Zapatismo
La narcoviolencia colapsa Chiapas. ¿Que entren los militares?

La situación en Chiapas, en el sureste mexicano, es de colapso. Bloqueos del crimen organizado que aísla a las poblaciones, control de los flujos migratorios y de los precios de los productos básicos, incursiones a viviendas ya de por sí marginadas para usarlas como casas de seguridad, forzar a incorporarse a las bandas, extorsión, derecho de piso, balaceras diarias, asesinatos, decapitaciones, miles de desplazados, desabasto de alimentos y paralización de escuelas, transportes y negocios. Todo esto pese al reciente despliegue de al menos 2.300 militares en la frontera de Chiapas con Guatemala.

“Los ‘maiceros’ están entrando a casas y obligando a la gente a unirse a ellos, y el que no acepta, va para fuera. Ayer desalojaron a mi sobrina y sus hijos de sus casas, huyeron a Guatemala y otros se fueron a la Costa”, reportó un familiar de los afectados a la periodista Mariana Morales para el periódico Reforma. Las ocupaciones las realizan miembros del grupo “El Maíz”, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Ahora la gente dice, que ellos (los militares) eran la última esperanza que teníamos, pero no sacaron a estos delincuentes y cuando se vayan, serán peor las cosas, porque (los grupos armados) se van a sentir intocables”.

Hace ya más de tres años, en junio de 2020, el diario El Universal, basándose en un informe de inteligencia del gobierno federal, reveló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, peleaban por el control de los municipios cercanos a la costa del océano Pacífico y fronterizos con Guatemala, estratégicos para sus actividades ilícitas. Además, evidenció presencia del cartel de Los Zetas que dominan la zona metropolitana y el centro del territorio chiapaneco. Con menor fuerza señalaron la presencia de los cárteles de Los Beltrán Leyva, del Golfo y de San Juan Chamula, dispersos en algunas de las 15 regiones en las que se divide el Estado. Además, se identificó la presencia de las pandillas Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, dedicadas principalmente al narcomenudeo y a los homicidios en 12 localidades.

En entrevista de Julio Hernández López “El Astillero” al periodista Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, destacó actualmente la existencia de varias zonas rojas en el Estado de Chiapas. La más grave de todas es la región de la frontera con Guatemala. “El narco fue avanzando como una metástasis, corrompiendo la estructura de los pueblos”, se trata de la disputa entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Se reporta cobro de piso y miles de desplazados, en entidades como Comalapa, Amatenango de la Frontera y Motozintla. “Es lo más terrible. Zozobro, pánico, escasean el gas y la gasolina. Sale gente todos los días queriendo escapar”.

En septiembre de 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional señalaba las alianzas del gobierno de Chiapas con el crimen organizado, anunciando ya que “Chiapas se encontraba al borde de la Guerra Civil”

Además de esta zona, la más grave, el periodista documentó tres zonas calientes más en el territorio, hay otras, sin embargo, en su opinión estas son las más importantes. La primera, más abajo en la frontera Suchiate: “Los cuerpos están apareciendo descuartizados, los balseros los han grabado”. La segunda es la región de la Selva Lacandona, más al norte del núcleo de los zapatistas, en la región de la selva del Petén. Dos comunidades mucho más grandes que Ocosingo, llamadas Nueva Palestina, y Frontera Corosal, marcharon recientemente. Se trata de una zona estratégica, la ruta del Golfo de México. “Por ejemplo, cuatro líderes indígenas, del Consejo de Vigilancia Lacandón, tuvieron que escapar en helicóptero, no hay condiciones para hacerlo por carretera”. Por último, la tercera se encuentra al norte de la entidad, frontera con Tabasco, en la ciudad de Reforma, hay presencia del grupo Delta del CJNG. “Han habido detenciones, desapariciones, descuartizados, una situación muy crítica”.

