Infancia
Luis Pedernera: “Los adultos seguimos negando su lugar a los niños”

El jurista uruguayo Luis Pedernera es presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas desde mayo de 2019, un organismo encargado de velar porque los países miembro de la ONU cumplan la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aprobada en 1989. Pedernera lo subraya varias veces como el tratado del ámbito de Naciones Unidas con mayor grado de apoyo: únicamente Estados Unidos no ha ratificado el documento. 

En 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, el primer tratado de derechos humanos específico para niños, niñas y adolescentes. Se reconoció de esta forma su derecho a tener derechos. ¿La infancia y la adolescencia carecían de ellos antes de 1989?
Derechos tenían, pero no se los veía en el universo de los humanos que podían ejercerlos. Hay toda una construcción del niño como objeto: un objeto funcional que se podía moldear para el futuro de las sociedades. Y, a los 18, había una explosión de ciudadanía. Por ejemplo, en América Latina ha sido estudiado cómo se hacían leyes que trataban de moldear un tipo de niño para unos Estados-nación que recién se estaban afirmando. Entonces, el niño era funcional a un objetivo que eran sociedades en su máximo esplendor. Pero, además, el niño aparece cosificado. A lo largo de la historia se puede rastrear cómo la patria potestad era el conjunto de derechos de los padres sobre las personas y bienes de los hijos. Entonces ahí el niño también aparecía desde una perspectiva muy instrumental. Algunos autores llegan a decir que la Convención supone que la Revolución Francesa llegue a los niños con 200 años de retraso.

Sí, tenían derechos, pero esos derechos no habían sido reconocidos en las prácticas de crianza, en las formas en las que trataban las instituciones a los niños, ni en la legislación. El niño era un instrumento para una futura sociedad libre de vicios y se permitía el sobre los niños y las niñas determinadas cuestiones como en algunas sociedades la muerte y castigos físicos. La sociedad ahora está planteando que el castigo físico es una forma de trato a la infancia intolerable, pero culturalmente fue una manera de relacionamiento con la infancia totalmente naturalizada y legitimada por las leyes. La Convención viene es a reconocer ese vacío en cuanto a la condición jurídica. Es el piso mínimo para lavarse de toda una construcción que hoy está poniendo, por ejemplo, la voz de los niños como un elemento central en los procesos de construcción ciudadana. Porque las sociedades piensan que los niños cumplen 18 años y mágicamente se convierten en ciudadanos, pero la ciudadanía es un proceso de construcción desde los primeros años. 

La CDN incluye algunos derechos orientados a la protección de la infancia y la adolescencia, y otros relacionados con su derecho a participar y ser escuchados. ¿Se puede decir que existe un consenso general sobre los primeros pero no tanto sobre los segundos? ¿Existen resistencias a facilitar el desarrollo de estos segundos?
Creo que con la Convención pasa algo interesante: ha sido un instrumento de protección de derechos humanos que tiene casi ratificación universal —hay 196 Estados que la han ratificado y la única excepción es Estados Unidos—, tiene un nivel de aceptación que es inédito en la comunidad de Naciones Unidas. Retóricamente hemos asumido el discurso de los derechos pero todavía se presentan vacíos importantes en su implementación y, de hecho, los niños, en algunos momentos en este proceso de 30 años, han dicho “del dicho al hecho hay un buen trecho”. La Convención inaugura una nueva fase en la forma en que se elaboran los tratados de derechos humanos en Naciones Unidas, que es la de combinar los derechos civiles y políticos con la de los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que están en dos tratados diferentes en la década de los años 60.

En el discurso con motivo de los 30 años de la Convención, yo decía una frase de Mandela: “La Convención es un instrumento vivo”. Y es vivo en el sentido de que le estamos dando contenido en este proceso histórico de 30 años. En eso han tenido mucho que ver las organizaciones, los propios niños, y hoy el derecho a la participación no solo es innegable sino que también ha ido ganando terreno legislativo y hay muchas legislaciones que ya reconocen el derecho del niño a la participación. Así, en el artículo 12 aparece el derecho del niño a “ser escuchado” en los asuntos que le afecten, pero ese artículo ha ganado terreno como el artículo del derecho a la participación (pese a que cuando la Convención habla sobre “participación” se refiere a los niños con discapacidad y su derecho a la participación en las actividades culturales). Desde esta perspectiva, no es un documento que se quede en 1989 sino que establece un piso para avanzar una construcción hacia delante. Y, claro, genera resistencias, porque en general las instituciones, los adultos, no estamos preparados para que un lugar que históricamente se le ha negado las personas menores de 18 años ahora empiece a ser reclamado por ellos.

