Caza
La escopeta multinacional

140.000 euros. Es el precio de un safari de 21 días en Zambia que incluye la posibilidad de cazar leones, leopardos y antílopes. En el ciclo entre 2016 y 2022, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) refiere que se autorizó la importación de “trofeos” de 3.119 animales. Restos que pueden ser las cabezas, los colmillos, las garras, la piel o el cuerpo completo. En ese periodo, cazadores españoles abatieron al menos 543 hipopótamos, 241 elefantes, 236 leones y 228 cebras. Casi nueve de cada diez españoles se oponen a la caza de trofeos de especies protegidas, según una encuesta de Humane Society Internacional. El 85% se opone a la caza de todos los animales salvajes. El 84% cree que España no debería permitir la importación de animales muertos. En 2015, Francia prohibió la importación de trofeos de león. En 2016, el Parlamento neerlandés vetó la entrada de más de 200 especies. En diciembre de 2022, Alemania dejó de hacer el recuento de trofeos de caza y abandonó su puesto en el el Consejo Internacional de Caza.

Parece que han pasado siglos pero han sido solo décadas. Minas del Horcajo, en Ciudad Real, fue durante el siglo XX un pueblo minero con colegios, teatros y una estación de tren. Hoy es un pueblo vaciado. Unas pocas familias, menos de una decena, siguen viviendo allí. Si en otro tiempo Peñarroya, una compañía dependiente de Río Tinto, marcaba los conflictos y las vidas de los casi 30.000 habitantes que llegaron a vivir en este municipio, hoy el nombre que se escucha en la zona es Villamagna S.A., la administradora que gestiona la finca de La Garganta, el coto de caza más grande de España, con una extensión de 13.000 hectáreas, similar a la de la ciudad de Barcelona. 

La Garganta, en el valle de Alcudia, entre Ciudad Real y Córdoba, pertenece a Hugh Grosvenor, nacido en 1991, séptimo duque de Westminster, heredero del 114º hombre más rico del mundo. Villamagna S.A. gestiona el coto. La compañía pertenece a la familia Landaluce, empresarios cinegéticos que poseen a su vez tres cotos que suman más de 10.000 hectáreas. Según el monográfico Los dueños de la caza, publicado por El Mundo en noviembre de 2020, el duque de Westminster, que posee únicamente este coto en España aunque es considerado un “coleccionista de tierras” en Reino Unido, es el número 14 de los propietarios. Los Landaluce ocupan el puesto vigésimo primero.

El domingo 13 de marzo de 1994, “cuatrocientas personas procedentes de toda la provincia, Madrid y Córdoba y pertenecientes a los grupos ecologistas Ceva, Cabañeros, Coda, Aedenat, Godesa, Asociación Ecologista Salesiana y el Taller de Ecología de la Facultad de Biología de Córdoba participaron en el encuentro, junto a los vecinos de la zona”. El encuentro fue documentado por el fotógrafo y militante ecologista Vicente Luchena. Hace casi 30 años, un acuerdo del anterior propietario de La Garganta —el duque de Baviera— con el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo delimitó los caminos de la finca y prefiguró lo que aún hoy perdura. 

Parece que han pasado siglos, pero la situación sigue siendo la misma. De los trece caminos públicos que atraviesan el coto, solo uno permanece abierto, y en ocasiones ha sido cortado por la importancia de la cacería. Conocida por ser el enclave en el que el anterior jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón, conoció a su expareja, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, La Garganta es una “finca de ostentación”, según Luchena. Villamagna ha conseguido, con el paso de los años, algunos privilegios como el desvío de una autovía de peaje o que ninguna institución haya protestado por el corte de un viaducto construido durante los tiempos mineros. La pedanía de Minas del Horcajo hoy ha quedado encerrada por un coto que se extiende hasta donde alcanza la vista. Respecto a los años más salvajes durante el mandato del duque de Baviera, del que se refieren episodios como una paliza a excursionistas por parte de guardias de la finca, han cambiado las formas —los Westminster sufragan becas y la gestora organiza meriendas para habitantes de la zona— pero nada de lo sustancial ha variado: un recinto cerrado, con una sola vía de entrada y salida que está deteriorada, y que reúne, de cuando en cuando, a algunas de las mayores fortunas de Europa. “La finca de La Garganta actualmente es poco más que un feudo medieval”, denuncia hoy este activista ecologista. 

