Fronteras
El racismo institucional que atravesó al joven Goura: fronteras, prisión y muerte violenta

Abdelkader Goura tenía 16 años cuando emprendió su viaje desde una zona rural de Marruecos hacia una vida mejor en España, aunque pronto tuvo que enfrentarse a la “Europa fortaleza” y a un racismo institucional que le terminó condenando a años de prisión, pese a que el joven pudo demostrar que era menor de edad. Una vez fuera, tuvo que sortear la indiferencia generalizada de la sociedad no sin el apoyo de diversos colectivos y personas. Todas ellas quedarían marcadas cuando el 6 de noviembre de 2021 se enteraron de que hallaron su cuerpo calcinado en la furgoneta en la que dormía, cerca del puerto de Málaga. Ahora, un año después, no quieren dejar morir su historia.

Francisco Guerrero es el delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en dicha ciudad: “Goura sufrió multitud de opresiones en muy poco tiempo. Salió con 16 años y murió poco después de cumplir la veintena, sin que funcionara ninguna de las instituciones que tendría que haberle defendido”, inicia su relato. Desde la Asociación conocieron a Gouda cuando este les pidió ayuda. Según Reda Benzaza, presidente de la Asociación andaluza de amistad con el pueblo rifeño, esta es la historia de “otra víctima del sistema”.

“En el momento en el que este joven iniciaba su viaje, en su región Marruecos detenía y encarcelaba a multitud de chavales como él”

Este activista del Hirak, el movimiento popular que se desarrolla en zonas marginales del Rif y que demanda mejoras sociales y económicas para su población, aduce que Goura procedía de una región en la que se produjeron, por aquel entonces, numerosos estallidos sociales para reclamar derechos básicos en lugares totalmente castigados por Marruecos, en sus propias palabras. “En el momento en el que este joven iniciaba su viaje, en su región Marruecos detenía y encarcelaba a multitud de chavales como él. Las cifras que manejan las organizaciones de Derechos Humanos están en torno a las 1.400 personas procesadas judicialmente por ese estallido popular”, dice.

Pero la historia tan solo acababa de empezar. “Goura estuvo un tiempo sobreviviendo en las calles de las poblaciones limítrofes con la frontera sur española, siendo objeto constante de violencia por parte de las autoridades marroquíes, a las que financiamos con ese preciso objetivo”, afirman desde la APDHA, quienes añaden que esta etapa le dejó grandes cicatrices, tanto físicas como psicológicas, que le acompañarían en los siguientes años y le afectarían gravemente a su salud mental.

Un menor de edad en una prisión de adultos

Poco después de superar la frontera, “se encontró con una orden de expulsión en la que aparecía una fecha de nacimiento que no era la suya. Una fecha redonda. Inventada estratégicamente para reseñarle exactamente con 18 años de edad. Se encontró con que ninguna autoridad le creyó”, señalan desde la Asociación a la que pertenece Guerrero. 

Como si de una cadena se tratara, este hecho hizo que no pudiera entrar al sistema de protección de menores al que tenía derecho, “ni siquiera a un procedimiento de evaluación de la edad con garantías”, según la APDHA. Y de ahí, a un nuevo eslabón en la cadena, tal y como refleja esta asociación: “Se quedó en la calle, en un país que desconocía, sin comprender el idioma y sin red de apoyo. Y para subsistir, no le quedó más remedio que acudir a la pequeña delincuencia”.

Tras recibir asistencia jurídica por parte de una abogada de oficio que nunca llegó a escuchar lo que Goura tenía que decir, el joven llegó a prisión para cumplir condenas impuestas como si fuese adulto. Aun así, Goura siguió intentando que alguien le escuchara. Según Guerrero, en prisión entregó la documentación que tanto le había costado conseguir desde Marruecos y que certificaba su fecha de nacimiento real, pero hicieron caso omiso. 

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Allí, en prisión, conoció a José Ramón, quien fue su amigo cercano hasta el final de sus días. Este otro joven de 25 años vio cómo nadie iba a interesarse por Goura los días de visita en la cárcel. “Cuando yo salí, le escribí una carta y empezamos a respondernos. Le cambiaron varias veces de cárcel, y me decía que a lo largo de su estancia había sufrido abusos por parte de los carceleros, que alguna vez le habían pegado”, dice con contundencia. 

La alegría de la libertad

Al poco tiempo, el mismo José Ramón comenzó a ser consciente del racismo institucional que Goura y otras personas migrantes se ven obligadas a afrontar cuando llegan a España: “Para poder hablar por teléfono con tu familia desde la cárcel, tienes que pagar las tarjetas, que son unos cinco euros pero para muy pocos minutos. Para él, hablar un par de minutos con su familia le suponía un gran esfuerzo, pero lo peor es que no le querían activar su número porque los de su familia eran marroquíes, así que llevaba ya años sin poder escuchar la voz de su padre o madre”.