Cuando ese artículo al que te refieres consigna, textualmente, “el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño”, ¿no introduce una trampa y un límite? ¿Cuáles son esos asuntos?
Sí, la Convención tiene esas cortapisas. Uno de los problemas es que fue elaborada por adultos. Es diferente cuando en los procesos legislativos participan directamente los involucrados a cuando ellos están en el margen. Esto es sencillo encender al compararlo con otro proceso que es el de las luchas de las feministas: no hay ley en el terreno de las luchas del feminismo que no haya contado con la participación de las mujeres. Sin embargo, a día de hoy los niños siguen siendo un grupo social, un sujeto, al que los adultos y las instituciones le seguimos negando su lugar, y también su capacidad de constituirse como actor social y político. Cuando no les dejamos constituirse como sujeto social y político, les negamos un momento importantísimo del proceso de construcción leyes y de políticas. Hablamos en su nombre, nos colocamos en su lugar, sin que ellos nos hayan dado el visto bueno para que lo hagamos. Quizá lo hagamos con buenas intenciones y la mejor voluntad, pero tenemos que reconocer que ese lugar los adultos se lo hemos usurpado a los niños.

Con la pandemia nos perdimos una oportunidad escuchar a los niños; creo que ha habido un gran déficit de acompañar el proceso con ellos

Las sociedades no estamos preparadas todavía para hacer del derecho a la participación un derecho que reconozca formas propias de la participación de los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no podemos pensar la participación de los niños solo en la forma de democracia representativa delegada. Hay que generar dispositivos amigables para los niños, ir haciendo que se involucren mediante formas propias. La pedagogía, lo didáctico, lo lúdico tienen mucho que decir en esto, pero nuestras sociedades han avanzado muy lentamente. Necesitamos pensar en mecanismos que faciliten eso y no desde la lógica adulta, que va a terminar siempre en la democracia representativa delegada, sino pensando en otras formas más genuinas, más frescas y más sanas, que tiene muchas veces los niños las niñas y adolescentes.

Un asunto que sin duda ha afectado a niños, niñas y adolescentes es la pandemia, pero no se pensaría en el covid-19 como uno de esos asuntos que les “afectan”. ¿Hay una oportunidad de que esta sociedad poscovid sí escuche a los niños en la construcción de una nueva normalidad?
Con la pandemia nos perdimos una oportunidad escuchar a los niños. Creo que ha habido un gran déficit de escuchar y de acompañar el proceso con los niños. Los dedos de la mano me dan para contar los jefes de Estado que establecieron un diálogo con los niños para explicarles situación que estábamos viviendo, y no es casualidad que esas jefas de Estado hayan sido mujeres. Lo segundo es que no se les consultó: las decisiones se les impusieron. Lo que estamos viendo es niños que salen de los confinamientos débiles de salud y en términos emocionales, pero en muchas decisiones que se han tomado ante la emergencia sanitaria no estuvo en el radar cómo estas decisiones podrían impactar a los niños 

Este proceso necesita ir cogiendo la opinión de los niños, y han empezado a aparecer algunas experiencias —marginales, porque se hallan fuera de los márgenes del Estado— bien interesantes, de recoger su opinión, saber cómo están viviendo y cuáles son sus temores, expectativas, preocupaciones, y también qué ideas tienen para salir de esto. En ese sentido creo que una de las enseñanzas que nos está dejando la pandemia para ahora pero también si en algún otro momento nos enfrentamos a una situación similar es que hay procesos de toma de decisiones que deben incorporar a otras perspectivas, entre ellas las de los niños y las familias. Muchas veces las decisiones han tenido, porque así debía ser ante una emergencia de salud, un sesgo muy sanitarista. Pero necesitamos que sea enriquecida por la psicología, la pedagogía, lo social.

Creo que el debate ahora, que hay más información que al inicio, debería ayudar a empezar a pensar los dispositivos institucionales. Y un elemento que debe repensarse urgentemente es la escuela y la educación, tratando de hacer este ámbito más adaptado a los niños y sus derechos.

Con o sin permiso de las personas adultas, la infancia y la adolescencia toman la palabra. Lo hemos visto por ejemplo, como usted mismo recordaba en su discurso ante Naciones Unidas en noviembre de 2019, con Fridays for Future. ¿Es nuevo el fenómeno de niños que alzan la voz?
Las sociedades han tenido episodios donde los niños han jugado un rol importante en las diferentes etapas históricas, pero en este momento está legitimado por un documento internacional que es la Convención de los Derechos del Niño, que pone sobre la mesa el derecho de los niños a organizarse, expresar su opinión, a formar asociaciones… esto es un artículo clarito en la Convención. Hay que ir hacia adelante para construir, y creo que ahí se generan un montón debates interesantes en donde los dispositivos, que en determinados momentos entran en contacto con los niños, pueden ser repensados y no seguir operando desde la vieja lógica de que el niño es un objeto que recibe, sino que el niño es un actor protagónico que también debe formar parte del proceso.

