Feminismos
Feministas de Valencia denuncian el desgaste que sufren en el ecuador de los 21 procesos que enfrentan por la Ley Mordaza

Varias activistas de la Assemblea Feminista de València acudieron a la concentración ante la Ciudad de la Justicia de València este lunes 12 de septiembre como protesta ante el juicio que se celebraba en relación a una de las multas impuestas por la Policía Nacional durante varias acciones feministas en 2018 y 2019. Se trataba, explica la asamblea, de la décima vez que hacían una convocatoria de estas características, ya que las activistas enfrentan un total de 21 procesos derivados de diferentes sanciones interpuestas por la Ley Mordaza.

En concreto, de trata de procesos derivados de denuncias por acciones realizadas durante la huelga feminista de 2018 —un total de 12—, la de 2019 —donde la Policía Nacional interpueso ocho denuncias— y una más derivada de una acción con motivo del Día Internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2019 —que es la que motivaba el juicio del lunes—.

La asamblea había anunciado otra concentración para el jueves día 15 de septiembre, cuando estaba señalado otro de los juicios, pero fue finalmente desconvocada tras ser notificado su aplazamiento. Las activistas esperan que, tras este aplazamiento, se responda positivamente a la petición de acumulación de los juicios que aún tienen pendientes, por sanciones interpuestas en la huelga de 2019. La abogada de las feministas y miembro de Alerta Solidaria Maria Josep Martínez explica que se trata de sanciones en el transcurso de dos movilizaciones diferentes, por lo que piden que se acumulen los seis juicios restantes en dos procesos.

Todas estas multas se interpusieron al amparo de la ley de seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

Avalancha de sanciones 

Hasta ahora, las feministas han enfrentado tres juicios por infracciones leves de falta de respeto de la autoridad. El primero de ellos, en septiembre de 2020, concluyó con una sentencia favorable cuando el juzgado contencioso-administrativo número 2 de València daba a conocer su decisión de anular al apreciar falta de “imparcialidad” en el informe judicial, ya que los agentes incluyeron manifestaciones ideológicas sobre la lengua y sobre la utilización del término “País Valencià”, tal y como explica Martínez.

A estos tres se suman otros cinco por infracciones graves referidas al corte de las vías del tranvía. De ellos, tres fueron resueltos a favor de las activistas por estar prescritas las sanciones —las resoluciones desestimatorias del recurso de alzada se comunicaron más de dos años después de la desestimación de los recursos—. Otro de ellos fue favorable a las feministas al considerar la jueza que los hechos no revestían gravedad suficiente para constituir infracción, mientras que otro fue desfavorable.

“Nuestra valoración es que todos estos procesos, que derivan de la existencia y no derogación de la ley mordaza, tienen una clara intencionalidad de vulnerar los derechos de reunión, a la huelga y la libertad de expresión”, valora la abogada

Además, en 2018 se impuso una sanción por infracción grave derivado de una concentración ante el rectorado de la Universidad de Valencia. En este caso, el recurso por falta de imparcialidad de los agentes —de nuevo, por contener valoraciones imparciales sobre el uso de la lengua— fue estimado. En cinco de los casos restantes, las multas no llegaron a término.

“Nuestra valoración es que todos estos procesos, que derivan de la existencia y no derogación de la ley mordaza, tienen una clara intencionalidad de vulnerar los derechos de reunión, a la huelga y la libertad de expresión”, valora la abogada. En su opinión, estas sanciones “criminalizan la función informativa y movilizadora que tienen los piquetes en una jornada de huelga y, por lo general, la protesta que se escapa de los canales formales”.

Martínez remarca también las limitaciones de defensa en este tipo de procedimientos, donde se decide en función de un informe policial cuya veracidad se da por supuesta, lo que deriva en un “amparo del abuso policial”, asegura.

“Multas ilegítimas”

Mireia Biosca, una de las integrantes de la asamblea, asegura que estas multas son una forma de represión contra el movimiento feminista. 

Las feministas mantienen que se trata de multas arbitrarias y señalan como responsable a la Delegación del Govern valenciano. Además, creen que estas sanciones refuerzan la necesidad de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, promulgada por el PP y que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a derogar.

Mireia Biosca, una de las integrantes de la asamblea, se trata de “multas ilegítimas”, ya que fueron interpuestas a las mujeres por su participación en acciones enmarcadas en una huelga convocada legalmente

Biosca subraya el “desgaste” que está suponiendo esta situación para las activistas, tanto personal —las continuas citaciones desde septiembre de 2020— como económico, al tener que asumir gastos procesales —además de las sanciones— que, hasta ahora, han afrontado gracias a una caja de resistencia. De momento, la Assemblea Feminista de València ha abonado unos 7.000 euros de los 11.000 euros que suponen el total de las multas.

Según Biosca, se trata de “multas ilegítimas”, ya que fueron interpuestas a las mujeres por su participación en acciones enmarcadas en una huelga convocada legalmente, advierte.