Los grandes cotos

Cotos como el de La Garganta; el de Piedrabuena, de la familia Botín; el de Retuerta del Bullaque, de Juan Miguel Villar Mir; o el de Azuaga, propiedad de los March; reúnen a los grandes cazadores pero son un negocio en sí mismos. Es un sector que controlan los gestores de la caza, que en España llevan los apellidos Borbón dos Sicilias, Landaluce, Mitjans, Domecq o Urquijo. El poder de la caza se extiende especialmente en las comunidades del sur peninsular y los grandes cotos abundan por las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. Se trata de fincas con precios que llegan a costar hasta 20 millones de euros.

Para Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, la influencia de los cazadores no procede del mundo rural, sino “de los despachos del Paseo de la Castellana”

La pasada tramitación de la Ley de Bienestar Animal en el Congreso de los Diputados ha servido para identificar a las asociaciones que controlan el negocio. El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, ha visto cómo desde la Federación de Caza se difundía un vídeo con un punto de mira sobre su cabeza y ha tenido que salir escoltado de un pueblo de Guadalajara ante la amenaza de linchamiento. Para este alto cargo del Ministerio de Derechos Sociales, la influencia de los cazadores no procede del mundo rural, sino “de los despachos del Paseo de la Castellana”. Un poder que se extiende desde el Partido Popular hasta Vox y, cómo no, al PSOE, partido que finalmente ha exigido la retirada de los puntos que afectaban al sector cinegético. García Torres repite el nombre de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, como el principal instigador de la revuelta de los cazadores contra la Ley.

Aunque la Federación dirigida por Manuel Gallardo Casado ha sido el principal frente de ataque a una ley que respecto a esta actividad solo se propuso controlar el uso de los perros de caza, dos lobbies agrupan a los cazadores de alto copete. La Fundación Artemisan, presidida por Jose Luis López-Schummer —expresidente de Mercedes Benz en España— y la Fundación de Amigos del Águila Imperial, presidida por Javier Hidalgo de Argüeso, empresario del vino.

En los patronatos de una y otra organización se encuentran grandes de España como el duque de Algeciras, el vizconde de Salinas, la familia Borbón Dos Sicilias, conocidos empresarios-cazadores como Juan Abelló —la fortuna número 17 de España—, la familia Benjumea (Abengoa) o el terrateniente Samuel Flores, cuando no directamente empresas como Seguros Ocaso. Un paseo por las biografías de los 50 nombres que aparecen en los patronatos de Artemisan y la Fundación de Amigos del Águila Imperial implica recurrir a las páginas especializadas en árboles genealógicos, familias con pedigrí, así como buscadores de empresas en los que se halla el rastro de los principales despachos de abogados (Garrigues), de decenas de Sicav y de beneficiarios de las ayudas de la Política Agraria Común de la Unión Europea.

Muchos de esos apellidos y los nombres principales de la caza en España coinciden también en la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entidad que en 2020 aportó 79.000 euros en subvenciones a Artemisan y que entre 2014 y 2018 repartió 224.000 euros en distintas ayudas a la Fundación de Amigos del Águila Imperial. La citada Junta, cuyos miembros no están retribuidos pero que depende presupuestariamente de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, tiene entre sus cometidos evaluar los llamados “trofeos”, es decir, los animales abatidos, que pasan a formar parte de los ranking internacionales. 

El catálogo histórico recopilado por la Junta da muestra la imbricación entre la caza y el poder. Los grandes “trofeos”, es decir, los animales muertos más grandes, con mayores cornamentas o colmillos —eso es lo que mide la Junta, que está presidida por el marqués de Valdueza— están en poder de nombres como el de Jesús Franco Muñoz, propietario de Recreativos Franco, que en 1997 mató el arrui más grande de la península; la familia Corsini, al macho montés y al gamo; Alberto Cortina Koplowitz tiene el dudoso honor de haber abatido el mayor venado de la península y Juan Carlos de Borbón, considerado durante años el mejor “cliente” de los cotos privados, ostenta el récord de haber matado el muflón que todavía puntúa más en el registro oficial de la Junta, en el año 2017. Entre los trofeos abatidos en el coto de La Garganta se encuentran las platas de sendos jabalíes cazados por María Teresa Samaranch Salisachs —hija del fallecido presidente del Comité Olímpico Internacional— y por el propio Marqués de Valdueza. 