Participaste hace unas semanas en la presentación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Curiosamente fuiste el único que apuntó una carencia de este texto: la perspectiva de género. ¿A qué te referías? ¿Cómo se puede introducir esa perspectiva en esa ley?
Yo no soy un experto en esta ley, conozco el texto y encontré que la perspectiva de género está planteada en un artículo del proyecto de ley y luego en diferentes ámbitos se habla de niños y niñas, y hay referencias a los grupos LGTB. Pero lo que veía es que eso está todavía en un plano muy declarativo. Es importante lo declarativo, en tanto que reconoce, pero eso que se declara tiene que estar luego en el terreno de la política pública, ver cómo se hace carne en los diferentes ámbitos en donde la ley va a operar.

Pero además, y esto hay otra gente que lo puede decir con mayor autoridad que yo, hay que reconocer que en las niñas, los niños y los grupos LGTB se inscriben de manera diferente en determinados tipos de discriminaciones, de ausencias, y por lo tanto debe reforzarse el abordaje de la política pública en ese sentido. Por eso yo decía que esta ley es un piso mínimo para un debate que debe enriquecerla y que debe reconocer que debemos poner el acento en determinados escenarios porque las violencias se vive de manera diferente, se sienten de manera diferente y se expresan de manera diferente.

A través de Síndrome de Alienación Parental se desconoce permanentemente y sistemáticamente la opinión de los niños

Otro posicionamiento muy significativo que has hecho es el decir que esta ley le debe reconocer cómo el Síndrome de Alienación Parental (SAP) impacta en las mujeres y en la infancia. Estas  declaraciones te alinean  con lo que dicen algunas organizaciones de infancia y feministas en España y de alguna manera entiendo que lo que defiendes es que está ley debe armonizarse con la Ley de Violencia de Género...
A través del SAP se desconoce algo que es de lo que hemos estado hablando: el SAP desconoce permanentemente y sistemáticamente la opinión de los niños, la descalifica, porque hace que a nivel judicial no sirva como evidencia lo que el niño cuente. El SAP desde una perspectiva del niño tiene ese componente que lo deslegitima, y más allá de eso, es un síndrome y no está reconocido como tal, y ni la relatora de Naciones Unidas y el Comité de la Mujer lo aceptan como un instrumento válido. Bajo una argucia descalificadora, se tira abajo la importancia de la opinión de los niños.

Eso es una cuestión central y luego hay otra: he visto muchas veces que en las leyes sobre violencia de género plantean los niños vienen, como yo digo, de arrastre. Muchas veces, falta la perspectiva de incorporar a los niños. Y por eso tiene que haber un diálogo entre la ley española de violencia contra los niños y la Ley de Violencia de Género. En ese terreno lo interesante es que las leyes puedan dialogar y afirmar la idea de la lucha contra todas las formas de violencia. 

Creo que nuestras luchas por los derechos del niño debe afirmarse y compartirse con otras luchas, y una de ellas es la lucha de las mujeres, así construiremos una agenda potente en derechos humanos, como aquí están las luchas de los campesinos, de los pueblos originarios... tenemos que sumar. Lo que muchas veces veo es que en esta necesidad de dar respuestas a los problemas los temas sociales la infancia sigue quedando muy invisibilizada y hay que venir de atrás tratando de llenar esos vacíos. Y la mejor forma de hacerlo es articuladamente.

Te iba a preguntar que si la idea del derecho a ser escuchados está en esta ley, creo que me has respondido que no. ¿Es así?
Creo que en el proyecto está planteado la cuestión del derecho a ser escuchados. Lo que sí sería bueno es que, por la fuerza que está teniendo en algunas sociedades esto del Síndrome de Alienación Parental, hubiera una expresión más dura de condena a esto que lo único que hace es descalificar el testimonio de los niños.

La CDN tiene más de 30 años. ¿Necesita renovarse?
Eso es decisión de los estados, que son los que redactan los tratados internacionales. Quizás sería interesante una actualización, pero es difícil porque necesitaría el acuerdo de todos los estados para someterse nuevamente a debate. La Convención ha tenido instrumentos que la han ido mejorando, por ejemplo los tres protocolos: el protocolo sobre la situación de niños en conflictos armados, el protocolo sobra la utilización de niños en pornografía, trata y explotación sexual y el más nuevo que es el protocolo sobre peticiones, por el que los niños pueden presentar una queja individual y reclamar por sus derechos violados ante el Comité. Creo que en ese sentido no ha estado quieta la cosa, e insisto en que la Convención es un piso mínimo que hay que enriquecer revisando permanentemente qué ocurre en la realidad y tratando de dar la mejor lectura a favor de los derechos del niño. Ese debe ser el mejor homenaje a los 30 años de ese tratado.