En septiembre de 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lanzó un duro comunicado, visibilizando las prácticas paramilitares de la ORCAO y señalando las alianzas del gobierno de Chiapas con el crimen organizado, anunciando ya que “Chiapas se encontraba al borde de la Guerra Civil”. Sin embargo, la postura del presidente, López Obrador, ha sido desde entonces de ninguneo: “En Chiapas no pasa nada, son los medios y los periodistas los que están magnificando esto” denunció Maldujano. No es hasta ahora, que decidió enviar un destacamento a la frontera. No obstante, apresuradamente ha declarado: “ya todo normal, ya se quitaron todos los bloqueos, los estudiantes regresaron a clases” reportaron varios medios.

En el informe “Chiapas, un desastre” publicado por el Centro de Derechos Humanos Frayba, cuyo objetivo fue analizar la actualidad chiapaneca del año 2020 a 2022 se cuestionó el papel del ejército mexicano como actor en la construcción de la paz. “Nos encontramos en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente (contra el EZLN); así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social”. El aumento de esta violencia, asegura el Frayba “ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos y tortura, entre otras”. A este análisis hay que agregar la remilitarización y un comprobado espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas, documentado por el organismo.

Personas defensoras del territorio, han señalado que llamar a la intervención de los cuerpos de seguridad en las zonas disputadas por los cárteles es una trampa

La situación de colapso causada por la narcoviolencia ha orillado a que la población en general pida a gritos la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. En vídeos y prensa escrita se puede observar como las poblaciones ya no aguantan la situación y exigen la presencia de las fuerzas del orden federales para volver a la normalidad. No obstante, personas defensoras del territorio, que han preferido permanecer en el anonimato, han señalado que esta demanda es una trampa. De hecho, ya hay presencia militar, como en el caso de Chicomuselo, cerca de la Frontera en la que se construyó el 101 Batallón de Infantería, muy grande, con habitaciones y bases de la Guardia Nacional, a mediados del sexenio de Peña Nieto. “Se supone que iba a garantizar la seguridad y pasó todo lo contrario” sentencia Maldujano. O el recién envío de más de 2.000 soldados a la región fronteriza, que sin embargo, no ha frenado las violaciones a los derechos humanos por parte del crimen organizado, tal como reportó Morales.

Una defensora del territorio explica que la población “está obligada a manifestarse en favor de la entrada de militares para fortalecer a uno de los cárteles en la franja fronteriza”. Señala que según sus investigaciones existe corrupción histórica de las fuerzas armadas con la delincuencia organizada. “Para nosotras la postura siempre ha sido: No a la militarización”. La activista señala que esta práctica ha traído consigo siempre “una agudización de las violaciones de los derechos humanos. Es una respuesta inmediata, pero no se atacan las causas de desigualdad, de marginación, mucho menos el actuar de estos grupos”.

Otro defensor señala que la presencia de militares genera “que estén luchando por el control del territorio, vinculado a uno de esos grupos”. Para ambos defensores lo más urgente es que el ejecutivo reconozca la violencia, “se la ha pasado negándola, invisibilizando y difamando a los organismos de derechos humanos, esto nos vulnera porque nos pone en riesgo frente a los grupos de la delincuencia organizada”. Para las personas entrevistadas es importante reconocer la realidad para poder emprender acciones “que ataquen las condiciones estructurales, que es el caldo de cultivo para la delincuencia organizada”. Afirman que apuestan por la organización y el diálogo intracomunitario “que permita generar estrategias contra la marginalidad”.

Finalmente, otra defensora del territorio, apuntó el daño que están generando los programas sociales “porque están siendo usados para la coaptación de las personas, para que entren a los grupos de la delincuencia organizada, vemos que se trata de una economía de la guerra, que genera más tensiones y más divisiones en las comunidades”. Paralelamente, asegura, los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos en general quedan en segundo plano “tras catalogar a los proyectos de desarrollo o la construcción de infraestructura militar en los territorios como de seguridad nacional”; al mismo tiempo, denuncia, se consolida al Ejército mexicano como principal perpetrador de variados crímenes de lesa humanidad en la historia reciente de México, “como un suprapoder con la posibilidad de controlar todas las esferas de la vida y dejando abiertas las puertas para el ejercicio de un gobierno neodesarrollista y autoritario”.