Filipinas
Muerte, represión y ataques a la prensa en la Filipinas de Duterte

El pasado día 6 de marzo, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, instó a la policía a matar a los “rebeldes comunistas” y “asegurarse de matarlos de verdad y acabar con ellos si están vivos [...]. Solo aseguraros de devolver sus cuerpos a sus respectivas familias. Olvidaos de los derechos humanos. Esa es mi orden. Estoy dispuesto a ir a la cárcel, eso no es problema. No tengo ningún reparo en hacer las cosas que tengo que hacer”.

Declaraciones como esta han sido la tónica desde que en el verano del 2016 Duterte se convirtiera en presidente. Desgraciadamente, los resultados siempre han sido traumáticos y han dado lugar a que las fuerzas de seguridad hayan perpetrado matanza tras matanza. Un día después de sus declaraciones, tampoco fue la excepción y la policía, alentada por Duterte, mató a nueve personas al sur de la Isla de Luzón.

Cristina Palabay, líder de la ONG de izquierdas Karapatan, difamada por el régimen en su campaña de acoso a la disidencia, dijo que las muertes forman parte de una “campaña asesina de terrorismo de estado”. El reportero Rambo Talabong ha hablado de “una de las mayores ofensivas en un día de la policía y el ejército contra grupos activistas, muchos de los cuales están en una lista roja de la administración Duterte”.

Queda aproximadamente 15 meses para que Duterte deje el poder. Aunque hay esperanzas de que se acabe esta pesadilla, existen temores fundados de que la campaña de asesinatos extrajudiciales se agudice ya no solo por su infame campaña contra las drogas, sino también por su última cruzada contra la insurgencia comunista. En esta línea, hace unos meses el gobierno aprobó un acta antiterrorista que ha sido cuestionada desde el principio por utilizar “una definición vaga y demasiado amplia de terrorismo, [que] permite arrestos sin orden judicial y permite a las autoridades retener a personas durante semanas sin cargos”.

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos advierten de que puede ser “un nuevo y oscuro capítulo en Filipinas”. No hay que ser muy aguda para sospechar cuáles son las intenciones de un gobierno viciosamente corrupto, autoritario y dirigido por un machista asesino como Duterte, cuando se refiere a la lucha contra el terrorismo. A diferencia de la lucha contra el terrorismo que conocemos en las democracias liberales o hemos sido testigos en los Estados Unidos, el gobierno filipino no se molesta en ocultar sus comportamientos psicopáticos y su veneración por la violencia y los derramamientos de sangre inútiles. En cualquier caso, estos meses van a ser también una buena prueba de si la democracia en Filipinas resiste o vuelve a los viejos fantasmas del pasado.

Existen temores fundados de que la campaña de asesinatos extrajudiciales se agudice ya no solo por la infame campaña de Duterte contra las drogas, sino también por su última cruzada contra la insurgencia comunista

Prueba de esta resistencia la ha dado la famosa periodista filipina, Maria A. Ressa, persona del año en 2018 por la revista Time. Sobre ella va el nuevo documental de Frontline A Thousands Cuts. Hablar de los arrestos que ha sufrido Ressa significa hablar de los ataques a la libertad de prensa y hablar sobre el deterioro de la democracia. La mayor prueba de que se trata de un brillante documental es que está siendo cuidadosamente censurado en Filipinas y ha obligado a Frontline a comprar los derechos de distribución por primera vez en su historia. Si todo sale según lo previsto empezará a proyectarse en Filipinas el 13 de marzo de 2021, 7 meses después de que estuviese disponible en los Estados Unidos.

Ressa es cofundadora de Rappler, un medio que está liderando la resistencia por “la libertad de prensa” en Filipinas. Duterte, el presidente que no tiene ningún reparo en confesar que es un asesino, ha dicho por activa y por pasiva que quiere ver todos los traficantes de drogas y comunistas muertos, al igual que no ha dejado de propagar discursos completamente tóxicos y misóginos contra las mujeres. Aparte de que la sociedad filipina es testigo del esperpento de un presidente que habla del tamaño de su pene en las ruedas de prensa, no es extraño verle públicamente banalizar la violación e incluso hacer apología de ella, haciendo bromas de muy mal gusto y confesando con toda la naturalidad que ha abusado de su empleada del hogar mientras dormía.

