero cuando no le ha convenido o le sale más rentable en otro sitio, que seguramente sea así, trasladar las naranjas donde tiene la fabrica, ha dejado de hacerlo aquí y se acabó. Es nuestra condición, que es de economía extractiva, extraemos los materiales, los recursos materiales, y las exportamos”. Este análisis coincide con la denuncia de los trabajadores, que apuntan a que el conglomerado Toksöz habría trasladado la producción de zumos a Turquía. Una dinámica de deslocalización de las industrias que ya ha afectado con anterioridad a otras comarcas andaluzas, como el significativo caso de Linares.

Delgado Cabeza se muestra muy escéptico de que puedan revertirse este tipo de situaciones sin un cambio estructural de todo el sistema económico. “Mientras tengamos esa posición, y no estamos en condiciones de cambiarla dentro de este sistema, no tenemos ninguna posibilidad de cambio, es la posición que el sistema nos asigna. Si queremos que la economía andaluza responda a las necesidades de la gente, tendremos que poner en marcha otra economía y con otras claves. Una lógica distinta a la de la acumulación de capital, que es la que nos ha traído aquí. Los circuitos de acumulación de capital han dado pie al conflicto de los trabajadores de Zumosol”, expresa el economista. Justamente Fernando Trujillo lamentaba la actitud mezquina de la empresa dado que “los propietarios del grupo turco son multimillonarios, para ellos liquidarnos es pecata minuta”.

Postales para mantener vivo el conflicto y un plan de viabilidad para resolverlo

Los trabajadores de Zumosol han logrado hacerse escuchar gracias a su intensa actividad en redes sociales. Además, el hecho de que acampasen en la fábrica en plenas navidades despertó las simpatías de la ciudadanía. En esa senda, la del apoyo ciudadano, uno de los mensajes recurrentes del colectivo de trabajadores es reclamar a los consumidores el boicot de los productos de Zumosol y también de Pernigotti, una famosa marca italiana de chocolates que también pertenece al grupo turco.

Su última iniciativa para mantener vivo el conflicto es recibir postales con un doble objetivo: demostrar que reciben apoyo de lugares muy diferentes y mantener arriba el ánimo de los trabajadores encerrados. Entre los apoyos recabados se encuentran los de las izquierdas parlamentarias, que estuvieron presentes en la concentración en Córdoba, que reivindicaba un plan de viabilidad como horizonte para la resolución del conflicto laboral.

El diputado de Adelante Andalucía, Nacho Molina, situó el origen del problema en la existencia de “una mafia empresarial, una especie invasora que puebla el mercado laboral en Andalucía que son empresaurios. Vienen a depredar lo mejor de nuestra tierra, mano de obra y futuro”. Molina conectó este conflicto con las recientes reivindicaciones de defensa de la industria: “la industria andaluza esta vez en Palma del Rio peligra por la falta de escrúpulos y la inacción de los gobiernos. Debería ser haber una respuesta institucional contundente, la que ponga en marcha un plan de viabilidad de una factoría, una de las mas modernas de Europa, que cuenta con tecnología, mano de obra y materia primas”. Y también lo situó en el contexto de la crisis de los cítricos: “miles de naranjos en cientos de explotaciones que se están cayendo como consecuencia de este cerrojazo empresarial”.

Los líderes andaluces de Unidas Podemos también se pronunciaron. El coordinador de IU Andalucía Toni Valero describió la situación como “el día de la marmota, porque vemos como fondos de inversión cometen barrabasadas” y apuntó a la Junta como responsable. “Tiene competencias de mediación, para pararle los pies cuando está destruyendo el empleo de manera deliberada para pegar un pelotazo, empleo en el medio rural, donde es tan necesario y cerrar una empresa que es evidentemente viable”.

Aunque el sistema de reparto de competencias español es complejo, el Estatuto de Autonomía andaluz reconoce al ejecutivo autonómico la competencia exclusiva sobre la “ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario”

La Consejería de Empleo, mediante su delegación cordobesa, se defiende y explica a El Salto Andalucía que “venimos teniendo una actitud activa en este conflicto”. Argumenta que se han mantenido cinco reuniones con representantes de la empresa y los trabajadores “poniendo al servicio todos los instrumentos con los que contamos desde nuestro marco competencial” y resumen sus actuaciones en que “hemos intermediado, corregido informes, estudiado expedientes de regulación de empleo y un largo etcétera de procedimientos para intentar salvaguardar en todo momento que este conflicto finalice sin pérdida de empleo”.

Sin embargo, ante la idea de impulsar un plan de viabilidad, la Junta pone pie en pared. Reconoce que “por supuesto que es necesaria una fábrica de zumos en una comarca como la Vega, con una producción de cítricos tan importante” pero rechazan tener competencias para hacerlo posible. “Las competencias de la Junta en esta materia se centran en crear las condiciones para que las empresas se asienten en el territorio, inviertan y generen empleo. Las administraciones públicas no generan empleo, lo hacen los empresarios”, afirma la Delegación de Empleo de Córdoba.

Aunque el sistema de reparto de competencias español es complejo, lo cierto es que el Estatuto de Autonomía andaluz, uno de los más avanzados, reconoce en su artículo 48 al ejecutivo autonómico la competencia exclusiva sobre la “ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario”.

Los trabajadores son conscientes de que ese plan de viabilidad no vendrá de la Junta de Andalucía pero sí le reclaman un papel más activo en la resolución del conflicto. “Nos reunimos con la consejera, le solicitamos lo mas urgente, que se reuniese con la dirección de la empresa, los dos hermanos turcos y que ella presionara porque nosotros nos tememos que el director general (de Zumos Palma) no esta informando. Queríamos que alguien se reuniera con ellos. Y hasta donde sabemos esa reunión no se ha celebrado. La consejera comentó que lo comentaría al ministro de Agricultura, pero en CCOO me dicen que siguen dando largas y de eso hace ya un mes”, explica Fernando Trujillo. Sabedor de que la empresa desea deshacerse de la fábrica de Palma del Río, lo que reclama este sindicalista es “un plan de viabilidad al futuro comprador, que traiga un plan para explotar la fábrica”.

Córdoba cerraba el año 2021 con una tasa de paro del 17,3%, la segunda más baja de Andalucía pero la 14 más alta del Estado. Mañana, 38 trabajadores sumarán 70 días encerrados en su fábrica para evitar engrosar esa aún larga lista.