En agosto de 2021, cuando le quedaba poco para cumplir los cuatro años de condena, consiguió ser excarcelado y no deportado directamente gracias a la asistencia jurídica de la APDHA. Salió de la prisión de El Puerto, en Cádiz. “Yo fui a buscarlo con otros colegas y echamos el día en la playa. Llevaba años sin nadar en el agua. Después, se quedó unos días en casa de mi madre. Se le veía muy ilusionado, como renacido. La cárcel no le apagó esa llama tan alegre que tenía”, recuerda José Ramón. Después, Goura pasó por diferentes casas de conocidos hasta verse, de nuevo, en la calle.

“Le insistía para que buscara trabajo, pero sin papeles no le cogían en casi ningún sitio”

Ramón se afanaba por encontrar alguna asociación en Sevilla que pudiera ayudarle, pero no dio con ninguna. “Le insistía para que buscara trabajo, pero sin papeles no le cogían en casi ningún sitio. Después, decidió ir a Málaga a finales de septiembre de 2021 porque decía que allí tenía más contactos y algo encontraría, y ya no le volví a ver más”, expresa con pesar el joven sevillano.

En Málaga entró en contacto con la APDHA, aunque por aquellas fechas la mayoría de los recursos continuaban cerrados dadas las consecuencias de la pandemia del coronavirus. “Vino a Málaga y solicitó plaza en la red de recursos para personas sin hogar. Por supuesto, estaba completamente colapsada, y ante la falta de documentación no accedió si quiera a la lista de espera. Trató de solicitar protección internacional, exponer su caso y pedir ayuda una vez más a las autoridades españolas, pero no había citas disponibles, como de costumbre, en la página web de la policía”, recogió la misma asociación en un escrito posterior en recuerdo al joven.

La lucha después de la muerte

Goura falleció calcinado en la furgoneta en la que solía dormir, frente al albergue que anteriormente le había negado una plaza, el 6 de noviembre de 2021. “Esa época fue rara, porque unos fascistas habían quemado un coche unos días antes y un mendigo apareció asesinado de un porrazo en la cabeza por el parque Picasso. Son unos acontecimientos que no se pueden relacionar pero que olían mal”, dice Guerrero. Y así fue, la Policía Nacional no los relacionó. Según las crónicas publicadas en aquellos días, los hechos ocurrieron sobre las 23.15h en la calle Ferrocarril, en la barriada El Bulto. “El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Málaga para la autopsia, que determinará las causas del fallecimiento de esta persona, en lo que parece, según las fuentes, un fatídico accidente”, señaló el ABC Andalucía.

José Ramón agrega que el escueto informe del cuerpo de bomberos apuntaba que no se había encontrado ningún material inflamable y que todo indicaba que el fuego se había originado desde el interior. “Seguimos con la incertidumbre de si se acostó con un cigarro y eso salió ardiendo, y primero se quedó inconsciente con el humo, o si alguien  le quitó de en medio a saber por qué”, enfatiza.

El racismo institucional seguía su curso, ahora dirigido a sus seres queridos. Tal y como explica el propio Guerrero, “la Policía Nacional no quería identificar el cadáver, a pesar de que la cartera del joven con sus datos estaba al lado y no se había quemado, así que tuvimos que presionar para identificarlo y repatriar el cuerpo”. Este activista llegó a estar en varias ocasiones con Goura, a quien recuerda como un chaval optimista, a pesar de las penosidades que había tenido que superar.

Benzaza, por su parte, sostiene que desde que llegó Goura a España se inició una tropelía en la que no se equivocó una institución, sino todas. En sus propios términos, “nadie respetó su derecho a la infancia al ser menor de edad, las fuerzas de seguridad lo detuvieron siendo menor de edad, los jueces le condenaron como si fuera mayor de edad, termina en un centro penitenciario para adultos…”. Son “unas instituciones injustas y responsables de un asesinato”, indica Benzaza, quien mira la historia del joven Goura como el paradigma del racismo institucional en España. 

La repatriación como chantaje

El presidente de la Asociación andaluza de amistad con el pueblo rifeño sabe ben lo complicado que son las repatriaciones, que tienen que pasar por una institución más: el consulado de Marruecos. “Aquí hablamos de una familia que acaba de enterarse de la muerte de su hijo, que no controla el idioma, que está en una zona incomunicada y de complicado acceso, y la burocracia entorpece todo aún más”, agrega. Su experiencia le dice que, en estos casos, la familia suele bajar los brazos y enfrentar el luto alejado de su ser querido.

No fue el caso de Goura, cuyo cuerpo pudo ser enterrado como su familia decidió, aunque no sin sortear numerosas trabas antes. “Yo puedo afirmar que las instituciones, con asiduidad, utilizan la repatriación del cadáver comprar el silencio de los seres queridos y no destapar posibles irregularidades que se hubieran cometido con esa persona, aprovechándose de la vulnerabilidad de estas familias”, concluye Benzaza.

La APDHA, por su parte, señaló a los responsables del fatídico final en aquel escrito que dieron a conocer: “Su muerte es en última instancia responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no quisieron identificarle, del Ministerio Fiscal que debió velar por su interés superior y no le escuchó, de los jueces de instrucción y de vigilancia penitenciaria que hicieron caso omiso a los indicios de minoría de edad, y, por supuesto, del legislador, que genera políticas públicas xenófobas que ofrecen el marco perfecto para que este tipo de actuaciones tengan lugar”.