Lo último del presidente ha sido afirmar que una mujer nunca puede ser presidenta, dado que “la configuración emocional de un hombre es totalmente diferente” y que una mujer “se convertiría tonta aquí”. El balance de la guerra contra las drogas ha sido ciertamente trágico. Esta guerra se ha dirigido especialmente contra los más pobres y su resultado ha sido propagar un fuerte odio que contrasta con la alta popularidad de Duterte, después de haber cumplido parte de la promesa de haber derramado mucha sangre. Las casi 30.000 personas muertas que las organizaciones en defensa de los derechos humanos han contado no han hecho más que agravar el gran problema que Filipinas tiene con las drogas.

Un documental sobre Ressa está perfectamente justificado al ser una de las mayores amenazas que vive el régimen. Su popularidad no frena su compromiso, a pesar de que podría vivir plácidamente en los Estados Unidos desde hace años. Ressa tiene el mérito de ser de las primeras personas en denunciar el papel que han tenido las redes sociales en la nueva ola reaccionaria que han llevado al poder a candidatos abiertamente machistas y autoritarios. Un mes antes de la llegada de Donald Trump al poder, Ressa publicó un artículo en el que arrojaba bastante luz sobre las irregularidades en las redes sociales que condujeron en buena medida a Duterte a la presidencia, denunciando “la estrategia de ‘A thousand Cuts’ [de ahí el nombre del documental]: un deterioro en la calidad de los hechos, utilizando medias verdades que fabrican una realidad alternativa al fusionar el poder de los bots y las cuentas falsas en las redes sociales para manipular a personas reales”.

A diferencia de la lucha contra el terrorismo que conocemos en las democracias liberales o hemos sido testigos en los Estados Unidos, el gobierno filipino no se molesta en ocultar sus comportamientos psicopáticos y su veneración por la violencia y los derramamientos de sangre inútiles

Los trágicos asesinatos del pasado 7 de marzo y la lucha contra el comunismo nos llevan de igual manera a finales de la década de los años 60, cuando era un hecho incuestionable que Estados Unidos sostuviera a dictadores para evitar la llegada al poder de gobiernos que desafiaran los intereses del imperialismo occidental. En el caso de Filipinas fue la dictadura de Ferdinand Marcos que duró desde el 65 al 86. El apoyo recibido por EE.UU. se debía a la crudeza con la que prevenía cualquier toma del poder por parte de los “comunistas”.

Duterte, como buen hombre viril, prefiere mirar hacia otros referentes incluso más sanguinarios que Marcos como fue Suharto en Indonesia, otro gran asesino apoyado por los Estados Unidos. Por esa época, la administración de Lydon Johnson fue cómplice en su golpe de Estado y dio el visto bueno para que Suharto matara en cuestión de meses a cientos de miles de personas. Años más tarde, Suharto cometería una invasión atroz en el Timor Oriental en el 75 que también recibió el OK de los Estados Unidos. Si tienen tiempo lean esta crónica de Noam Chomsky para más información.

En la línea de lo que ha dicho siempre Chomsky, Marcos dejó de resultarle útil a EE.UU., provocando que se empezara a buscar una nueva opción en aras de seguir asegurando los intereses en una democracia que seguiría siendo controlada desde fuera. Tras muchas reticencias por parte de Ronald Reagan, que no quería deshacerse de un buen aliado como Marcos, al final dio también el visto bueno a un cambio que los planificadores de Washington querían.

Ironías del destino, recordemos también que la administración Reagan fue la misma que libró una guerra contra las drogas y los comunistas que se tradujo en una campaña especialmente criminal e ilegal durante los años 80 en Latinoamérica. No es casualidad tampoco que la Corte Internacional de Justicia condenara a los Estados Unidos por “actuar contra la República de Nicaragua, en incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional consuetudinario, no utilizar la fuerza contra otro Estado, no intervenir en sus asuntos, no violar su soberanía y no interrumpir el comercio marítimo pacífico”.

Una vez que los Estados Unidos decidieron que debían echar del poder a Marcos y poner en el poder a una oposición que representara los intereses de los Estados Unidos, la izquierda cometió un error táctico al no presentarse a las elecciones del año 86. En un reciente análisis el sociólogo filipino, Walden Bello, ha apuntado en esta dirección: “nadie sabe que habría pasado si la izquierda hubiese ganado. Pero sí sabemos que [...] marcó el comienzo de décadas de estancamiento económico, aumento de la desigualdad y pobreza promovidos por un programa neoliberal impuesto por Estados Unidos y una democracia corrupta controlada por la élite donde las facciones de la élite competían por el poder, pero formaban un sólido frente común contra la reforma social y económica”.

