Fronteras
Interior intenta una deportación colectiva prohibida por la legislación internacional en Derechos Humanos

“Algo más de 600 ciudadanos tunecinos con el expediente de expulsión ya concluido y materializado” anunciaba en rueda de prensa el pasado lunes 27 de abril, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. “Estamos trabajando y coordinándonos con la embajada de Túnez en Madrid así como con el Gobierno tunecino con el fin de proceder a la mayor brevedad posible a la repatriación de estos ciudadanos”, añadía, haciendo referencia a  la situación de hacinamiento de casi 1700 personas en el CETI -centro de estancia temporal de inmigrantes- de Melilla. Un centro con más del doble de su capacidad, y una situación que se hace especialmente grave durante el confinamiento y la pandemia del Covid-19, por la imposibilidad física de cumplir con las medidas de distanciamiento y de higiene. 

Organizaciones locales e internacionales por los Derechos Humanos vienen denunciándolo desde hace tiempo y exigiendo al gobierno que todas las personas retenidas en el CETI de Melilla sean finalmente trasladas a la península de manera urgente, especialmente las personas tunecinas, tras permanecer durante casi un año hacinadas en este centro. Vulneraciones de derechos en el CETI de Melilla, que también denunciaban Amnistía Internacional y la Comisión de Ayuda a los Refugiados (CEAR), a las que también se ha sumado Save The Children, haciendo hincapié en los más de 200 niños y niñas que se encuentran actualmente en este centro esperando el traslado a la península. Las competencias para efectuar esos traslados son del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque deben ser autorizados por el Ministerio del Interior. 

“No entendemos por qué hay una decisión del Ministerio del Interior de no tramitar el laissez passer para que puedan pasar a la península”, reclama Andrés G. Berrio, abogado y miembro de Iridia, el Centre per la Defensa dels Drets Humans, con sede en Barcelona. “Es muy grave que un Ministro del Interior afirme que se está trabajando para la repatriación del colectivo de más de 600 personas tunecinas. Si algo prohibe la legislación internacional, y precisamente el protocolo Nº4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, son las deportaciones colectivas de extranjeros”, expresa el letrado.

“Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros” es el enunciado literal del citado protocolo, incluido en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), que fue ratificado por la legislación española y publicado en el BOE, el 13 de octubre de 2009. “Hablar en rueda de prensa de la deportación de un grupo de personas por su nacionalidad, choca frontalmente con la legalidad internacional”, añade el  portavoz de Iridia.

Es por ello que el pasado miércoles, dos días después de las declaraciones del ministro, colectivos migrantes y por la defensa de los Derechos Humanos lanzaron un manifiesto que ya ha sido firmado por más de 120 organizaciones en todo el estado español, pidiendo “la paralización del proceso de deportación del grupo de personas de nacionalidad tunecina”, y “el traslado urgente de todas las personas que se encuentran en el CETI de Melilla a la Península”, para que una vez allí se inicie el proceso de acogida y regularización.

Según los colectivos, la ausencia de acuerdos bilaterales de deportación con Túnez podría ser una de las mayores razones por las que Interior podría estar intentando presionar ahora al gobierno del país africano, anunciando esta gran deportación. “No hay acuerdo de deportación con Túnez, como sí que lo hay con Marruecos, entonces podría ser una forma de hacer presión al gobierno tunecino”, explica la portavoz del Institut de les Desigualtats en Catalunya. 

Por qué demandamos Regularización Ya

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Los nuevos consensos políticos y sociales que se den dentro de los movimientos de base deben dar la misma entidad que se le da a la clase y al género, al eje racial/étnico como forma de explicar las desigualdades sociales y, por tanto, como la narrativa que alimente nuestras prácticas políticas.

“No se pueden hacer deportaciones en tiempos de pandemia, cuando la frontera está cerrada. Además es una deportación colectiva, prohibida por la legislación internacional, y estas personas llevan esperando ahí desde hace meses su traslado a la península”, argumentan desde el Institut de les Desigualtats, y ponen el foco en las condiciones de hacinamiento y de tensión que han derivado esta última semana en manifestaciones pacíficas dentro del CETI e incluso varias personas en huelga de hambre. “Hay organizaciones también en Túnez, como Terre Pour Tout, y  movimientos sociales tunecinos, que también están actuando para que este acuerdo no se lleve a cabo”, añaden. 

#REGULARIZACIÓNYA

Por su parte, la campaña de regularización migratoria “urgente, permanente y sin condiciones” que ya supera más de 1000 colectivos firmantes, y que fue relanzada a nivel europeo bajo el lema #papersforall, para visibilizar a las personas que viven en estos territorios pero no tienen reconocidos sus derechos civiles como personas ni como migrantes. En todo el Estado español, más de medio millón de personas migrantes en situación irregular pasan estos días de confinamiento por el coronavirus conviviendo también con el miedo, las vulneraciones de derechos y la precariedad que acarrea su situación administrativa. Reclaman en este sentido, “que el procedimiento que se implemente ponga en el centro a las personas migrantes como sujetos de derechos” y que se resuelvan favorablemente “todas las solicitudes y expedientes de asilo y protección internacional en trámite”. 

Además, en su manifiesto, hacen referencia de forma explícita a las personas migrantes y solicitantes de asilo en el CETI de Melilla, solicitando el “traslado urgente a las personas que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla para garantizar su salud, así como sus derechos”. “No es sólo una cuestión humanitaria, es una reivindicación de derechos civiles fundamentales de una parte de la población, a la que la legislación está excluyendo de manera sistemática”, concluye Berrio.