Centros de Internamiento de Extranjeros
El chollo económico británico se llama Centro de Expulsión de Inmigrantes

Los centros de detención de inmigrantes en espera de su expulsión -los españoles CIE- tienen una regulación europea muy laxa, fijada en la Directiva de Retorno (2007). Esta regulación ni siquiera afecta al Reino Unido, país que se rige por sus propias normas al respecto. Una diferencia básica es que los CIE británicos no tienen un tope máximo de internamiento; otra, que siete de los ocho Centros de Expulsión de Inmigrantes (Immgration Removal Centers, IRC) son gestionados en el Reino Unido por empresas privadas. Un informe de la ONG Corporate Watch publicado este julio denuncia los grandes márgenes de beneficios, de hasta el 40%, con el que funcionan las cuatro contratas que se reparten las licitaciones del Home Office, el ministerio de Interior británico. Entre ellas, una empresa norteamericana conocida por haber contribuido a la campaña presidencial de Donald Trump.

64 detenidos del centro de Dungavel cumplieron jornadas de hasta 30 horas semanales durante tres años cobrando salarios de una libra la hora

El informe advierte de que las cifras son aproximadas, dado que las empresas no están obligadas a publicar con detalle su estructura de costes ni a especificar a qué contrato corresponde cada céntimo de dinero que reciben del Estado británico para gestionar los IRC o los otros contratos de los que son concesionarias. Según Corporate Watch, de la información dispersa que han ido desgranando las empresas a través de sus cuentas de resultados, de preguntas parlamentarias o de denuncias ciudadanas, se desprende que el margen de beneficios más típico podría rondar el 20%.

En Reino Unido, la discusión sobre las concesiones de servicios públicos a empresas privadas ha alcanzado el rango de debate nacional tras la quiebra en enero de la multiconcesionaria Carillion. En este marco, el derecho de las empresas a la confidencialidad ha podido más que las preguntas de los grupos pro derechos humanos e incluso que la lupa parlamentaria: después de que tanto BBC como The Guardian publicaran en septiembre algunas cifras de beneficios de la concesionaria G4S, que gestiona dos centros en el aeropuerto londinense de Gatwick, las respuestas parlamentarias de la empresa fueron totalmente vagas.

La prensa había difundido que los beneficios obtenidos por la empresa en los centros de Brook House y Tinsley House en 2016 alcanzaron respectivamente tasas del 20,7% y del 41.5%. Peter Neden, responsable de G4S que atendió al Parlamento británico, sólo afirmó que la información aportada por BBC y The Guardian era “incompleta” y que los beneficios no superaban el 20% en ningún caso.

Por si fuera poco, son las propias empresas las encargadas de realizar su propia auditoría una vez al año, algo que ha provocado también la reacción del ICO (Information Commisioners Office, un organismo público de control que rinde cuentas ante el Parlamento y que se ocupa de temas relacionados con la protección de datos). Este organismo de hecho intervino para que el Home Office entregara a Corporate Watch las fichas con las autoevaluaciones de las concesionarias.

Donantes de Trump con internos que trabajan por una libra la hora

Según Corporate Watch los datos aportados por una de las concesionarias en 2017 permiten hacer una reconstrucción más aproximada de la rentabilidad de su inversión. Se trata del centro de detención de Dungavel (con capacidad para 249 internos), cerca de Glasgow (Escocia), gestionado por el gigante del sector carcelario privado norteamericano Geo Group, uno de los donantes de la campaña que llevó a Donald Trump a la presidencia de EE UU en 2016.

Según datos de la propia Geo, en 2017 recibió del Gobierno británico 5,2 millones de libras en concepto de “servicios de custodia y gestión de infracciones”. Según Corporate Watch, la gestión de Dungavel es la única fuente de ingresos difundida por Geo group en 2017. Frente a esto, los gastos reportados por la compañía alcanzaron los 4,3 millones de libras, de los cuales 3,6 millones serían gastos derivados de la actividad propia del centro y 0,7 de “gastos administrativos”. Según la ONG, Geo no distingue claramente entre ambos conceptos y es difícil precisar qué cuantía de esos gastos administrativos tiene una relación directa con la gestión del centro. Sin esos gastos administrativos, el beneficio representaría un 30% de la cuantía total del contrato.

Precisamente el ahorro de costes es una de las estrategias que el informe cita como motivo de la alta rentabilidad de los centros de internamiento. En 2014, Corporate Watch ya había difundido que las concesionarias se ahorran en conjunto unos tres millones de libras haciendo que sean los propios internos quienes cocinen, limpien y mantengan sus prisiones.

En enero de este año, la prensa británica difundía que 64 detenidos del centro de Dungavel cumplieron jornadas de hasta 30 horas semanales durante tres años cobrando salarios de una libra la hora por tareas de limpieza, peluquería y servicio de cocina, entre otras. Si la dirección del centro hubiera pagado el salario mínimo por esas tareas (situado en 7,05 libras la hora), se habría gastado otras 727.000 libras, según la denuncia legal que dió pie a las noticias. El ministerio de Interior británico, del que dependen estos contratos, se defendió alegando que todas estas tareas forman parte de un programa voluntario de trabajo.

Corporate Watch no ha podido difundir datos de las otras dos compañías concesionarias, dado que ni estas ni el Home Office han dado datos ni siquiera tan aproximados como los disponibles para las otras dos contratas. Se trata de Mitie, que gestiona los dos centros asociados al aeropuerto de Heathrow (Harmondsworth y Colnbrook), y el centro de Campsfield House en Oxfordshire; y Serco, que gestiona el centro de Yarl’s Wood. Corporate Watch apunta que “ambas compañías ven la detención como una de sus operaciones más lucrativas, y siguen presentándose a nuevos contratos”.

Los centros de detención de inmigrantes en el Reino Unido recluyen a entre 2.500 y 3.500 personas, según el periodo en el que se haga el recuento. La rotación es alta: en el cuatro trimestre de 2017, el 78% del total de internos que salieron de estos centros había estado menos de dos meses. No obstante, una minoría significativa de internos de en torno al 3% del total permanece entre 6 y 12 meses, y un 1% más de un año.