Deportes
Ley del Deporte, una actualización con interrogantes

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre el anteproyecto de una ley que nace impulsada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que busca, según el Ministerio de Cultura y Deporte, “adaptar el marco jurídico del deporte a un entorno mucho más complejo, desarrollado y profesionalizado que el de hace tres décadas”. El espíritu de la nueva ley considera el deporte como actividad esencial para la ciudadanía y trata de establecer, a grandes rasgos, un cierto “derecho a la práctica deportiva”, junto a la consagración de la igualdad y la inclusividad. Menciona también la transición ecológica y la innovación digital.

Pero, sin duda, el aspecto que más ha saltado a los titulares y más lecturas sociales tiene es el de la eliminación de la condición de ser Sociedad Anónima Deportiva (SAD) para que un club participe en una competición profesional. El punto es tan importante que hay que recordar que la anterior ley, de hace 32 años, es popularmente conocida entre muchos aficionados al fútbol como “la ley de las Sociedades Anónimas Deportivas”. Entonces se estableció la obligatoriedad de pasar a ser SAD, y por tanto a esa figura mercantil, para los clubes deportivos. Todos, a excepción de Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao, por razones históricas, y del Club Atlético Osasuna por presentar cuentas saneadas en los anteriores cuatro ejercicios. Ahora la era de las SAD podría tener los días contados.

“Es un cambio importante, y que viene bien por ejemplo al Amorebieta, pero lo que pasa es que el mal está hecho. Si hubiera sido hace 18 o 20 años se habrían librado bastantes clubes. O clubes en categorías inferiores como Linares, Barakaldo o la Gimnástica Segoviana, que se han convertido en sociedades anónimas en los últimos tiempos. Es un avance pero a nosotros nos parece insuficiente”, valora Emilio Abejón, secretario general de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), para quien se necesita “mucho más”. Lo primero, según su criterio, sería “habilitar legalmente la posibilidad de que una sociedad anónima deportiva revierta a una fórmula de club asociativo sin perder la ficha federativa y la personalidad jurídica. Eso sería práctico en el caso de sociedades anónimas cuyos propietarios puedan decidir que mejor reconvertirse en club que desaparecer”.

“Las sociedades anónimas son entidades mercantiles para ganar dinero. Nosotros entendemos que un club de fútbol es una institución social y cultural de un valor muy importante que choca con ese carácter mercantil”, dice Emilio Abejón, secretario general de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español

Abejón también señala que las sociedades anónimas que existen desde 1990 “necesitan mecanismos para equilibrar su excesiva deriva mercantil que termina en cortoplacismo, venta de activos y gestiones irresponsables si lo que se quiere es conservar el club como institución. Puede tener todo el sentido que una persona que se compre una empresa la liquide. Las sociedades anónimas son entidades mercantiles para ganar dinero. Nosotros entendemos que un club de fútbol es una institución social y cultural de un valor muy importante que choca con ese carácter mercantil”.

En la práctica, la nueva ley abre la puerta a que un club de accionariado popular, pongamos por caso el Ceares de Xixón o el Unionistas de Salamanca, dos de los más conocidos en nuestra geografía, pudieran ascender a una categoría profesional como la Segunda División. A expensas, recuerda Abejón, de que la Liga de Fútbol Profesional pueda poner algún requisito de capitalización para garantizar la solvencia de la entidad. También se ha eliminado la necesidad de presentar avales con un 15% del presupuesto. Salamanca, Logroñés, Málaga, Compostela, Lleida, Badajoz, Burgos, Almería o Extremadura, que acaba de desaparecer solo doce años después de su refundación, son algunas de las históricas bajas que las sociedades anónimas han dejado tras de sí, muchas dejando huérfanas de entidad a muchas ciudades y masas de aficionados de tamaño considerable.

La nueva ley reconoce tácitamente el fracaso de la anterior a la hora de mantener la salud económica de los clubes. Abejón, para quien leyes como la de 1990 convierten una relación sentimental y comunitaria en un conjunto de intercambios en el mercado, recuerda el punto de partida social de aquel texto. “Cuando se hizo, se dijo que los clubes estaban irresponsablemente gestionados y se endeudaban un montón porque los aficionados siempre querían más fichajes, etcétera. Luego se demostró que las sociedades anónimas multiplicaron por veintitantos su deuda. Se puso un control económico y la cosa se relajó. Si se hubiera puesto desde 1990 nos habríamos ahorrado problemas y no habrían eliminado a las aficiones de la ecuación. Es lo contrario a lo que se hizo en Alemania, con la regla 50+1. Ahora ves esos campos alemanes vibrantes y los españoles donde seguir a tu equipo es más complicado”, defiende, en alusión a la medida del fútbol alemán para que al menos la mitad más una acción de cada club sea de sus aficionados.

Desde FASFE recuerdan que incluso Bruselas recomienda introducir a los seguidores de los equipos en sus órganos de gobierno y toma de decisiones. Es algo que “no aparece en el proyecto de ley”, critican desde una asociación que consiguió ser la primera en hablar en nombre de los aficionados en una asamblea de la Real Federación Española de Fútbol en los 112 años de historia de esta. “Esta nueva ley sí consolida un mejor control económico. Pero hay que introducir al aficionado, que al fin y al cabo es la raíz que ata al club a su comunidad. En el proyecto de ley se habla de un consejero independiente que defienda los intereses de abonados y aficionados. Pero creemos que además hay que crear lo que se llama la ‘acción de oro’, es decir, un derecho de veto por parte de los aficionados ante determinados movimientos, como por ejemplo la deslocalización del club. Cualquier movimiento de más allá de veinte kilómetros debe ser aprobado por los aficionados”, sostiene Abejón.