Como ha ocurrido con tanta frecuencia en los últimos tiempos, para Bello la elección de Duterte “fue un acto de desesperación masiva contra un sistema fallido” donde la “cura ha resultado ser peor que la enfermedad”. La historiadora Ruth Ben-Ghiat recientemente ha hecho un análisis interesante en su libro Strongmen: Mussolini to the Present acerca de los nuevos líderes que no solo han compartido su línea autoritaria, sino también otros rasgos del pasado como su virilidad y su carácter de hombre fuerte. En esta línea, Ben-Ghiat recuerda unas declaraciones de Duterte en la campaña electoral de 2015: “le digo al pueblo filipino que no vote por mí, porque será sangriento”.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dado en los últimos tiempos pasos importantes para que nuestros líderes occidentales eleven la presión para que Duterte deje de reprimir a su pueblo

Siguiendo a Bello, si Occidente es responsable de apoyar un modelo de democracia que ha llevado a Duterte al poder, su responsabilidad en solucionar esta amenaza severa es máxima. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dado en los últimos tiempos pasos importantes para que nuestros líderes occidentales eleven la presión para que Duterte deje de reprimir a su pueblo. En diciembre de 2020, la CIJ señaló “que había pruebas que demostraban que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Filipinas bajo el mandato del presidente Rodrigo Duterte”.

Hay bastantes razones para sugerir que Occidente hará pocos esfuerzos para mitigar la represión al pueblo filipino. El mayor argumento para ser pesimistas es que Filipinas sigue siendo una región estratégica, al mismo tiempo que el país tiene una relación tensa que no se caracteriza por ser especialmente buena con China. No será ninguna sorpresa que Occidente siga mirando hacia otro lado, como está haciendo en el caso de Modi, mientras la democracia languidece.

Aunque el expresidente Obama alzó la voz en su momento contra Duterte y le valió ser calificado como “un hijo de puta”, si de verdad Occidente coopera con Filipinas es para vender armas, sin importar (o sí) que pueda tensar las relaciones con China o seguir asesinando a su propio pueblo. Como no podría ser de otra forma, si hay ciertos países occidentales involucrados en materias escandalosas en contra de los derechos humanos, España tiene que estar implicado.

Como buena potencia militar exportadora, no tiene reparos en vender armamento a gobiernos tan atroces como el filipino. Francamente, no sorprende mucho que el gobierno más progresista de la historia siga sin mover un dedo para evitar que seamos la vanguardia del patrocinio del terrorismo de Estado, aunque para ello haya que violar la propia ley española 53/2007 sobre el comercio de armas, además del Tratado sobre el Comercio de armas y ocultarle al público general todas estas informaciones utilizando la Ley de secretos oficiales franquista.

Las cifras sobre el comercio de armas vuelven a ser bastante preocupantes en el caso de Filipinas. Durante el año 2018, el gobierno de España autorizó 56,4 millones de euros, en el 2019 autorizó 46,75 millones de euros y en el primer semestre de 2020, a pesar de la pandemia, el gobierno autorizó 10,87 millones

Las cifras sobre el comercio de armas vuelven a ser bastante preocupantes en el caso de Filipinas. Durante el año 2018, el gobierno de España autorizó 56,4 millones de euros, en el 2019 autorizó 46,75 millones de euros y en el primer semestre de 2020, a pesar de la pandemia, el gobierno autorizó 10,87 millones. Cifras demoledoras, que vuelven a mostrar el desprecio que tienen nuestros representantes hacia los valores que decimos representar. Desde el ministerio de asuntos exteriores, España se supone que hace una “diplomacia feminista”. La pregunta que dejo es: ¿qué sentido tiene de hablar de diplomacia feminista cuando se blanquea al régimen de Al Sisi y se le vende armas, cuándo se venden cientos de millones de euros en armamento a los países del golfo y se sigue vendiendo armas a un tipo como Duterte que habla de disparar a las activistas mujeres en la vagina para mostrar su imagen de macho fuerte.

Días después de que Pedro Sánchez hablara de “impulsar la agenda feminista” en un acto con la ministra de igualdad, Irene Montero, me pregunto si de verdad este gobierno se cree los ideales feministas que dice promover. Los hechos recientes de la ministra de asuntos exteriores, Arancha González Laya, dan a entender lo contrario, al mismo tiempo que todos los miembros del gobierno, tanto el PSOE, como Unidas Podemos, suelen callar cuando el movimiento feminista es aplastado en los países con los que mantenemos grandes vínculos económicos.

No hay que pensar mucho para encontrar una explicación. Los valores del dinero siguen siendo los únicos que siguen importando e impulsando la agenda feminista del gobierno. Lo más paradójico e irónico del asunto es pensar que países mucho más pobres que el nuestro y con muchos menos recursos, acaben comprando nuestro silencio por unos pocos billetes. Seguramente no sea irónico, sino simplemente hipocresía.