Segundo exportador europeo de cazadores

Tres años después de que se tomara la fotografía del anterior jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón, durante una cacería de elefantes en Botsuana, otra foto similar, la del dentista norteamericano Walter Palmer junto al león Cecil, cazado en una zona protegida, tuvo el poder de poner en cuestión el sistema internacional de trofeos. Una práctica que está registrada por un ranking principal, el del Safari Internacional Club —lobby estadounidense de implantación global que dedica millones de dólares para presionar a favor de una regulación laxa en cuestión de permisos de armas y de protección de especies— y está regulada por el sistema CITES, de comercio internacional de especímenes.

Palmer estuvo en España cazando las cuatro variedades del gato montés, en uno de los viajes temáticos organizados en torno a la caza de seres vivos. Entre estos, el programa estrella es el de los “cinco grandes” africanos: el león Panthera leo, el leopardo Panthera pardus, el elefante Loxodonta africana, el búfalo Syncerus caffer, el rinoceronte negro Diceros bicornis y el rinoceronte blanco Ceratotherium simum. Aunque estos safaris están a golpe de clic en internet, el coste total de un safari que contemple este tipo de caza supera los 30.000 euros y llega hasta los 143.000. Un análisis del veterinario británico Mark Jones con datos del Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y la Fauna Silvestre y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que del coste total de los safaris solo un 3% revierte en las comunidades locales.

Anna Mulà, abogada en la Fundación Franz Weber, explica a El Salto que diversos estudios “no solo han demostrado que la caza de trofeos no proporciona una fuente significativa de ingresos para la población rural sino que es mucho menor en comparación con otras actividades relacionadas con la vida silvestre como el ecoturismo de observación de la fauna silvestre, que sí genera puestos de trabajo para apoyar la conservación”. Esta abogada cita un estudio realizado en 2017 por el economista Cameron K. Murray, que estableció que la contribución de la caza de trofeos a ocho economías africanas (Bostwana, Etiopia, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Tanzania y Zimbabue) “suponía solo un 0,78% del total de los ingresos turísticos de estos países”.

El informe La caza de trofeos en cifras, de Humane Society Internacional (HSI), ha estimado que la caza de un león salvaje cuesta aproximadamente 50.000 euros, pero la cifra se reduce si se trata de un león en cautividad, los preferidos de los cazadores españoles de safari. España es número uno de importación de “trofeos” de caza “en lata”, es decir, en territorios acotados de los que los animales no pueden huir. Es también el segundo importador absoluto de la Unión Europea, por detrás de Alemania, país que tiene 35 millones de habitantes más. Hacia España se importan uno de cada cuatro leones y uno de cada cinco elefantes con destino a los países de la UE. Por último, España es uno de los cinco países que autorizó la importación de un “trofeo” de rinoceronte negro, especie considerada en “peligro crítico” de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Además de ser exportador neto de turistas de caza, España es uno de los cinco destinos más importantes para los cazadores internacionales. Establecida desde hace más de un siglo como una vía de acaparamiento de tierras —el 85% del territorio español está parcelado como terreno cinegético—, las distintas oleadas de aristócratas, industriales, banqueros y recientemente jeques y ultrarricos, han hecho de sus fincas de caza intensiva, en las que se “sueltan” piezas para la actividad, terrenos para la ostentación y para el establecimiento de contactos. Mulà resume en una frase el sentido de la caza de trofeos, “una afición para élites adineradas cuyos principales beneficios repercuten en otras élites adineradas”.  

Los escasos documentos gráficos de estos cotos muestran el modo de hacer: criadas con cofia, guardas con armas de última generación, camiones de bomberos y pistas de aterrizaje privadas. Quizá la caricatura que Luis García Berlanga y Rafael Azcona bosquejaron en La escopeta nacional no sirva para catalogar a todo el capitalismo patrimonial español pero la reciente batida contra la Ley de Bienestar Animal y el éxito de que ninguna medida haya tocado al sector muestran que las élites cazadoras siguen teniendo ojo para disparar a todo lo que se mueva.