Esa “acción de oro” también debe prever que el club no pueda entrar en una competición privada, al estilo de la frustrada Superliga, o los cambios de color o de escudo, como ocurrió en el Atlético de Madrid en diciembre de 2016 con un sorpresivo anuncio de su directiva, sin contar con la afición.

Convenios, justicia e igualdad

Otros temas han abierto el debate en torno al proyecto de nueva Ley del Deporte. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha anunciado que no la respaldará si no se reconoce la legitimidad de organizaciones como la suya a la hora de representar a los y las deportistas en la negociación de convenios colectivos. “Esta ley no lo resuelve, estamos en un vacío legal. Y es muy grave porque puede darse el caso de que nosotros, como sindicato de deportistas, no podamos cerrar un convenio colectivo. Eso también tiene que ver con que hace tantos años, en la anterior legislación, el deporte no estaba democratizado porque ya se sabe de dónde venimos. La ley debe legitimarnos, es la razón de ser de los sindicatos. Esto estaba pactado pero desapareció del anteproyecto”, se lamenta María José López, codirectora de la asesoría jurídica de AFE.

El sindicato de futbolistas se muestra preocupado por el poco avance en cuanto a favorecer herramientas para “el día después” del deporte profesional. Para AFE, el CSD debe impulsar la integración de jugadores y jugadoras en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo. “Algo se ha avanzado, pero poco. Queremos que haya cursos de formación específica para los deportistas de cara a su salida profesional. Es muy importante ese llamado ‘día después’ después de una retirada. Hay que habilitar medidas para la reincorporación al mercado laboral”, indica López.

El de la justicia deportiva es otro de los asuntos a debate en el proyecto de ley. AFE defiende que se ha de garantizar que cualquier deportista pueda acudir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el órgano colegiado estatal de justicia deportiva. Este sistema público y gratuito está en entredicho para estas asociaciones, al otorgar mayor poder jurídico el proyecto de ley a las federaciones y ligas. “De alguna manera, el derecho deportivo se privatiza. Tener que ir por la justicia ordinaria puede aumentar tiempos y costos”, advierte López.

La nueva ley se plantea ser la de la igualdad. Establece que las entidades deberán equilibrar la presencia de mujeres en sus órganos directivos y contar con un protocolo de prevención y actuación contra la discriminación, abusos y acoso sexual y por razón de sexo. También defiende la no discriminación por identidad de género, algo sobre lo que algunas asociaciones como AFE, la Asociación de Jugadoras de Baloncesto o la Federación de Atletismo se han mostrado críticas. Los derechos íntegros en situación de embarazo y maternidad y la lucha contra los estereotipos sexistas, así como la promoción audiovisual en la radiotelevisión pública del deporte femenino también están contemplados en el proyecto de ley. Una de las demandas que también ha remitido por escrito AFE a Federación y CSD es que los y las futbolistas del equipo masculino y el femenino de la selección nacional cobren las mismas dietas. Para organismos como AFE, compromisos como este tendrían que llegar de la mano, además de por justicia, del éxito deportivo de las diferentes categorías del combinado.

“La ley vigente está muy anticuada y ahora hay que tratar cuestiones que hace décadas ni se plantearon, como la conciliación. ¿Por qué cuesta tanto actualizar leyes para el deporte? Porque aquí todo el mundo habla de deporte pero a nadie le interesa en esos términos”, critica María José López, codirectora de la asesoría jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles

La ley, que tendrá que ser aprobada en el Congreso de los Diputados en los próximos meses, fija la participación del deporte español en el ámbito internacional como elemento estratégico estatal. Más cerca, se pone como objetivo garantizar la práctica del deporte a la ciudadanía, y para ello abre la vía a dotaciones al poder público destinadas a fomentar planes para su fomento, así como a velar por las condiciones de las infraestructuras. Si la norma sigue adelante, todas las personas deportistas, incluyendo a las que están en situación de discapacidad, estarían bajo el paraguas de una sola federación, la del deporte practicado.

El texto reconocerá también al deportista ocasional, aquel con licencia federativa, que a partir de ahora podrá gozar de derechos de representación y participación, cobertura de salud o permisos de ámbito escolar y laboral. El Gobierno trata así de poner al día en cuanto a la normativa a ese conjunto de actividades físicas, de carácter competitivo o meramente placentero, que llamamos “deporte”. Sin embargo, es inevitable que llame la atención la tardanza en el tiempo a la hora de renovar su legislación. Para López, la vigente está “muy anticuada y ahora hay que tratar cuestiones que hace décadas ni se plantearon, como la conciliación. ¿Por qué cuesta tanto actualizar leyes para el deporte? Porque aquí todo el mundo habla de deporte pero a nadie le interesa en esos términos. Creo que tendría que estar en otro ministerio más potente, como el de Industria, pero está con Cultura y es lo último de lo último”, se lamenta.